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Publicado el 28 de julio, 2020

Jorge Guzmán: No hay sorpresa en la estrategia argentina

Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis Dr. Jorge G. Guzmán

La nueva ley argentina sobre plataforma continental nos impone un hecho inescapable, que por mucho tiempo tendrá un impacto principal sobre una relación bilateral de obvia trascendencia y que, por extensión, afectará la manera en que Chile y Argentina enfrenten la embestida de las grandes potencias sobre la Península Antártica, pieza territorial altamente apetecida por las potencias petroleras y pesqueras. Por lo mismo, no enfrentar esta realidad con una estrategia que sea funcional a una política de Estado solo puede continuar debilitando el interés nacional.

Dr. Jorge G. Guzmán Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

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Ninguna sorpresa debe causar la aprobación del Senado argentino de la “Ley que incorpora una demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República Argentina”. Según sus patrocinadores, esta norma “incorpora al derecho interno argentino” nada menos que “una superficie total de 1.783.238 kms2”.

De importancia para nuestro país es que en esa superficie se incluyen territorios submarinos de la Antártica Chilena (“por ahora” protegida por la moratoria impuesta por el Tratado Antártico),  además de una “medialuna” de lecho y subsuelo marino situado al sureste de las Islas Diego Ramírez (9.700 kms2). Este último espacio no está cubierto por la normativa del Tratado Antártico, y tiene gran significado para la continuidad geográfica de Chile hacia y desde el el Polo Sur.

Varios en Chile se manifiestan ahora sorprendidos por esta nueva ley argentina. Ello, a pesar que ya en 1991 –cuatro años antes que entrara en aplicación la Convención del Mar– nuestro vecino sancionó por ley sus primeras aspiraciones en materia de territorios submarinos. Como se recordará, ese mismo año los Presidentes Aylwin y Menem suscribieron una serie de acuerdos relativos a cuestiones fronterizas, quedando pendientes solo los asuntos relativos a Laguna del Desierto y Campo de Hielo Sur.

Aún más, en 1995 una nueva ley argentina sancionó los límites de plataforma continental de acuerdo a su temprana interpretación del Convención del Mar, antecedente con el cual el Gobierno de Carlos Menem impulsó la creación de una Comisión de la Plataforma Continental (COPLA, 2007). Este es un organismo político y técnico (aquí el orden de los factores es esencial) que, entre otras cosas, participó de la redacción del “documento madre” de los “lineamientos científico-técnicos de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental”.

Es decir, hace 21 años que está disponible el “manual de instrucciones” para que decenas de países hicieran reclamos de territorios submarinos situados más allá de las 200 millas marinas (hasta 350 millas o 748 kilómetros de la costa).

En abril de 2009, un mes antes que se cumpliera el plazo de 10 años establecido por la propia Convención del Mar para que los países ribereños presentaran los datos y la cartografía con los límites de sus territorios submarinos, Argentina entregó la presentación que, hoy convertida en ley, causa sorpresa en el país. Esa ley es -en realidad- la coronación de una verdadera política de Estado en materia austral y polar, que ya por tres décadas ha sido acompañada por toda la clase política argentina. Lo que la anima (y explica la estrategia) es una convicción territorialista de inspiración geopolítica destinada a asegurar para Argentina la soberanía  sobre los territorios al sur del Cabo de Hornos. Se trata de una política de Estado visionaria y, como indico, visible desde la década de 1990.

Chile, en cambio, solo en 2007 estableció una Comisión para su plataforma continental, un organismo de rango relativamente menor y de carácter esencialmente técnico. Con la asesoría de expertos extranjeros, en mayo de 2009 ese organismo entregó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continente una “presentación preliminar” anunciando que, más adelante, el país entregaría los datos y la cartografía con las coordenadas geográficas de los límites exteriores de nuestros territorios submarinos. Se trata, en este caso, de “una promesa incumplida” que ya se extiende por más de 11 años, lo que, a pesar de las justificaciones, de algunas Notas diplomáticas y unos pocos anuncios por la prensa, denota la carencia de nuestra clase política para comprender a cabalidad las cuestiones territoriales en el extremo sur del país.

Es esa carencia la que ha facilitado no sólo la consolidación de la tesis legal argentina, sino que su posicionamiento como un interlocutor para las potencias que comienzan a pesar en la disputa geopolítica por la Antártica y sus espacios circundantes. No obstante que desde hace décadas esto es evidente, los gobiernos chilenos recientes han asumido esta amenaza con “gran benevolencia”, desarmando progresivamente lo que anteriores gobiernos, desde González Videla en adelante, construyeron con tenacidad, visión y patriotismo.

