Transcurridos los primeros seis meses de gobierno y teniendo a la vista los resultados del reciente plebiscito de salida del proceso constitucional, es pertinente hacer un análisis objetivo de la conducción de la política exterior, así como de los contenidos que la orientan. Los últimos acontecimientos obligan a mayores esfuerzos por disipar la incertidumbre que se ha instalado en el terreno de las definiciones de política exterior, cuyos efectos en la cotidianeidad suelen pasar desapercibidos cuando las cosas se hacen bien y traen serias consecuencias cuando ocurre lo contrario.

El tema supera el ámbito meramente teórico o especulativo y de pronto surge con inusitado impacto, como ocurrió con el grave impasse diplomático con Israel, generado por exclusiva decisión presidencial. Los tropiezos, errores y malas decisiones del gobierno en el terreno internacional comenzaron muy tempranamente y son de variada índole, desde culpar al Rey de España de la impuntualidad de la ceremonia de transmisión del mando, hasta el nombramiento de embajadores rodeado de controversias, como la fallida designación de jefe de misión en Brasil.

Hay diversas teorías que intentan explicar el origen de los “errores” cometidos por este gobierno en el terreno internacional. Algunos sostienen que las frecuentes fallas son el resultado lógico de una generación de políticos jóvenes que llegaron a posiciones de poder sin la necesaria experiencia. Otros creen que no hay ni errores ni  equivocaciones, sino que se trata de decisiones ex profeso que cumplen el propósito de imponer las visiones extremas que orientan al gobierno. A nuestro juicio hay  concurrencia de ambos factores, con un tercero que facilita y potencia el negativo efecto de los dos primeros: la carencia de una conducción profesional y con experiencia en la Cancillería, que ha sido incapaz de impedir las numerosas gaffes que se han cometido en materia internacional, dejando una clara impresión de improvisación y amateurismo en la gestión. Así como en el plano interno, el Presidente y su grupo de amigos tienden a comportarse como los activistas de antaño y no como autoridades responsables, en lo externo se plantean arrogantemente revolucionarios, empeñados en cambiar el  mundo, las reglas del juego y el orden internacional, convencidos en que finalmente prevalecerá su utopía.

La diferencia está en que, así como en el plano económico se impone la autoridad y el control del ministro Marcel y en materia de seguridad ha operado con eficacia el subsecretario Monsalve para moderar y corregir los excesos de inexperiencia, para las decisiones que afectan la política exterior no ha habido en la Cancillería una autoridad competente capaz de imponer cautela, madurez, racionalidad y experiencia para impedir las chambonadas en materia de asuntos internacionales. Ello explica por qué se pudo llegar a generar una  controversia con Argentina por el uso casi generalizado del término «Wallmapu» por parte de altas autoridades de gobierno en sus inicios, y también que se haya sometido al país a la vergüenza impresentable debido al desaire perpetrado contra el Embajador de Israel, por el cual se ha tenido que dar repetidas explicaciones y disculpas. La falta de un mínimo de asesoría en esta materia queda evidenciada en una declaración insólita y no menos reveladora: el Presidente, agregándole insulto al agravio, cerró su brillante protagonismo en ese episodio con la «joyita» de «dar por superado» el impasse que él mismo creó con Israel. Hasta donde se sabe, ni la Canciller, ni la Subsecretaria ni la Directora General del Ceremonial y Protocolo le han explicado al presidente, hasta la fecha, que ante un agravio de esa naturaleza, a quien le corresponde «dar por superado» el asunto es a la parte agraviada. Sin embargo, la cúpula de la Cancillería ni siquiera parece advertir la importancia de los códigos diplomáticos más elementales.               

Entre los numerosos errores que se advierten en la gestión diplomática del actual gobierno, convendría analizar los más evidentes:

