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Publicado el 19 de junio, 2020

Jorge G. Guzmán: La estrategia chilena ante las pretensiones territoriales argentinas

Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis Dr. Jorge G. Guzmán

Mientras Argentina ha convertido su interpretación del Derecho del Mar en una herramienta de geopolítica, Chile se ha sometido a sí mismo a una interpretación racionalista, superficial y procesal de la normativa internacional.

Dr. Jorge G. Guzmán Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis
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Recientes gestiones diplomáticas urgentes ante el gobierno argentino, a propósito de una inminente ley que sancionaría lo que dicho país asegura son sus territorios submarinos, han vuelto a poner sobre la mesa la muy grave cuestión de la plataforma continental más allá de las 200 millas en el sector americano del Mar Austral Circumpolar. Estas gestiones -quisiera creer- se refieren a todo el territorio submarino de nuestra Provincia Antártica, cuyos límites están especificados en la división político-administrativa del país.

Lo anterior, porque las pretensiones territoriales argentinas sobre espacios submarinos de dicha Provincia chilena -cubiertos y no cubiertos por el régimen del Sistema del Tratado Antártico-, de manera expresa ilustran el diferendo territorial de hecho y de derecho que -desde abril de 2009- existe entre Chile y Argentina, a propósito de la soberanía sobre el lecho y el subsuelo marino en una extensa región marítima que, hasta ahora, Argentina parece afirmar no ha sido objeto de ningún acuerdo bilateral específico.

A la vez, estas gestiones diplomáticas revelan cómo en esta compleja materia, mientras Argentina ha implementado una estrategia legal y geopolítica coherente, Chile no ha terminado por comprender no solo la amenaza a su integridad territorial (y a su continuidad geográfica hacia y desde la Antártica Chilena), sino que tampoco que la normativa internacional utilizada por Argentina (la Parte VI de la Convención del Mar) ofrece a nuestro país la misma oportunidad para, legalmente, confirmar la pertenencia a la soberanía de la República de inmensos territorios situados entre la costa antártica y los archipiélagos del Cabo de Hornos y Diego Ramírez. Se trata de no menos que 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio chileno.

Así, mientras Argentina ha convertido su interpretación del Derecho del Mar en una herramienta de geopolítica, Chile se ha sometido a sí mismo a una interpretación racionalista, superficial y procesal de la normativa internacional. Esto explica por qué, desde 2009, la defensa chilena de sus territorios y recursos naturales vivos y no vivos en el Mar Austral Circumpolar se ha limitado a una “presentación preliminar” genérica, y a tres Notas diplomáticas (que en nada aportan a la definición expresa y sobre el terreno de nuestros derechos soberanos).

Chile tampoco termina por entender cómo, hoy por hoy, el Mar Austral y la Antártica son un campo de batalla entre “territorialistas” versus “universalistas”. Mientras estos últimos parecen empeñados en propiciar la declaración de la Antártica como “patrimonio común de la humanidad”, los primeros, incluidos “países reclamantes” fundadores del Sistema del Tratado Antártico, han, al igual que Argentina, presentado sendos reclamos de plataforma continental dentro y fuera de la Antártica (Australia, Nueva Zelanda, Francia, Sudáfrica y Noruega). En este ámbito Chile es, largamente, el país más retrasado.

Nuestro país tampoco ha logrado entender que “la ciencia antártica” es, al igual que el Derecho del Mar, una herramienta geopolítica que está permitiendo a países con nuevas pretensiones polares (por ejemplo, China y Brasil, que operan desde Punta Arenas) sentar las bases de eventuales pretensiones ante un eventual colapso del Sistema del Tratado Antártico. Lo anterior es totalmente posible, atendida la evidente confrontación entre la normativa de la Convención del Mar sobre plataforma continental y el statu quo impuesto por el Tratado Antártico en materia de reclamos territoriales (Art. IV).

Estos son dos aspectos principales a tener en cuenta para comprender la lógica de largo plazo de las pretensiones territoriales argentinas. Primero, se trata de una precaución ante un posible colapso de la “pax antartica,“ y, segundo, se trata de una reacción ante la irrupción brasilera en la Región Polar Austral. Todo esto, además de la renovación del argumento legal de las pretensiones sobre “territorios irredentos en el Atlántico Sur“ (para emplear la expresión de la geopolítica argentina de la década de 1970); esto es, el fortalecimiento de su argumento en el ámbito de su disputa por territorios hoy administrados por el Reino Unido (Falkland/Malvinas, Georgia del Sur, etc.). En este punto debe además recordarse que, conforme con lo que parece ser un renovado “principio bioceánico“, el “Atlántico Sur” se extiende hasta el meridiano del Cabo de Hornos, incluso al sur del Punto F del “martillo” descrito en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Todo indica que en este complejo asunto, por sobre cualquier diferencia coyuntural, la defensa del bien superior de la República exige un ejercicio de unidad. Solo eso asegurará que el país pueda no solo responder al desafío argentino, sino que, aplicando la ciencia del siglo XXI, fortalecer su tradición Austral y Antártica, que afirma que Chile es una continuidad geográfica hasta y desde el Polo Sur.

Sobre esto último es de principal importancia señalar que, tanto el propio argumento geo-científico argentino como estudios de geología marina recientes indican que la constitución del lecho y subsuelo marino del talud continental de nuestra Tierra del Fuego, así como ciertas “elevaciones submarinas“ incluidas dentro de la proyección de las Islas Diego Ramírez, ofrecen interesantes posibilidades para la plataforma continental extendida de Chile.

Sin embargo, esto sigue viéndose lejano. Sucede que en mayo de 2019, cumplidos los 10 años de plazo otorgado por la normativa internacional aplicable, Chile informó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental que en diciembre siguiente le haría llegar una presentación. No obstante, en diciembre último, Chile informó a esa misma Comisión que dicha presentación se haría en el primer semestre de 2020. Faltando menos de dos semanas para que se cumpla ese nuevo plazo autoimpuesto, la pregunta es: ¿está Chile en condiciones de entregar los datos geo-científicos y la cartografía que indican los límites de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas de Magallanes-Antártica? Si no es así, ¿qué hará el Gobierno del Presidente Piñera para resolver esta grave situación?

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