Jaime Jankelevich: La responsabilidad del poder
Lo que pasó en Washington el miércoles pasado generó una condena universal a la actuación del Presidente Trump, por haber incitado a sus partidarios a impedir que se declarara legalmente a Joe Biden presidente electo. Cuando quienes investidos de poder lo ejercen irresponsablemente o en función de sus intereses, ocurren situaciones como las del Capitolio.
Que en la principal democracia del mundo el Presidente en ejercicio de uno de los cargos más poderosos e influyentes incitara a sus partidarios a salir a las calles a protestar para tratar de impedir que el Congreso ratificara el triunfo de su adversario, nos demuestra lo grave que puede resultar que quienes están investidos de poder, actúen, ya sea por acción u omisión, de manera irreflexiva e irresponsable. El asalto al Congreso era algo inimaginable en EE.UU., pero ocurrió, lo que nos debe hacer reflexionar detenidamente acerca de la responsabilidad con que deben actuar quienes administran el poder.
Por ejemplo, en Chile se condenó transversalmente lo que provocaron las declaraciones de Trump en el Capitolio, pero cuando en nuestro país se cometieron actos muy semejantes a los de Washington, la condena no fue ni categórica, ni unánime ni menos disuasiva, para exhortar a los violentistas a no volver a cometer ese tipo de acciones.
Tampoco se condenan las omisiones de quienes, ejerciendo en cualquiera de los tres poderes, no actúan acorde con la responsabilidad que por mandato constitucional están obligados a tener. Por ejemplo, el artículo 19, N° 15, inciso quinto, dice que son inconstitucionales los partidos, grupos u organizaciones que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política, y el TC deberá declarar esta inconstitucionalidad.
Acaso el PC, al llamar a rodear la convención constituyente, amenazando su funcionamiento, ¿no está propugnando e incitando a una acción violenta con fines políticos? ¿No es acaso una irresponsabilidad por omisión permitir que un partido amenace a todo un país con el uso de la violencia y no tenga ninguna consecuencia el hacerlo?
La Constitución también garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Pues bien, ¿quién responde por las vidas de la familia Luchsinger y del agricultor Orwal Casanova en manos de mapuches violentistas? ¿Que responsabilidad asumen en conjunto los tres poderes del Estado, que no han sido capaces de resolver lo que hace muchos años ya afecta gravemente la macrozona sur?
Chile es un Estado unitario según la Constitución. Pues bien, en la comunidad Temucuicui no lo estiman así, y lo demuestra la grave emboscada con francotiradores y armamento pesado que esperaba a los 800 funcionarios de la PDI que tenían una orden judicial de allanar casas y detener personas, teniendo que retirarse del lugar sin lograr su objetivo, lamentando la muerte del Inspector Luis Morales Balcázar y varios heridos. ¿En quienes recae la responsabilidad de permitir que esto siga ocurriendo?
Por último, ¿es responsable que diputados del FA, PC y PS presenten un proyecto para derogar leyes sancionadoras de saqueos y barricadas, otra que permite el control de identidad y la propia ley de seguridad interior del estado? ¿Es responsable que desde la Presidencia del Senado pretendieran amnistiar a los violentistas detenidos por los actos vandálicos de octubre?
Es muy fácil hacer declaraciones condenatorias a distancia, rasgando vestiduras sobre la irresponsabilidad de un mandatario extranjero, pero cuando acá, quienes están investidos de poder para actuar, irresponsablemente no ejercen las acciones a las que están mandatados, no pasa nada. No hay declaraciones condenatorias, no hay cambios y las cosas siguen ocurriendo sin que haya reacción alguna.
El concepto de accountability no está contemplado en el Estado chileno y es por eso que resulta mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, como queda demostrado.
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