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Publicado el 06 de noviembre, 2018

Jacqueline Deutsch: ¿Es necesario modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente?

Mirando en retrospectiva, los números sí arrojan una disminución en el porcentaje de menores de 14 años que han participado en hechos delictuales desde el establecimiento de la Ley 20.084. Proporcionalmente ha disminuido la participación, pero casi la mitad de los delitos cometidos hoy en día son realizados por niños ex Sename.

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La semana pasada, seis jóvenes asaltaron en pleno día una elegante tienda en el Distrito del Lujo en el Parque Arauco. Huyen con cien carteras de un valor aún no revelado. Luego de una larga persecución en automóvil, la policía logra reducirlos. El conductor del auto, un Audi también robado, es un menor de 12 años.

 

En agosto pasado, se lleva a cabo un gravísimo asalto en la comuna de La Reina. La dueña de casa resulta muerta. La edad del asaltante, 13 años.

 

Ambos hechos delictuales tienen un factor común y muy preocupante. Se trata de menores de edad, específicamente, menores de catorce años, por lo tanto, son inimputables ante la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que entró en vigor el año 2005. Es inevitable, aunque la mayoría solo conozcamos estos dos hechos (lo cual no es suficiente justificación para modificar ninguna ley), que la ciudadanía se cuestione su modificación, disminuyendo a 12 años la edad para ser imputado.

 

En un intento por entender si esto es o no una medida útil y necesaria, revisé la discusión de la época. Lo primero que hay que recordar es que esta ley nace porque por primera vez en Chile se establece un sistema penal especial para adolescentes respecto a ilícitos cometidos entre los catorce y dieciocho años. Se asumía que los menores de edad actuaban sin discernimiento, es decir, no sabían lo que hacían o bien no estaban conscientes de las consecuencias de sus actos. Se cambia a un enfoque de justicia “juvenil” con énfasis en la reinserción, responsabilización y rehabilitación.

 

Para lograr estos objetivos, es indudable que todos los actores participantes deben tener una idea acabada de cada uno de los adolescentes infractores de la Ley. Para proteger el sano desarrollo mental de los jóvenes, se debe evitar que vayan a la cárcel y tomen contacto con un ambiente que los pueda inocular de “malas ideas”, entonces, para lograr el objetivo de las labores de reinserción social, son enviados al Sename.

 

Mirando en retrospectiva, los números sí arrojan una disminución en el porcentaje de menores de 14 años que han participado en hechos delictuales desde el establecimiento de la Ley 20.084. Proporcionalmente ha disminuido la participación, pero casi la mitad de los delitos cometidos hoy en día son realizados por niños ex Sename… Entonces, ¿cuál es el propósito de disminuir la edad de imputabilidad si estamos encerrados en un sistema que lo único que ha logrado es la vulneración de los derechos humanos de los niños?

 

Además, para oscurecer aún más este panorama, en un estudio realizado en 24 países, los niños menores de 6 años en Chile tienen la peor salud mental; entre el 20 y 25% arrojan los resultados. Lamentablemente, somos el segundo país de la OCDE, después de Corea, con la tasa más alta de suicidio adolescente.

 

Suma y sigue con la violencia escolar. En fin, son tantas las áreas gravemente deficitarias, que gastar recursos y tiempo en modificar una ley me parece un despropósito. Un cambio legislativo no traerá ningún resultado positivo hasta que se desarticule toda esta maquinaria perversa que nos ha llevado a los resultados que todos observamos, no importa del lado de la vereda en que estemos. Hacer cambios como el implementado por el Gobierno en cuanto a las visitas de los padres a los hijos que se encuentran en el Sename, o instituciones asociadas, son los que sí apuntan en la dirección correcta.

 

 

FOTO.JAVIER SALVO/AGENCIAUNO

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