El golpe de gracia lo dio nuestra Cancillería en 2016, cuando el gobierno del ex Presidente Macri celebró la “validación” “por parte de Naciones Unidas” de los límites argentinos que incluían territorio chileno. La diplomacia chilena se limitó a hacer -por Nota- una reserva sobre el estatus legal de la Antártica, pero omitió observar -ahí la gravedad- la situación del territorio nacional al sureste de las Islas Diego Ramírez. El Canciller de la época desestimó los alcances de la estrategia argentina diciendo que ésta tenía “implicancia alguna” sobre los espacios marítimos de Chile. Un grave y quizás el más profundo error de la diplomacia chilena desde el retorno a la democracia; un hecho de profunda significación e incalculable efecto para la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Por el contrario, una vez conocidas las recomendaciones hechas a Argentina por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el mismo 2016 Uruguay observó dos “puntos fijos” de la delimitación argentina, que enseguida fueron resueltos por la vía bilateral.

Mucho más tarde, en mayo de 2020, Chile observó -otra vez por Nota diplomática- la situación de los territorios al sureste de Diego Ramírez, que incluso se encuentran dentro de la proyección de la plataforma continental jurídica de 200 millas marinas proyectadas desde dicha posesión chilena (Art. 76.1 de la Convención del Mar).

Lo curioso en toda esta historia es que -por años- todos los detalles del reclamo argentino “validado” por la citada Comisión con sede en Nueva York son conocidos y de acceso público. No hay entonces una “estrategia oculta” en la acción de la Cancillería argentina, algo que se ha tratado de deslizar en los medios para “esconder bajo la alfombra” la acumulación de errores de nuestra diplomacia.

Es importante no perder de vista el rol de aquellos a quienes durante los últimos cuatro gobiernos les ha correspondido “la responsabilidad histórica” de asegurar la integridad territorial del país, prolijos a la hora de desenfundar “Notas”, pero incapaces de entender la profundidad del embrollo político, geopolítico y geoestratégico que significa no haber atendido con urgencia los requerimientos de los habitantes de la zona austral de Chile. O quizás fueron simples operadores de una concepción política que, en el caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, muestra un desentendimiento y un desprendimiento vital, que recuerda a aquel que en el pasado afectó a los Gobiernos de Santiago en materia de nuestra soberanía sobre la Patagonia Oriental y la Tierra del Fuego.

La nueva ley argentina sobre plataforma continental nos impone un hecho inescapable, que por mucho tiempo tendrá un impacto principal sobre una relación bilateral de obvia trascendencia y que, por extensión, afectará la manera en que Chile y Argentina enfrenten la embestida de las grandes potencias sobre la Península Antártica, pieza territorial altamente apetecida por las potencias petroleras y pesqueras. Por lo mismo, no enfrentar esta realidad con una estrategia que sea funcional a una política de Estado (equivalente a la política argentina) a la larga solo puede continuar debilitando el interés nacional.

Por ello, insisto, nos preocupa que el enfoque que en este tema la Cancillería sigue transmitiendo a nuestra Región de Magallanes sea esencialmente administrativo y “científico” (aquí el orden sí es conmutativo) e insista en evadir el enfoque propiamente político del problema. A final de cuentas se trata de un asunto de “política exterior”. Nos queda también la impresión que este sigue siendo posible gracias a que las autoridades de Santiago entienden la cuestión de la plataforma continental como un asunto aburrido, académico o “de investigación científica”, antes que -como efectivamente lo es- una cuestión de soberanía. Solo esto explica por qué esta materia no ha sido aun considerada una prioridad para los ya cuatro gobiernos transcurridos desde 2009.

Se trata, en definitiva de un retraso imperdonable que, primero, importa un acto de extensa infidelidad con el espíritu y la la letra del Decreto Antártico y, segundo, de un acto de grave infidelidad y “de olvido” con los sacrificios hechos por el país durante la crisis vecinal de 1976-1984, especialmente los sacrificios de las Fuerzas Armadas y de toda la sociedad magallánica.

En un régimen presidencial y jerárquico como el nuestro, la responsabilidad histórica y final de remediar “lo no hecho” y lo equivocado la tiene el propio Presidente de la República. De él, finalmente, depende que Santiago enmiende su rumbo, y sin “demora ninguna” regrese a la tradición que explica la existencia de nuestra Región de Magallanes y Antártica Chilena. De lo contrario, deberá la Región más austral del mundo imponer dentro de los futuros debates constitucionales la exigencia de concentrar atribuciones para sí misma en la conducción de la política exterior que atañe a su integridad y a sus recursos naturales vivos y no vivos. De lo contrario -parece demostrar la experiencia- nos arriesgamos a seguir perdiendo territorios.

 

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