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Publicado el 13 de octubre, 2019

Jaime Jankelevich: La certeza jurídica en jaque

Consultor de empresas Jaime Jankelevich

La contienda de competencia que generó el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional pone en jaque la certeza jurídica que se requiere para el normal funcionamiento del país, al no existir seguridad para quienes recurran al TC sobre qué tribunal dictará la sentencia definitiva.

Jaime Jankelevich Consultor de empresas
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Parto declarando que no soy abogado y que no pretendo elaborar alguna hipótesis de cómo resolver una contienda de competencia entre dos tribunales. Pero me animo a escribir sobre este tema simplemente porque percibo, como ciudadano, el daño que esto puede ocasionarle al país.

Para no entrar en detalles técnico-legales, baste decir que la doctrina elaborada por el juez Muñoz implica: que los fallos del TC pueden ser sometidos a revisión por parte de la Corte Suprema mediante recursos de protección y ser los jueces de este tribunal los que determinen si dicho fallo les parece adecuado o no, según su propia interpretación de la ley. Es decir, que sea la Corte Suprema, quien tenga la última palabra.

Siendo el TC un tribunal autónomo, lo que generaría la doctrina del juez Muñoz, en caso de imperar, es justamente afectar dicha autonomía, y de paso, otro conflicto, cual es la interpretación que en la Corte Suprema se pudiera hacer de una sentencia del Tribunal Constitucional, al límite de decidir por ejemplo que algo declarado inconstitucional por el TC, se deje sin efecto por la sala en que se vea un recurso sobre dicha materia.

A veces ocurren hechos en que pareciera que quienes los provocan no pensaron en las consecuencias de sus decisiones, más allá del poder adicional que dichas decisiones les puedan otorgar. Me parece que es el caso de lo sucedido en la tercera sala de la Corte Suprema.

Digo esto porque, si en materias tan complejas como las que decide el TC, los requirentes no saben ex-ante que los fallos de dicho tribunal se van a respetar, entramos de lleno en un terreno de incertidumbre total que se torna intolerable, porque si va a predominar el criterio interpretativo de un juez sobre la ley o la Constitución, esto traería consigo una absoluta sensación de que en el país no existe certeza jurídica, con la gravedad que eso implica.

Solo para ilustrar el punto, podría ocurrir por ejemplo que, si el TC declarara inadmisible el retiro de fondos de las AFP, o inconstitucional el proyecto de las 40 horas laborales, dichos fallos se recurran ante la Suprema y ésta deje sin efecto dichas sentencias. Situaciones como esta dejarían al TC en una situación insostenible y al país en un cuestionamiento total de su estructura jurídico constitucional, que solo puede causarnos mucho daño tanto interno como externo, al perderse la confianza en nuestro ordenamiento institucional.

Es suficiente con la incertidumbre que genera la guerra comercial sino-norteamericana en el desarrollo de nuestra economía, como para agregarle incerteza jurídica a la ecuación. Esto sería de una irresponsabilidad total, que como país pagaríamos muy caro, y de lo cual nos costaría mucho recuperarnos.

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