Para la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la primera acepción de la palabra complicidad es “que manifiesta o siente solidaridad o camaradería. Un gesto cómplice”. 

Lo que hemos presenciado durante la semana que termina son manifestaciones de solidaridad o camaradería hacia quienes han cometido gravísimos actos de violencia, por los que están condenados y presos, y por quienes el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para dejarlos en libertad.

Es impresentable ante la ciudadanía que el gobierno aplique suma urgencia al proyecto de indulto a los presos que están condenados por la violencia ejercida durante la revolución de octubre. La razón para hacerlo según el ministro Jackson es que para el gobierno es importante por razones de DDHH -de los violentistas- pero como no están los votos para aprobarlo y el gobierno lo sabe, a los senadores socialistas esto les pareció inaceptable y lo enfrentaron duramente, haciéndole sentir todo el peso del poder del cual dispone el PS.

Tal es así que el senador socialista Fidel Espinoza acusó al ministro Giorgio Jackson de exponer al Senado ante la ciudadanía porque no están los votos para que la iniciativa de indulto prospere e incluso lo desmintió que eso estuviera consensuado. Pero, hasta el momento de escribir esta columna, la urgencia seguía en pie y el proyecto se debería tramitar.

La pregunta entonces es, ¿a quién está amparando el gobierno? A las víctimas de esa brutal violencia está claro que no. Está amparando a quienes quemaron el metro, iglesias, edificios, saquearon farmacias, pequeños negocios, supermercados y cuanto se interpusiera a su odio destructivo, con el que asolaron las ciudades y las calles durante la revolución que pretendía derrocar al gobierno democrático de Sebastián Piñera.

Qué otra cosa se puede decir sino eso. Cuando escuchamos hablar a las víctimas de esa violencia, que han sufrido daños morales, psicológicos, económicos y muchos de ellos lo han perdido todo, sin recibir prestación alguna por parte del Estado, y al mismo tiempo ver que se están haciendo todos los intentos para liberar a los culpables, indigna. Indigna y causa perplejidad, porque esto parece el mundo al revés; las víctimas desamparadas y los victimarios recibiendo el apoyo del Gobierno para que salgan en libertad.

Si eso no es una manifestación de solidaridad y camaradería; o sea, complicidad con los violentistas y su violencia, ¡que es entonces!

Pero no es todo. En la Araucanía pasó otro hecho igual de grave, cual es el otorgamiento del beneficio carcelario de salida dominical y trimestral a los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados a 18 años de cárcel por su participación en el brutal crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. Estos presos mantenían una huelga de hambre para exigir estos beneficios, los que durante el gobierno pasado nunca les fueron concedidos.

¿Por qué ahora sí? ¿Qué cambió en tan corto tiempo? ¡El gobierno! Y la decisión es de un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Es por eso por lo que existe la convicción que la decisión fue influenciada por razones políticas, y desde el Congreso se están solicitando los expedientes para ver si realmente existían causales técnicas para aprobarlas. De no haberlas, sin duda, el gobierno tendrá que dar explicaciones.

¿No es inmoral causarle a la familia Luchsinger Mackay un nuevo dolor, al otorgarle beneficios carcelarios a estos despiadados asesinos de su familia, y sobre todo si se comprueba que fue mediado por influencias políticas?

Manifestar o sentir solidaridad con los violentistas y su violencia es complicidad, tal como lo define la RAE. El gobierno tiene que decidirse. O está con las víctimas o con los victimarios. Pero con ambos no se puede estar.

*Jaime Jankelevich es bioquímico, consultor.

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