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Publicado el 21 de marzo, 2020

Jaime Jankelevich: 7 de junio de 2022

Consultor de empresas Jaime Jankelevich

Casi tres años después del estallido del 18-O, este domingo 7 de junio de 2022 se votará si se aprueba o no la nueva constitución elaborada por el órgano constituyente. Este largo proceso, sumado a la pandemia, causó gran incertidumbre en los agentes económicos, impactando fuertemente en el empleo, dada la fuerte caída en la inversión y el crecimiento.

 

Jaime Jankelevich Consultor de empresas

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Hoy domingo 7 de junio de 2022, los chilenos estamos llamados a concurrir a las urnas para decidir acerca de la nueva Carta Magna que después de largos 12 meses, el órgano constituyente somete a la voluntad del pueblo. El trabajo de la convención tuvo que alargarse hasta el máximo acordado, por no haber podido llegar a acuerdos en diferentes materias, en los nueve meses originalmente contemplados.

Lamentablemente, como muchos analistas lo han comentado, la incertidumbre causada por la violencia a partir del 18-O de 2019 y que fue en aumento con la pandemia del Coronavirus, incidió negativamente en la economía, que ni siquiera las medidas adoptadas por el Gobierno pudieron paliar. Y esto se debió, fundamentalmente, porque a la caída en la inversión, influenciada por la falta de certeza jurídica provocada por el cambio constitucional, se agregó la crisis de oferta y demanda causada por el covid-19, que impactó fuertemente en todo tipo de empresas, pero especialmente en las pymes, por los efectos de la inevitable cuarentena.

Haciendo un análisis retrospectivo, uno se pregunta, por qué los miembros del congreso, que fueron mandatados por sus votantes en las elecciones para que representaran sus ideas y necesidades, abdicaron de esa representación y, lavándose las manos, optaron porque fuera el electorado el que decidiera algo tan crítico como la Carta Magna.

También cabe preguntarse si no pensaron en las consecuencias que traería el insistir en realizar el plebiscito del 2020 para iniciar el trabajo de la convención en junio de 2021, cuando ese mismo año en noviembre hubo que elegir Presidente, quien juró en marzo de este 2022 con la constitución del 2005, pero sin saber si podrá seguir en el cargo, en caso de aprobarse hoy 7 de junio la nueva, pues propone cambiar el sistema de gobierno a uno semi presidencial.

Revisitando las decisiones tomadas, cabe preguntarnos cómo es posible que hayan actuado con tanta improvisación y no se hayan detenido a pensar muy bien lo que había que hacer, porque cuando se produjo la pandemia y se declaró estado de catástrofe, cambiaron todas las fechas de elecciones, sin detenerse a examinar los problemas que podrían traer esos cambios.

El Congreso tenía todas las facultades para haber reformado la Constitución. La misma norma de la aprobación por 2/3 la contemplaba la Constitución de 2005. Si en lugar de mantener al país en la incertidumbre hasta hoy 7 de junio de 2022, hubieran ejercido su rol de representantes y no abdicado de su mandato, al menos habríamos estado libre de la incerteza jurídica extendida al 2022 que contrajo fuertemente la inversión, generó un alto desempleo y causó un profundo deterioro de la economía, ya agravado por la pandemia del coronavirus.

Pero estamos a marzo de 2020 y aún es tiempo para que esta insensatez se pare y se proceda a reformar la Constitución por los medios que permite la actual Carta Magna y así evitarle al país, casi tres años de incertidumbre.

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