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Publicado el 02 de enero, 2019

Jorge Acosta: Urgencia social: Chile sin campamentos

Director Ejecutivo Instituto Res Publica Jorge Acosta
No se debería seguir perdiendo tiempo discutiendo sobre desigualdad, sino actuando con celeridad para derrotar la pobreza y las condiciones inhumanas en las que se encuentran muchos conciudadanos.
Jorge Acosta Director Ejecutivo Instituto Res Publica
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En pleno siglo XXI, en medio de la era de internet y las redes sociales, resulta difícil imaginar que existan personas que puedan vivir sin agua potable, electricidad o alcantarillado.Se tiende a creer que esto solo pasa en países con un alto porcentaje de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza. Lamentablemente, no es un hecho exclusivo de aquellas realidades.

En nuestro país, a pesar de la constante disminución de las personas que se encuentran en situación de pobreza, la cantidad de familias que viven en campamentos (hacinados y sin servicios básicos) ha aumentado aceleradamente. En tan sólo siete años, creció en un 70%, alcanzando los 46.423, según informó hace una semana el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La regiones que experimentaron las mayores alzas fueron Antofagasta, Atacama, Tarapacá y Valparaíso.

Estos datos vienen a complementar los informados por el propio MINVU y Techo Chile en mayo pasado, cuando se alertó un retroceso de 30 años en esta indigna situación habitacional, ya que a esa fecha se había igualado el mismo número de campamentos que se registraba en nuestro país en 1985.

Los números indican que requiere de una inversión importante, pero factible de lograr. Si consideramos una vivienda básica, ampliable, de unas UF 1.500, se necesitarían cerca de USD 2.700 millones.

A pesar de los preocupantes resultados, es positivo que la autoridad esté interesada en visibilizar el problema haciéndose cargo de ejecutar y publicar una medición, así como anunciando que se efectuará esta estadística de manera estable cada dos años. Siempre es destacable cuando frente a malas noticias no se parte por matar al mensajero, sino que se opta por usar su información como una herramienta útil que permite medir el avance logrado gracias a las políticas públicas que se pretenden implementar.

No obstante, no basta sólo con visibilizar el problema. También se requiere enfrentarlo con sentido de urgencia. No es digno que cientos de miles de compatriotas vivan día a día en condiciones tan deplorables. Es de justicia poner dentro de las prioridades del país la resolución de esta situación y dejar de lado discusiones políticas de boutique, que muchas veces sirven para ganar portadas de diarios y enarbolar teorías de nicho, pero que finalmente sólo alejan a la gente de la política porque la encuentran vacía y distanciada de la realidad.

Se requiere de claridad, decisión política y audacia para relevar temas como estos y ponerlos en la primera línea de la acción pública. No se debería seguir perdiendo tiempo discutiendo sobre desigualdad, sino actuando con celeridad para derrotar la pobreza y las condiciones inhumanas en las que se encuentran muchos conciudadanos.

Es de esperar que aquel sueño de llegar al bicentenario sin campamentos, que no se pudo cumplir, sea concretado en la próxima década o que al menos se transforme nuevamente en un imperativo colectivo y transversal.

Los números indican que requiere de una inversión importante, pero factible de lograr. Si consideramos una vivienda básica, ampliable, de unas UF 1.500, se necesitarían cerca de USD 2.700 millones. Una cifra no despreciable, pero absolutamente alcanzable en dos o tres periodos presidenciales. Si en la gratuidad, becas y créditos universitarios gastamos USD 2.000 millones anuales y en el Transantiago cerca de USD 400 millones al año, ¿cómo no  va a ser posible erradicar los campamentos? Es verdad que situaciones como esta nos vuelven a recordar el valor del concepto de costo de oportunidad, muy útil para sopesar mejor las decisiones que se toman en el financiamiento de las distintas políticas públicas, pero eso da para otra discusión.

Terminar con los campamentos en Chile es posible, pero requiere voluntad y una clase política que esté a la altura. Es de esperar que aquel sueño de llegar al bicentenario sin campamentos, que no se pudo cumplir, sea concretado en la próxima década o que al menos se transforme nuevamente en un imperativo colectivo y transversal que nos permita no extraviar la vista de lo verdaderamente importante y realmente urgente.

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

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