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Publicado el 16 de diciembre, 2018

Jaime Jankelevich: La agenda oculta del Pacto Mundial para la migración

Consultor de empresas Jaime Jankelevich

El Pacto Mundial para la migración que Chile no firmó tiene un agenda propia pero se basa en una segunda, la llamada agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En América Latina es la Cepal la responsable de la misma, desde donde llama a cambiar el estilo de desarrollo, poniendo la igualdad y la dignidad en su centro.

Jaime Jankelevich Consultor de empresas
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La llamada agenda 2030 para el desarrollo sostenible incluye 17 objetivos y 169 metas. Chile es signatario desde 2015, lo que ocurrió bajo el gobierno de Bachelet. En un documento de la Cepal titulado Horizontes 2030, este organismo expresa su visión, donde considera a la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Es el mismo modelo de Naciones Unidas que aplicó Bachelet en el gobierno pasado, y bien sabemos el daño que le causó al país. En el punto 6 del Pacto Mundial para la Migración se expresa claramente que está basado en la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba.

Ahora bien, el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular se ha presentado a la opinión pública como una iniciativa que tiene como propósito cumplir un conjunto de 23 objetivos, los que aparentan ser simples de lograr. Sin embargo, lo que no se ha informado adecuadamente es que bajo cada uno de dichos objetivos, hay un compromiso a cumplir, y bajo cada compromiso se especifican las acciones que cada estado deberá implementar para su cumplimiento. Lo anterior conduce a que de los 23 objetivos surgen 52 compromisos, y de estos 52 compromisos, se especifican 209 acciones a realizar para cumplir con lo propuesto por parte de los estados signatarios. Cuando se analizan en detalle estas 209 acciones, es fácil concluir que, de firmar el Pacto, Chile tendría que someter gran parte de su política interna al control de los organismos internacionales ligados a Naciones Unidas, cediendo así soberanía.

Las exigencias de este tratado en relación a los migrantes incluyen acciones a realizar, además de desarrollar una gran burocracia adicional para hacerse cargo de todo lo demandado por este Pacto, al igual como se hará también en Naciones Unidas.

Y esto es así, pues las exigencias de este tratado en relación a los migrantes incluyen acciones a realizar, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en educación -proveer educación para toda la vida- en el ámbito laboral, control y vigilancia en el sector de la contratación de personal, normas judiciales especiales, control de las detenciones de los migrantes por organismos de DDHH, incluso en temas financieros relacionados a la elaboración de programas específicos para la creación de empresas, transferencia de remesas, etc. Y esto no es todo. Hay cientos de otras exigencias que involucrarían además, desarrollar una gran burocracia adicional para hacerse cargo de todo lo demandado por este Pacto, al igual como se hará también en Naciones Unidas.

Se dice que no es un pacto vinculante, pero ahí está la trampa, porque en la gran mayoría de las cláusulas, se exige cumplir, entre otros, con temas sobre igualdad de género, derechos humanos, normas y reglas laborales de la OIT, establecer oficinas para que los migrantes puedan denunciar y donde deberán ser asistidos por abogados, por lo que cualquier incumplimiento de algún compromiso, podrá ser denunciado a los organismos correspondientes de Naciones Unidas ligados a estas obligaciones, como por ejemplo la Corte Interamericana de DDHH, cuyas resoluciones sí son vinculantes.

¿Tiene que invertir el Estado en educar a los periodistas? ¿O es más bien ejercer un control sobre la información y la libertad de expresión?

Solo para ilustrar mínimamente lo intrusivo que es el Pacto, en el objetivo 17, cual es eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración, la cláusula c del compromiso N° 33 dice: “Promover un periodismo independiente, objetivo y de calidad, incluida la información publicada en Internet, por ejemplo, sensibilizando y educando a los profesionales de los medios informativos sobre las cuestiones y la terminología relacionadas con la migración, invirtiendo en normas y publicidad sobre la ética del periodismo, y dejando asignar fondos públicos o apoyo material a los medios de difusión que promuevan sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación contra los migrantes, pero respetando plenamente la libertad de los medios de comunicación”. ¿Es esto función de la burocracia? ¿Tiene que invertir el Estado en educar a los periodistas? ¿O es más bien ejercer un control sobre la información y la libertad de expresión?

Es totalmente razonable que el gobierno haya decidido no concurrir a su firma, pues no necesitamos de la burocracia internacional para que nos impongan la forma en que debemos manejar las migraciones y menos que sean un órgano externo de control de la gestión y soberanía del país.

La oposición ha criticado duramente al gobierno por no firmar este pacto. Curioso digo yo, porque, por ejemplo, el objetivo 10 del mismo es prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional. Pero si esto fue lo que nunca ocurrió en el gobierno de Michele Bachelet. Era de conocimiento público que todos los días llegaban vuelos charter desde Puerto Príncipe con haitianos a quienes se les prometía un contrato falso de trabajo, constituyendo el tráfico de personas más ampliamente reconocido en Chile y el gobierno de la Nueva Mayoría nunca hizo nada para evitarlo. ¿Y ahora rasgan vestiduras?

Entre la agenda 2030 manejada por la Cepal en Latinoamérica, que pretende un cambio centrado en la igualdad y la dignidad como el nuevo modelo de desarrollo, y la agenda contenida en el pacto mismo de migraciones, es totalmente razonable que el gobierno haya decidido no concurrir a su firma, pues no necesitamos de la burocracia internacional para que nos impongan la forma en que debemos manejar las migraciones y menos que sean un órgano externo de control de la gestión y soberanía del país. Por algo EE.UU., Australia, Austria, Italia, República Checa, Estonia, Bulgaria, Bélgica, Israel, Hungría, República Dominicana y Chile decidieron no firmarlo. El 19 de diciembre se resolverá su destino en las NU, donde esperamos que Chile mantenga su postura actual.

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

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