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Publicado el 26 de enero, 2020

Jaime Jankelevich: La tiranía de una mayoría

Consultor de empresas Jaime Jankelevich

La aprobación en la Cámara de la acusación constitucional contra el Intendente Guevara es una muestra más de la desconexión con la realidad ciudadana de los parlamentarios acusadores, y demuestra que sus intereses siguen siendo solo político-partidistas, al ejercer lo que yo llamo la tiranía de una mayoría, en función de dichos intereses.

Jaime Jankelevich Consultor de empresas

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Lo sucedido el jueves en la Cámara de Diputados es ilustrativo de lo que significa tener que enfrentar la tiranía de una mayoría. Acusar constitucionalmente al intendente Guevara por haber vulnerado la Constitución en relación con la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad no tiene correlato alguno con la realidad, pero eso a la mayoría opositora no le importa.

La defensa demostró que el intendente aprobó 16 marchas que oportunamente se llevaron a cabo, que es un activo defensor de los derechos que se le acusa violar y que lo que se pretendió con el copamiento era intentar preservar el orden público, lo que tanto le exigen al gobierno, sin que ellos estén dispuestos a condenar enérgicamente la violencia y tampoco a colaborar para que efectivamente dicho orden se pueda restablecer.

Lo que quedó claro es que a los acusadores les daba lo mismo las pruebas que se pudieran presentar a favor del intendente Guevara en contra de lo que se le acusaba, porque como lo expresaron públicamente varios diputados, iban a aprobar el libelo sí o sí, porque al no haber dado sus votos para la acusación contra el Presidente Piñera, habían tenido costos políticos muy altos, por lo que no estaban dispuestos a volver a incurrir en ellos.

Lo que debemos entender entonces es que esta acusación no fue un proceso de ultima ratio, como deben ser por definición estas acusaciones, sino que simplemente una acción política más de la oposición, cuya gravedad reviste en que, al contar con mayoría en ambas cámaras, no les importa interponer acusaciones sin fundamento jurídico, porque tienen los votos para su aprobación y de lo que se trata es de causarle problemas al gobierno para debilitarlo aún más y de paso transmitirle a “la calle” que están de su parte.

Lo lamentable del mensaje que se desprende de esta acción opositora es que, habiendo una mayoría ciudadana que desea vivir en paz, que repudia y está cansada de la violencia y de la incertidumbre que ésta conlleva, ve que sus derechos a la libertad de circulación, de opinión, de preservar su propiedad privada, de uso de los espacios públicos, y a tener una vida normal, están menos protegidos y resguardados que los de aquellos violentistas que les amenazan y que siguen enfrentándose semana a semana con Carabineros, como volvió a ocurrir el viernes recién pasado en plaza Baquedano.

De aprobarse este libelo en el Senado, se habrá consumado una acción política de gravísimas consecuencias para la mantención del orden público, porque quien sea que asuma el cargo de intendente tendrá sobre su cabeza la amenaza que, en cualquier momento, si a la oposición no le agrada alguna medida destinada a frenar la violencia, podrá ser acusado constitucionalmente, destituido de sus funciones e imposibilitado de ejercer cargo público alguno durante cinco años.

La responsabilidad que les cabe a los miembros del Senado entonces, al actuar como jueces, es de esperar que la ejerzan con sentido país y no en función de sus intereses político partidistas, como lo hicieran contra el ministro Chadwick, porque, de lo contrario, la impunidad de la violencia y de los violentistas y el castigo a quienes intentan ponerle atajo se habrá impuesto, lo que sería una pésima señal para el país.

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