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Publicado el 09 de abril, 2020

Javier Pinto: Ahora, en la crisis, ¿deberíamos fijar algunos precios?

Académico Universidad de los Andes, Asociación de Ética Empresarial y Organizacional Javier Pinto

La política que legítimamente busca resguardar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad en tiempos de crisis debe recurrir a sus propias herramientas político-legislativas-regulatorias, pero no de modo intervencionistas.

Javier Pinto Académico Universidad de los Andes, Asociación de Ética Empresarial y Organizacional

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La tentación de echar mano a la fijación de precios como un mecanismo para solucionar problemas en épocas de crisis no sólo está presente en Chile, sino en el mundo entero. La oportunidad que ven algunos dirigentes políticos -incluso con buenas intenciones- de asegurarle a la población el acceso justo a bienes de primera necesidad, restringiendo la especulación o, derechamente, la usura, es una idea que va tomando fuerza.

Sin embargo, pienso que la reflexión acerca de la fijación de precios requiere una consideración más amplia, y ello desaconseja cualquier fijación de precios. Esto se refiere, en primer lugar, a que no es razonable hacer un análisis certero desde posturas maniqueas que proponen la discusión como un enfrentamiento entre los defensores del mercado, por una parte, y los defensores de la dignidad de la población, por otra. El problema es más complejo, porque si bien el mercado y la sociedad no son lo mismo, tampoco corren por carriles separados; uno depende del otro, y viceversa.

En concreto, la aproximación al problema de la fijación de precios puede hacerse desde la idea ordoliberal (propia de la llamada derecha política alemana y más tarde un antecedente de la Economía Social de Mercado). Dicho de modo muy general, para el ordoliberalismo la relación entre la economía y la política se establece con ciertos marcos que nacen del principio en virtud del cual, si bien la política puede dar marcos orientativos a la economía, la misma política no puede (o no debería nunca) intervenir directamente los procesos naturales de ámbito económico. Con esto se quiere decir que, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, que es un ámbito natural de la economía, puede ser orientado con políticas públicas, pero sin una lógica intervencionista. Si, de modo contrario, hubiera una intervención directa, se destruye la economía y, consecuentemente, se limita o se impide el desarrollo social. Así, el remedio será peor que la enfermedad; como ha sido el caso de países que han tomado la senda del socialismo más duro, como Venezuela, Cuba o Corea del Norte.

Con todo, si los precios son -¡y sí que lo son!- un ámbito natural del orden económico, este principio ordoliberal indica que intervenirlos directamente es un error, pues destruye la economía, la sociedad y, finalmente, el mismo ámbito político cuando lo va deslegitimizando. Dicho de otro modo, la autoridad política sólo pone las partituras; la economía, en cambio, se hace cargo de la combinación de las notas musicales que completan una buena sinfonía. Pero una no va sin la otra.

La idea ordoliberal, sin embargo, no es una teoría que aconseje la ausencia casi total del actor político (como muchas veces vemos en posturas liberales o libertarias más extremas). En el sentido ordoliberal también es un error suspender la orientación del libre mecanismo de precios. La autoridad política no puede, por ejemplo, dejar de penalizar la usura.

De esta manera, la política que legítimamente busca resguardar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad en tiempos de crisis debe recurrir a sus propias herramientas político-legislativas-regulatorias, pero no de modo intervencionista. Así, la misma autoridad política puede cobrar más impuestos a la segunda o tercera unidad como una fórmula para desincentivar el acaparamiento y la especulación. También puede establecer bandas de precios, como ocurre con el control de los monopolios; o podría subvencionar la demanda o la producción, cuando los más pobres no tienen acceso a bienes que se vuelven de primera necesidad (como son hoy en día las mascarillas).

En fin, si bien la intervención regulatoria o indirecta luce menos (tal vez consiga menos votos), porque los efectos no son habitualmente evidenciados en el corto plazo, es la única forma de armonizar la relación entre el mercado y la autoridad política como un mecanismo para promover el bien social en el corto y largo plazo. Fijar precios es -casi literalmente- “pan para hoy, pero hambre para mañana”. Luego, no debemos fijar precios nunca, ni siquiera en época de crisis.

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