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Publicado el 29 agosto, 2021

Jaime Jankelevich: Nos estamos farreando el país

Consultor de empresas Jaime Jankelevich

Si la incertidumbre sobre el futuro del país proveniente de la Convención Constitucional no fuera suficiente, un nuevo frente se viene a sumar a aquello. Las compañías de seguro internacionales pidieron la intervención de Joe Biden para ir al G20 por el tema de los retiros de las AFP y las rentas vitalicias. Pero hay más, lo que nos puede llevar al despeñadero.

Jaime Jankelevich Consultor de empresas
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Qué lamentable las consecuencias que estamos sufriendo por la irresponsabilidad de los parlamentarios de izquierda y también de esos oficialistas que aprobaron los retiros desde las AFP y de las rentas vitalicias. No les importó violar la Constitución, ni el daño al mercado de capitales, ni dejar sin fondos previsionales a millones de chilenos.

Cuando se discutía el tercer retiro y el anticipo de rentas vitalicias, se advirtió latamente que con eso se le provocaría un problema internacional a Chile, porque los fondos eran propiedad de las compañías aseguradoras, con las que los jubilados habían firmado contratos para traspasarles sus fondos, con el compromiso de recibir una renta asegurada hasta el fin de sus días. De nada sirvieron las advertencias y hoy estamos frente a un problema de consecuencias inimaginables.

Como se supo el jueves, la Federación Global de Asociaciones de Seguros envió una carta al Gobernador del Banco de Italia, país que tiene la presidencia temporal del G20, describiendo lo sucedido en el país. Una segunda al presidente del Consejo de Estabilidad Financiera de EEUU y una tercera, por parte del Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida a Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE.UU. Las tres cartas tienen como propósito solicitar a la OCDE y al G20 que critiquen al país, por el uso del ahorro previsional en gasto corriente, para lo cual se le pidió el respaldo al Presidente Joe Biden. 

Entre otros considerandos, las cartas enfatizan “el deterioro del Estado de Derecho y la estabilidad de las inversiones de largo plazo en Chile”. La gravedad de lo expuesto es incalculable. No solo podremos enfrentar juicios internacionales contra el Estado, sino que sufrir un fuerte daño reputacional, que podría ahuyentar a los potenciales inversionistas, para quienes la certeza jurídica y la estabilidad política son factores críticos a considerar antes de invertir en un país.

Pero esto no debe sustraernos de prestar atención a lo que sucede en la Convención Constitucional, donde se han aprobado, entre otras cosas, normas que atentan contra la libertad de expresión, al darle atribuciones sancionatorias a la Comisión de Ética, contra aquellos convencionales que se estime han tenido un comportamiento reprochable, sin explicitar en base a qué criterios se juzgarían ni quiénes lo aprobarían.

Lo grave es que las sanciones van desde la reeducación hasta la suspensión del derecho a voz y voto por 15 días hábiles, lo que sumado a que abstenerse implica no ser considerado votante, facilita alcanzar los 2/3 para aprobar lo que quieran. Y los programas de reeducación, dignos de los regímenes totalitarios que no aceptan voces disidentes, estarán orientados a la formación en “la infracción cometida”, como DDHH, igualdad de género, diversidad cultural o religiosa, etcétera.

Otro pésimo precedente es que en la Comisión de Reglamento se retiró una indicación de Vamos por Chile para incluir en los temas a tratar en la Comisión de Derechos Fundamentales la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos.

Las señales de la Convención son un claro reflejo de las ideas que sustentan quienes tienen los 2/3 para redactar la nueva Constitución, lo que obliga a involucrarnos para intentar influir en lograr que prime la moderación.

Y las que provienen del Congreso no son mejores, porque ahora van por el cuarto retiro, a pesar del grave daño que eso causaría al mercado de capitales, a las pensiones, y también a la causa de Chile ante la acción de las compañías de seguro ante el G20 y la OCDE. Y la otra amenaza es el royalty minero, que de aprobarse como está, se pondría en riesgo nuestra principal fuente de ingresos.

Nos estamos farreando el país. De continuar avanzando esta tendencia, el costo a pagar será muy doloroso.

  1. Juan Enrique Gatica dice:

    alea jacta est

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