Estamos cerrando un año 2022 que ha sido lo más cercano -al menos desde la recuperación de la democracia en 1989- a lo que se podría llamar, parafraseando al cine, a “el año que vivimos en peligro”.

En efecto, este año estuvo marcado por el desempeño de la malhadada Convención Constitucional y su desastroso experimento para dotarnos de una nueva carta constitucional de carácter marcadamente refundacional y de un claro sesgo ideológico, cuyos alcances y efectos en el devenir de Chile, de haber resultado exitoso ese intento, habrían sido mucho más profundos y permanentes de lo que se suele creer. 

Fue un año pendular, en que nos deslizamos desde una creciente expectación y aprobación de la opinión pública a los constituyentes y su trabajo, que fue paulatinamente desvaneciéndose por sus propias excentricidades y por el maximalismo de sus pretensiones normativas, hasta provocar un clima de convivencia interno de radicalización, agresividad y exclusión que se proyectó a todo el país.

En ese ambiente se conoció la propuesta de nueva Constitución -hacia la medianía del año- que era realmente desastrosa e implicaba serios riesgos para Chile y para la democracia representativa. Sometida a plebiscito, el texto constitucional propuesto fue rechazado categóricamente, en un resultado que fue abrumador para algunos y glorioso para otros.

La última parte del año estuvo marcada por la ansiedad de alcanzar un nuevo acuerdo para darle continuidad al proceso constitucional, hasta que la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria lo lograron el 12 de diciembre. 

Es un acuerdo muy distinto al que se gestó el 15 de noviembre de 2019, tanto en su contexto como en sus contenidos. Esta vez no hubo violencia ni primera línea en las calles y en La Moneda “habita” una izquierda que guarda muchas coincidencias ideológicas con los impulsores más radicales de la propuesta refundacional.

El nuevo acuerdo ha venido a desahuciar todo lo que nos recordaba a la reciente Convención Constitucional y tuvo que incluir principios o bordes que circunscriben las opciones, precisamente para evitar nuevas arremetidas refundacionales; un anteproyecto redactado por expertos, para recoger e incorporar la rica tradición jurídico constitucional chilena; un comité técnico para visar la admisibilidad de las propuestas, para evitar que se cuele el espíritu ladino de nuestro pueblo; limitar su tiempo de trabajo, para no abusar de los ciudadanos; y consagrar un número acotado de integrantes del Consejo que aprobará la nueva propuesta constitucional, que es un tercio de los antiguos constituyentes. La experiencia de la Convención fue tan traumática que nada que se pareciera a ella era bien recibido por la ciudadanía.

Los acuerdos políticos suponen que las partes que los suscriben honrarán su palabra y respetarán lo acordado y, además, que han entendido lo mismo respecto del contenido pactado. Los que no están de acuerdo con lo que señala un pacto simplemente no se comprometen. Por ende, lo mínimo que se espera de quienes participan de un acuerdo es que mantengan el espíritu y letra de lo acordado, y que impulsen su materialización. 

A pesar de que el categórico resultado del plebiscito de septiembre impidió que se plasmara en una nueva Constitución el delirio refundacional de la mayoría que hegemonizó la Convención, el país aún se encuentra inmerso en un clima de discordia política. Y en este ambiente -luego de haberse logrado un valioso acuerdo para dar inicio a un nuevo proceso constitucional, que abarca desde Chile Vamos hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista- algunos de los firmantes de esa izquierda han manifestado diferencias con el contenido que recién acaban de suscribir. 

Más allá de lo incoherente que es manifestar desacuerdos con lo que se acaba de suscribir hace unos pocos días, el problema es que desde mucho antes del infausto estallido social de 2019, nos habíamos venido acostumbrando a aceptar que se resignificara lo que tradicionalmente hemos comprendido por conceptos centrales para nuestra convivencia, tales como libertad de expresión, nación, estado de derecho, violencia, etc.

Y así como las palabras y conceptos pueden someterse a exégesis, también puede interpretarse el contenido de un acuerdo. En eso están ahora sectores de la izquierda, apremiados por zafar de ese compromiso, que fue asumido mientras intentaban cicatrizar las heridas que les dejó el plebiscito de septiembre y comprender cómo dejaron escapar esa oportunidad histórica de refundar el país.

La culpa es de ellos, sin duda, de su soberbia y voluntarismo, pero también de quienes se han dejado envolver por su retórica que -en el fondo- desprecia la democracia o al menos lo que típicamente suele entenderse por ella.

*Jorge Jaraquemada – Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

Jorge Jaraquemada

Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

Deja un comentario

Cancelar la respuesta