En cinco días más, Gabriel Boric será investido Presidente de la República, con lo cual habrá terminado un virtuoso ciclo político que transformó el país, hasta convertirlo en el más próspero de Latinoamérica. Sin embargo, la revolución de octubre, desconociendo todo lo obrado, logró implantar la idea de refundar Chile, utilizando para ello una agresiva retórica, destinada a terminar con el modelo más exitoso de nuestra historia, escribir una nueva Constitución y hacerse del poder en las urnas.

Hasta ahora, lo que está siendo aprobado en la Convención Constitucional está demostrando que los octubristas están logrando su propósito refundacional, pues de aprobarse el nuevo texto, la institucionalidad actual será irreconocible. Desde la definición del tipo de Estado que somos en la actualidad, todo se está cambiando, ya que pasaríamos a ser un estado plurinacional en donde probablemente se definirán 11 naciones originarias, el pueblo tribal afrodescendiente y los chilenos, con diferencias en el tratamiento, derechos y reconocimientos a esos pueblos.

Además, se proponen cambios en el sistema político, en la administración de justicia, que ya no será igual para todos pues se reconoce que será ejercida por los tribunales y las autoridades de los pueblos indígenas; o sea, dos justicias distintas según el origen étnico de cada cual. Y el ecocentrismo logró aprobar los derechos de la naturaleza y los animales, con todas las complejidades que esto implica.

Se pueden llenar páginas y páginas con lo que está siendo aprobado en la Convención para demostrar que la refundación de Chile pretendida por los revolucionarios de octubre está en marcha aceleradamente, sin contrapeso, pues además, los debates casi no existen y quienes se oponen a lo que la mayoría de la izquierda dominante de la convención desea aprobar, son funados y cancelados.

Pero en cinco días más, habrá otra variable más relevante aún que considerar, pues tendremos un nuevo gobierno, del cual todavía no sabemos cuáles serán sus prioridades legislativas, como enfrentarán la violencia, el problema del orden público, el terrorismo, el narcotráfico y el robo de madera en la macrozona sur; qué pasará con los TLC, con el TPP11, etcétera.

Pero más importante aún será conocer cuál será el modelo económico que querrán imponer, pues el futuro Presidente solía decir que “si Chile fue la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica, también será su tumba”.  De ser así, de enterrar lo que le ha permitido a Chile distinguirse en el mundo, bueno, tendrán que comunicar prontamente qué significa aquello, pues los agentes económicos, los inversionistas, los propietarios de pequeñas, medianas y grandes empresas no querrán tomar decisiones sin conocer al menos las reglas de juego políticas que prevalecerán a partir del 11 de marzo próximo.

La nueva Constitución se plebiscitará seis meses después de asumido Gabriel Boric, de cumplirse con el itinerario fijado. En esos seis meses, será difícil emprender nuevos proyectos sin saber si se aprobará o no, pues de ganar el apruebo, ni siquiera habrá certeza sobre qué justicia va a imperar en el territorio a invertir. Así es imposible.

Si se le agrega a lo anterior los negativos efectos que ya se están observando en los mercados internacionales por la invasión rusa a Ucrania, con un precio del petróleo a niveles que no se veían hace más de una década y escalando diariamente junto al gas y las materias primas, y con una volatilidad financiera que aumenta según avanza el conflicto, sin duda alguna nuestra economía se verá fuertemente afectada.

Considerando las tres variables antes descritas, el país estará enfrentando un escenario incierto de gran magnitud, por lo que el nuevo gobierno deberá asumir la enorme responsabilidad de generar certezas en el más breve plazo. De lo contrario, las consecuencias podrían ser muy graves.

*Jaime Jankelevich es consultor de empresas

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