No puedo dejar pasar la oportunidad que me brindan estas columnas mensuales, dedicadas específicamente al proceso constituyente en el que Chile se encuentra atrapado, para expresar mi regocijo con la amplia, rotunda y épica victoria de la opción Rechazo en el pasado plebiscito.

Quién haya leído a lo menos una de las columnas previas comprenderá fácilmente mi estado de ánimo. Hace un mes, justo en la antesala del plebiscito, señalé “Todo indica que la opción Rechazo triunfará. Y, en mi personal opinión, de manera más holgada que la que se ha pronosticado”. Y aunque mi pronóstico (58%-42%) ya era bastante optimista a los ojos de una gran mayoría, no alcanzó a reflejar la contundente distancia electoral obtenida por el Rechazo.

Fue una victoria amplia, con un margen de 24 puntos porcentuales, que se alejó de la mayoría de las predicciones de encuestas y expertos, y que no dejó lugar a dudas de la categórica opinión que prevalecía entre los chilenos sobre la falta de méritos de la propuesta constitucional.

Esta amplitud o distancia entre una y otra opción en disputa -más que el resultado propiamente tal- es lo que probablemente ha llevado a buena parte de la izquierda a sostener explicaciones poco plausibles, algunas surgidas de esa autopercepción de superioridad que los caracteriza -y que ya parece estar teniendo un efecto deletéreo sobre ellos- y otras incluso agraviantes para las capacidades intelectuales de los votantes.

Fue también una victoria rotunda. Nadie, ni en sus más optimistas y ensoñadoras elucubraciones, alcanzó a prever la enorme masa de electores que se sintió convocada a manifestar su opinión en las urnas. Ese 85,75% del padrón electoral que se motivó a concurrir a votar no tiene precedentes ni arraigo en ninguna votación previa, ni siquiera cuando aún regía el voto obligatorio en nuestro país -hasta antes de 2012-.

Lo que nos lleva a especular que una mayoría muy significativa, podríamos incluso decir abrumadora, percibió que la votación de septiembre revestía una radical relevancia para el destino del país, pero también y muy centralmente para sus propias vidas cotidianas y las de sus familias.

A juicio nuestro, efectivamente era una elección importantísima e incluso me atrevería a sostener que la de mayor importancia desde la recuperación de la democracia. Esto fue percibido, de una u otra manera, por los electores.

El carácter ajeno a la realidad y distante del sentido común de la propuesta constitucional y la gravedad de sus efectos, se fueron haciendo patentes en la discusión pública y alimentaron el deseo de participar. Pocos dejaron de percibir, por ejemplo, el afán refundacional que impregnaba sus normas, expresado incluso en anécdotas prosaicas, como la falta de respeto de algunos hacia nuestros símbolos patrios. Otros se percataron que distorsionar los equilibrios de una democracia representativa, eliminando contrapesos institucionales, empujaría a nuestra sociedad hacia un clima persistente de inestabilidad política y también económica. Y la plurinacionalidad, por su parte, con su anhelo de distribuir privilegios en consideración a la etnia de cada cual, predispuso negativamente incluso a quienes serían sujetos de esos privilegios.

Por contraintuitivo que parezca, los datos electorales muestran que la opción Rechazo obtuvo una adhesión mucho mayor al resultado nacional en aquellas comunas donde prevalece la población indígena.

Y, finalmente, la victoria del Rechazo además fue épica. Las causas que me hacían confiar en que se rechazaría la propuesta constitucional de la Convención eran varias. Algunas meramente formales -como el excéntrico comportamiento de algunos constituyentes- y otras incluso exógenas al proceso -como la situación de inseguridad pública y económica que nos aflige-; pero otras estaban esencialmente vinculadas a los contenidos promovidos por el proyecto de recambio constitucional.

Ya he mencionado el ímpetu refundacional, la ausencia de equilibrios institucionales y la plurinacionalidad. Y aunque hubo más, me interesa destacar una en especial que es la que, en mi opinión, reviste de un carácter épico la victoria del Rechazo. Esta razón épica es la hostilidad que las personas percibieron en aquellas normas que, proactivamente o por omisión, les restaban protagonismo en definiciones centrales de sus vidas como la educación, la salud y las pensiones.

Coartar o eliminar la libertad de elección en estos tres ámbitos fue un golpe de gracia para la propuesta de la Convención. Como señalamos en la primera columna de esta serie -en mayo de 2021- “el Estado debe estimular la iniciativa de las personas y las asociaciones para participar en los diferentes ámbitos y dimensiones de la vida social, y favorecer que ellas propongan y provean soluciones tanto a los problemas públicos como privados”.

Nada de esta premisa fue recogido por la Convención. Más bien fue lo que se empeñó en suprimir. Pero al calor del debate constitucional, al fin de cuentas, la tan denostada subsidiariedad, en sus expresiones más concretas de la vida social, parece haber vuelto por sus fueros. Por esto no deja de sorprender la contumacia con que algunos partidarios del Apruebo insisten en sus afanes, por ejemplo, empecinándose desde el gobierno en avanzar con una reforma previsional que, con total indiferencia hacia el resultado del plebiscito, propone un monopolio estatal en la gestión de las pensiones y un porcentaje adicional de cotización que iría a un fondo común de reparto y no a la cuenta de cada trabajador.

La contraposición entre una sociedad libre y dinámica y un Estado omnipresente seguirá presente en el nuevo capítulo del proceso constitucional que se está abriendo por estos días. De un lado, el actual gobierno y sus adherentes, que naturalmente forman parte de ese 38% que se manifestó satisfecho con los cambios copernicanos a la vida política y social que contenía la propuesta constitucional derrotada, perseverarán obstinadamente en correr el cerco hacia una sociedad donde el Estado lo traspase todo.

Y quienes formamos, por unas u otras razones, parte de ese 62% ganador trataremos de contener el poder del Estado y ampliar el espacio para la actividad de las personas y sus asociaciones. Y en la disyuntiva entre una y otra nos vamos a jugar, nuevamente, ni más ni menos que nuestra dignidad, libertad y derechos.

*Jorge Jaraquemada – Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

Jorge Jaraquemada

Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

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