  • Prioridades coincidentes con la Convención Constituyente en política exterior. Definir a América Latina como prioridad es fijarle un “corsé” a nuestra política externa, que ha sido tradicionalmente exitosa gracias a su carácter flexible y esencialmente multidimensional. Denota, además, un desconocimiento absoluto de un aspecto de suma importancia en el quehacer internacional: la política de  comercio exterior basada en el regionalismo abierto.
  • Sondeos y propuestas para tomar la iniciativa en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia, incluyendo reinstalar «el tema marítimo» en la agenda. Ello es volver a recorrer un camino que nos ha reportado toda suerte de problemas con nuestros vecinos del norte. La explicación del desacierto no sólo sería atribuible a una falta de expertise (en el caso de los convencionales), sino al hecho de que el gurú de la extrema izquierda chilena hoy no es Lenin sino el sociólogo boliviano Álvaro García Linera, entusiasta propulsor del castrochavismo y figura influyente en la inclusión del concepto de «plurinacionalidad» en el proceso constituyente. En suma, el tercermundismo populista de Bolivia ha logrado posicionarse como un referente para las más altas autoridades chilenas, reemplazando a los países nórdicos, Canadá y Nueva Zelanda como modelos a seguir por tener coincidencias estratégicas en lo político y económico-comercial.
  • Nombramiento de embajadores. Mucho ha llamado la atención la falta de calidad de los embajadores políticos nombrados por este gobierno en países claves. Con ello, tiende a agudizarse la vieja práctica de las embajadas como “pago de favores”. El caso más notorio y lamentable es la persistencia del gobierno en designar para la misión en Brasil a un dirigente frenteamplista que ha atacado pública y reiteradamente al presidente Bolsonaro (síndrome Cataldo), lo que habría sido motivo justificado para que el gobierno brasileño nunca haya cursado su beneplácito para ejercer el cargo. En este caso no hay falta de expertise, pues cualquier funcionario de nuestra Cancillería sabe interpretar la señal que nos está dando Brasilia. El motivo para insistir no es otra que apostar a que Lula será el vencedor en la próxima elección presidencial brasileña y, por ende, otorgará el respectivo agreement. Tratar de imponer un embajador a un país receptor no tiene parangón en la práctica diplomática y, por mucho que vuelva Lula y finalmente acepte la designación, el nombrado quedará como representante ante el PT, pero no tendrá buen recibimiento en el resto del espectro político brasileño. Los embajadores representan al Estado de Chile ante el estado receptor y toda la situación creada no caerá bien. Menos en un país con una Cancillería profesional con un considerable peso institucional.
  • Grossman y la Corte Internacional de Justicia. No está claro todavía qué pasó con la fallida postulación del prestigioso abogado chileno Claudio Grossman a la CIJ en La Haya. Tuvo que salir la Canciller a explicar lo inexplicable: que Chile no está en condiciones de hacer campaña por dos candidaturas internacionales al mismo tiempo (CIJ y Comisión de Derechos Humanos de la ONU), a pesar de que la primera es a título personal y la segunda de carácter nacional. Tal parece ser, entonces, un “arreglo de cuentas” entre distintos sectores de la izquierda chilena. Y, ello, a costa del interés nacional chileno, porque Grossman hubiese sido un candidato muy fuerte y con opciones en una instancia internacional que es muy importante para el resguardo de la soberanía chilena.
  • Chile y los acuerdos de libre comercio. El avance de la economía chilena en las últimas décadas estuvo dado, en gran medida, por los evidentes beneficios de nuestra política de libre comercio. A pesar de todas las evidencias al respecto, el nuevo gobierno chileno, con base en el PC y el Frente Amplio, llegó al poder con el objetivo ideológico de poner fin a ese modelo de desarrollo liberal. El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería partió por anunciar que se revisarían todos los acuerdos de libre comercio suscritos y, de hecho, el gobierno dejó en suspenso la aprobación de otros dos instrumentos que eran vitales para el país: la modernización del Acuerdo de Asociación con la UE de 2003 y el ingreso de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11). Hasta ahora, ni el gobierno ni la Cancillería han sabido explicar cuál es la nueva estrategia comercial, o bien, con qué se pretende reemplazar a los acuerdos de libre comercio como motor del crecimiento económico chileno. 

La lista de los fallos de la Cancillería es larga y no disponemos del suficiente espacio para abordarlos todos. Sin embargo, tal vez lo más evidente sea concluir que tanto el Presidente Boric (formulador de la política exterior) como la Canciller Antonia Urrejola (ejecutora de la misma) se enfrentan tanto a desafíos de gestión (manejo de la coyuntura internacional) como a problemas de tipo estructural (la herramienta diplomática). Y, hasta aquí, el resultado ha sido muy pobre.

El Presidente quisiera convertirse en un nuevo referente de la izquierda latinoamericana y valora la solidaridad ideológica en la región, pero fuera de los partidos y colectivos de su coalición de gobierno no dispone de una herramienta adecuada (profesional) para acometer esa tarea. Para ser líder regional, él debe tener una visión del mundo, que hasta ahora no ha dado a conocer en detalle, más allá de hacer suyas todas las propuestas de la Convención Constituyente. Sus más recientes actuaciones y declaraciones no hacen presagiar una gestión con visión de futuro. Por el contrario, su apego casi fetichista hacia la figura de Salvador Allende como modelo y símbolo denota un gran entusiasmo, pero una mayor falta de realismo y conocimiento de la Historia. Debido a su inexperiencia, ni siquiera parece haberse preguntado por qué, habiendo muchos políticos que formaron parte del gobierno de la Unidad Popular, desde 1973 a la fecha, a ninguno se le ha ocurrido declararse, como lo hace él, un «continuador» de la obra de Allende.  

La ministra Urrejola es cuento aparte. Se ve como una persona seria, responsable, dialogante, todas condiciones para una buena diplomática. Lamentablemente, no parece tener ni el poder de decisión ni la experiencia necesarias para un manejo exitoso; tampoco tiene un partido que la respalde, algo fundamental en este gobierno cuyo modelo de gestión es el del ensayo y error, todo lo cual tiene como resultado que la Cancillería no influya en las decisiones de gobierno. Eso explica que ella no haya podido parar todos los autogoles que le han disparado desde la presidencia, desde los partidos del oficialismo, y desde su propia Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Resumiendo, el análisis permite concluir que la gestión diplomática es francamente deficitaria y que el gobierno requiere con urgencia un cambio para enfrentar con un mínimo de seriedad los difíciles desafíos que se avecinan. En una próxima entrega, intentaremos analizar en detalle el tema pendiente de la modernización del Ministerio de RREE chileno, que también perjudica a este gobierno.

*Jorge Canelas y Juan Salazar, Embajadores (r)

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