En la semana que terminó, el Congreso aprobó una ley que le otorga facultades especiales al Servel para decidir las medidas que estime conveniente que garanticen la realización del plebiscito con plena seguridad sanitaria. Pero, con justa razón, el director Patricio Santa María dice que sería injusto que los culparan por un rebrote, pues es justamente en el tema sanitario donde surgen todas las dudas para su ejecución.
Por ejemplo, a las comunas que permanezcan en cuarentena se les otorgaría permiso especial para que concurran a votar, porque estaría garantizada su seguridad sanitaria. Pero ¿quién puede afirmar con certeza que no se va a correr riesgo alguno? El número de test PCR, siendo alto, es algo mayor a 30.000 diarios, pero serían millones los que concurrirían a votar, y por ende, las posibilidades que haya personas contagiadas aún asintomáticas en los lugares de votación son tan altas como las existentes en condiciones normales de circulación.
Otro tema es el de los mayores de 75 años, que por ser la cohorte de mayor riesgo, se los ha obligado a permanecer confinados en sus hogares durante meses, hasta que finalmente, hace muy poco, los autorizaron a salir 1 hora al día, a dos cuadras alrededor de sus viviendas. Pero para el plebiscito se les dirá que pueden ir con toda seguridad a votar. ¿Qué sentido tiene entonces haberlos mantenido en cuarentena estricta para evitar contagiarse, si ahora les dicen que podrán ir a cumplir con su deber cívico con absoluta tranquilidad, siendo que incluso circularían contagiados?
Finalmente, es paradójico, que el 16 de marzo, habiendo tan solo 155 casos de Covid-19, ya estaba redactado el decreto para suspender el plebiscito del 26 de abril por razones sanitarias; pero ahora, cuando hay sobre 15.000 pacientes activos con Covid; o sea, cuando hay prácticamente 100 veces más casos activos que en marzo, hasta la propia Izkia Siches dice que están las condiciones sanitarias para hacerlo. ¿Cómo entender esto?
La razón para renegar de las convicciones que llevaron a la suspensión del plebiscito en abril, lamentablemente, es exclusivamente política. Lo que se pretende es que la consulta se realice a todo evento, aún habiendo muchas comunas y millones de ciudadanos en cuarentena, porque la izquierda, a la luz de lo que dicen las encuestas, quiere convertir el resultado de la votación en una demostración de rechazo al gobierno, incluso pretendiendo convertirlo en un plebiscito revocatorio, lo que no tiene nada que ver con el real sentido de lo que se acordó el 15 de noviembre de 2019.
No es casualidad que recién asumido el nuevo gabinete, la oposición haya declarado que se instaló “el gabinete del Rechazo”. No porque reflejara la realidad, sino que para dejar establecida la justificación de lo que pretenderían decir el 26 de octubre o incluso el mismo 25, de confirmarse las encuestas: que demuestra el fracaso del gobierno, e incluso los más radicales, que renuncie el Presidente.
No debemos olvidar que hay un porcentaje relevante en la centro derecha partidarios del Apruebo, incluso un número importante de ministros. Por lo tanto, si la izquierda pretendiera adueñarse del resultado para deslegitimar al gobierno, no hay que dejarse engañar. El plebiscito no tiene nada que ver con la gestión gubernamental. Pretender lo contrario es antidemocrático, inadmisible y de un maniqueísmo inaceptable.