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Publicado el 30 mayo, 2021

Jaime Jankelevich: El país que no queremos

Consultor de empresas Jaime Jankelevich

El miércoles pasado, en la Comisión de Seguridad del Senado, los senadores Huenchumilla, Insulza y Quintana aprobaron la idea de legislar el proyecto que permitiría liberar, vía un indulto, a los violentistas detenidos en octubre de 2019. Si llegase finalmente a aprobarse dicho proyecto, habría graves consecuencias que lamentar.

Jaime Jankelevich Consultor de empresas
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Felipe Kast e Iván Moreira fueron los senadores oficialistas que se opusieron firmemente a la idea de legislar este proyecto, que ingresó al Senado en 2020 como iniciativa de la expresidenta de la corporación, Adriana Muñoz, de la actual titular Yasna Provoste y de los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende y Alejandro Navarro.

Fue tal la controversia que surgió en esos días que la iniciativa se congeló hasta ahora, pero volvió a tomar fuerza después de la elección del 16 y 17 de mayo, por lo que constituyentes de la Lista del Pueblo y miembros del PC han protestado en las calles para que se apruebe.

No me voy a referir a esas protestas callejeras, pues no sorprenden, pero sí considero necesario detenerse en lo ocurrido en la Comisión de Seguridad, pues reviste especial gravedad, dado que si se llegase a aprobar un indulto o una amnistía a los violentistas, estaríamos frente a una situación inédita y de consecuencias insospechadas.

De aprobarse este proyecto, el Congreso le estaría informando al país que por imposición de una mayoría, decidió avalar la violencia como método de acción política, y además, que dicha mayoría está dispuesta a brindarle impunidad a quienes la ejerzan. Adicionalmente, que una mayoría no respeta la separación de poderes del Estado establecida en la Constitución, pues está dispuesta a atropellar la autonomía del poder judicial, asumiendo funciones propias de los jueces, quienes son los únicos con atribuciones para juzgar la inocencia o culpabilidad de quienes están siendo sometidos a juicio.

Aunque parezca exagerado, ese sería el mensaje que desde la DC hasta el PC, pasando por el FA, se le estaría comunicando al país, y de ser así, estaríamos enfrentando un atentado contra las bases mismas de la democracia.

Si esto lo proyectamos a la Convención Constituyente, donde hay una mayoría ideológicamente afín a la que está actuando en el Congreso, bueno, hay que tomar conciencia del riesgo que Chile está asumiendo, producto de una radicalización de las posiciones políticas y del escaso respeto a la institucionalidad vigente, lo que por cierto no es lo que el país necesita para progresar, ni tampoco lo que una inmensa mayoría de chilenos desea.

Pienso que un número muy mayoritario aspira a vivir en libertad; a no retroceder en su calidad de vida; a tener acceso al trabajo y seguir progresando; a decidir cómo educar a sus hijos; a poder emprender libremente y vivir en un país donde no tengan cabida los extremismos; donde se respete a las minorías, y donde la moderación, la intolerancia a la violencia y el respeto por las instituciones y las reglas sea consubstancial a nuestra existencia.

Igualmente pienso que esa misma mayoría ciudadana desea una Constitución moderna, alejada de los extremos, moderada, que, sin entrar en detalles, sea realmente un texto consensuado y aceptado por todos.

Los extremismos radicales, la violencia como método de acción política, el no respeto a la institucionalidad y el deterioro de la democracia, son males que solo destruyen y de los que cuesta muchos años recuperarse. No es ese el país que queremos y es por eso que reviste especial gravedad que se vaya a aprobar en el Congreso un indulto a los violentistas.

Los senadores y diputados de oposición en ejercicio tienen la palabra; o se inclinan por la primacía del Estado de Derecho o se convierten en cómplices de la violencia como método de acción política, avalando su impunidad.

El país espera su decisión.

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