Una vez más, Temucuicui es foco de atención nacional, y no precisamente por buenas noticias. Lo sucedido el martes a la ministra del Interior Izkia Siches fue gravísimo y afortunadamente no terminó en algo que podría haber causado una tragedia, como lo ocurrido en enero del año pasado, cuando la PDI intentó entrar en la misma comunidad y asesinaron a mansalva al Inspector Luis Morales Balcázar.

Mucho se ha comentado ya si fue algo mal organizado, si hubo improvisación o no, pero de lo que no se ha hablado es sobre el hecho que el gobierno, al no estar dispuesto a presentar una querella contra la Resistencia Mapuche Malleco-grupo que adjudicó la autoría del atentado- les otorga impunidad, decisión que provoca múltiples y negativas consecuencias.

La primera de todas radica en el hecho que cuando se les comunica a quienes cometen actos de terrorismo que no se ejercerá acción alguna para sancionarlos, se sienten seguros y motivados de poder seguir ejerciendo libremente la violencia pues nada les pasará.   

Otra negativa consecuencia de dicha decisión es que se les está comunicando a estos señores que el Gobierno acepta que en Chile haya zonas donde se impida por medios violentos la libre circulación de personas, incluso a la segunda autoridad del país, violando además un derecho que está expresamente garantizado en la Constitución vigente.

Y algo más grave aún, es que el gobierno le permita a un grupo violentista seguir auspiciando impunemente en la macrozona, la inexistencia del Estado de Derecho, al no ejercer acciones contra ellos. 

Este episodio da cuenta una vez más que Temucuicui es un territorio de nuestro país donde el Estado no se atreve a ejercer todo el rigor de la ley, donde existen prófugos de la justicia, droga, narcos, armas y donde la libre circulación está impedida. 

Y a raíz de lo sucedido con la ministra Siches, una convencional, Rosa Catrileo, miembro de los escaños reservados, sugirió que no sería malo una visa para entrar al “país mapuche”, como si fuera un estado dentro de Chile. Es una señal de alerta con respecto al tema de las autonomías territoriales indígenas, pues el día de mañana se les podría ocurrir exigir pasaporte para circular en esos territorios, como lo insinúa esta convencional.

Si a todo esto le sumamos que el gobierno decidió poner término al Estado de Excepción Constitucional en la macrozona, una vez que expire el plazo de vigencia actual, bueno, la señal es aún más grave, porque se van a retirar patrullajes y los terroristas que asolan en la macrozona, se sentirán con mayor libertad aún, para seguir ejerciendo violencia ad libitum.

Lamentablemente, las señales con las que ha partido el gobierno generan inquietud. Primero fue el retiro de 139 de las 146 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, porque según la ministra de Justicia Marcela Ríos, “hubo un uso indiscriminado e injusto de la aplicación de esta ley, en la mayoría de los casos, contra delitos comunes”, no descartando que retiren otras que están en las carpetas.  

Enseguida vino lo de Temucuicui y la abstención de querellarse, a lo que hay que agregar que la ministra Siches y el ministro Jackson hablaron de la existencia de “presos políticos mapuches”, lo que ajustado a la verdad y con toda razón fue refutado por el subsecretario del Interior Mario Monsalve. 

Todo esto en menos de una semana de iniciado el actual gobierno. Si se siguen entregando señales de tolerancia con la violencia, renunciando a perseguir y sancionar a los responsables, las consecuencias las sufrirá la mayoría del país que ve con preocupación cómo se fomenta la impunidad. 

*Jaime Jankelevich es bioquímico, consultor.

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