Hace exactamente una semana la ministra del Interior trató de ingresar a la comunidad de Temucuicui para iniciar un diálogo con las comunidades de la denominada zona roja del conflicto mapuche. Dicha tratativa se inserta en un cambio de estrategia que el actual gobierno quiere instaurar respecto de la relación del Estado con los pueblos indígenas de Chile, marcada en los últimos años por una serie de hechos dolorosos a propósito de reivindicaciones de tierras que personas y comunidades indígenas reclaman legítimamente desde hace muchísimo tiempo.

A pesar de que durante toda la historia de nuestra República diversos representantes políticos indígenas han intentado entenderse con el Estado, los esfuerzos han sido infructuosos. Hace 30 años se dio inicio a una nueva etapa, en la cual el Presidente Aylwin estableció las bases de un nuevo entendimiento con la finalidad de reflejar la riqueza multicultural de nuestro país. Lamentablemente las políticas públicas diseñadas con ese objetivo fracasaron rotundamente, al punto de haber generado un escenario como el actual, con lugares del territorio nacional que se declaran independientes, sin reconocer la autoridad de los poderes del Estado de Chile.

En este contexto, el gobierno del Presidente Boric intenta dar una vuelta de tuerca a dicho derrotero, evitando hacer las mismas cosas que se han venido haciendo sin éxito, para resolver uno de los grandes problemas (si no el más importante) que nuestro país tiene en la actualidad. Aciertan las nuevas autoridades en el fin, pero yerran en los medios y en los actores involucrados.

Como se ha sostenido por algunos, este problema tiene naturaleza política y por lo mismo los mecanismos de resolución también deben ser políticos. Por eso, el gobierno se equivoca de manera rotunda al iniciar este camino, pues los tiempos, los interlocutores y los responsables para llevar a cabo un diálogo político no son los adecuados.

El mismo error comete la Convención Constitucional, con sus ansias desmedidas de querer refundarlo todo, al aprobar normas referidas a pueblos indígenas sin cumplir, siquiera, con la obligación mínima de llevar a cabo una consulta en conformidad al Convenio 169 de la OIT. 

Este no es un problema que vaya a resolver un gobierno por sí solo, sino que el llamado a hacerlo es el Estado y para aquello se requiere que previamente sus tres poderes, incluido el Poder Judicial, diseñen y acuerden una estrategia mediante consensos amplios, sin excluir a ninguna fuerza política a priori y, además, que en dicho diálogo participen líderes que representen a las miles de comunidades indígenas que son dialogantes y que están interesadas en resolver el conflicto.

Esta es una empresa gigantesca que requiere una solución de política pública que aborde todas caras del conflicto con seriedad. Si no entendemos esto, el Gobierno corre el riesgo de que le pase lo mismo que a la Convención Constitucional y terminemos poniendo (una vez más) la carreta delante de los bueyes.

*Iván Cheuquelaf Rodríguez es abogado.

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