Todo partió por el éxito obtenido por la izquierda con la defenestración del ministro Rojas. Envalentonados porque los derechos humanos nuevamente los unía y les rendía importantes réditos políticos, siguieron con el subsecretario Castillo, después con el 11 y la guinda de la torta, la acusación constitucional contra los Supremos, a quienes acusaron de notable abandono de deberes.
La idea que tuvieron en mente fue que había que aprovechar el momentum en que los vientos soplaron a su favor para intentar imponer una vez más el tema de los derechos humanos en la agenda y quitarle protagonismo al gobierno. Para eso, el 11 estaba ad portas y los Supremos les regalaron la libertad condicional de los condenados de Punta Peuco para mantener viva la ilusión de lograr la unidad que les resulta tan esquiva, a la vez que les permitiría atribuirse una vez más una superioridad moral frente a la derecha.
Lo triste de todo esto es que se nos pretenda imponer un sesgo histórico que fija como fecha de inicio de lo ocurrido en el país el día 11 de septiembre de 1973, impidiendo que se realice un debate que nos permita también reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en Chile hasta el 10 de septiembre de ese año, a fin de no repetir los trágicos errores del pasado. Quienes no vivieron en esa época no pueden imaginar el nivel de violencia verbal, física y retórica que ocurría en el país. Desde los conflictivos días y noches en que constantemente se enfrentaban jóvenes de bandos opuestos, en una verdadera lucha fratricida, pasando por las reiteradas tomas de empresas, la expropiación de tierras agrícolas hasta los encendidos titulares de los diarios oficialistas -como el Puro Chile- fueron creando un clima en que la odiosidad envenenó la amistad cívica, destruyendo completamente el tejido social, transformándolo en dos bandos irreconciliables. Solo como anécdota, si se quiere, un gran titular de la época fue “Las momias al colchón y los momios al paredón”, o aquel otro famoso de los “Viejos de Mierda” contra los jueces de la Corte Suprema. O “El poder popular debe armarse”, añadiendo: “incendiar las fábricas será etapa final de la UP si es derrocada en enfrentamiento”.
Aun cuando este año el 11 fue más tranquilo que en otras ocasiones, las heridas no han sanado.
Es que después de 45 años de ocurrido el golpe militar, aún no logramos superar la división que los años del gobierno de Allende provocaran entre nosotros, la cual se exacerbó posteriormente durante el régimen militar y que obstinadamente sigue presente en nuestros días. Aun cuando este año el 11 fue más tranquilo que en otras ocasiones, las heridas no han sanado, las violaciones a los derechos humanos se reinsertaron en la agenda y la reconciliación está aún lejos de poder declararla alcanzada.
Y así llegamos a la acusación constitucional, que fue un intento de castigo hacia los Supremos porque a sus acusadores no les gustó un fallo que otorgó libertad condicional a quienes estaban condenados por violación a los derechos humanos, algo que en el gobierno de Bachelet 2 ocurrió en diversas ocasiones, sin que nada pasara. En este caso, quienes verdaderamente violaron la Constitución fueron los parlamentarios acusadores, porque el libelo estaba basado en el desagrado causado por una resolución judicial, y con eso se estaba violando la independencia de uno de los tres poderes del Estado, lo que está expresamente prohibido constitucionalmente. Pero los derechos humanos son una buena disculpa para intentar destituir a quienes no se portan como la izquierda pretende lo hagan, de acuerdo con sus intereses.
De haberse aprobado, habría sido un nefasto antecedente para los jueces, pero las razones jurídicas estuvieron opacadas por las políticas y, particularmente, por el revanchismo. Los autores del libelo y quienes lo apoyaron adujeron razones éticas para aprobarla, demostrando que esto no se trataba de un tema estrictamente legal, sino de una verdadera represalia contra los jueces que osaron no acatar lo que la izquierda estima debe ser la justicia. Lo que no calcularon en la izquierda es que perderían en el Congreso, porque primó la racionalidad sobre el revanchismo y ese fracaso, cual fuerza centrípeta, ya ha generado rencores, desencuentros, recriminaciones y una profunda división en la oposición. Es la cuenta que el maniqueísmo pasa cuando se utilizan los derechos humanos con fines políticos.
Y así llegamos al 18. Habrá tiempo para celebrar, pero también para reflexionar sobre la semana que pasó y sobre qué futuro queremos para Chile. Seguir pegados en el pasado o mirar hacia el futuro unidos como un solo país, respetando por cierto el dolor de todos quienes sufrieron por efectos de la violencia política que nos invadió. Que cada uno saque sus conclusiones.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO