Isabel Plá: ¿Migrar al Chile de los 30 años, los 30 pesos y la Constitución de Pinochet?

Por estos días enfrentamos otra crisis en una comuna de la frontera norte del país. Miles de familias, venezolanas en su mayoría, intentan ingresar por pasos ilegales, después de cruzar América en condiciones extremas y sometidas al abuso de bandas que negocian con sus angustias y el sueño de un destino mejor.

Partamos por reconocer que Chile necesitaba modernizar su legislación, incorporando los mismos estándares migratorios que aplican desde hace ya muchos años en los países más desarrollados. Era no solo un derecho del país, en el ejercicio de su soberanía, sino también una obligación. Nos afecta hoy la crisis económica más dura en décadas y ciertamente no estamos en las condiciones de recibir una nueva ola migratoria, sin regulación ni control.

Dicho lo anterior y cuando más de un millón de colombianos, venezolanos, haitianos, peruanos, etc., han llegado en los últimos años a vivir a Chile, llegó la hora de hacernos la pregunta que cae de cajón, especialmente después del 18 de octubre de 2019: ¿A cuál Chile están migrando? ¿Al de “los 30 años”, “los 30 pesos” y la “Constitución de Pinochet”? ¿O a un país de oportunidades, prestaciones sociales, instituciones y libertad?

Como los hechos suelen superar a cierta retórica política, admitamos que los migrantes vienen a un Chile que durante 30 años ha tenido un progreso sostenido, en todos los ámbitos, consolidando una amplia clase media, que salió de la pobreza con su esfuerzo y políticas acertadas. A un Chile con instituciones sólidas, libertades, democracia y en el que está garantizada la igualdad ante la ley.

Y muchísimo antes de convertirnos en uno de los veinte países del mundo con mayor cobertura de la vacuna bendita, esos miles y miles de migrantes han venido a un Chile con salud y educación públicas (aun con todas sus dolorosas debilidades) que hasta hace poco les ofrecía mejores oportunidades de trabajo y emprendimiento que en sus países de origen, derechos laborales, una política de vivienda social. Y, por cierto, a un Chile con relativa paz social (hace un año y medio no habría agregado lo de “relativa”, pero tal y como están las cosas, cabe hacer la mención).

Esa realidad evidentemente no obsta que necesitemos urgentes reformas. Unas para resolver dolores que se arrastran desde hace demasiado tiempo. Y otras que atiendan los cambios que han experimentado el cuerpo y alma de Chile, para enfrentar el futuro con mayores seguridades y tolerancia cero a los abusos que afectan principalmente a los más vulnerables.

Lo cierto es que el país de la desigualdad, un mercado despiadado y que condena a la pobreza salvo a un puñado de privilegiados, ese que ha dibujado un amplio sector de la izquierda en todas las murallas del centro de Santiago, en redes sociales y en los matinales, no es el mismo al que sueñan llegar los migrantes. Y si bien una de las gracias de la democracia es que admite una amplia gama de opiniones, incluso cuando la evidencia dice lo contrario, tenemos derecho a preguntarnos si la visión catastrófica es errada o mal intencionada, o el millón y medio de personas que han pagado tarifas aéreas abusivas, cuando no han caminado miles de kilómetros y saltado montañas para llegar a Chile, se equivocaron de puerta.

Provengo de dos familias migrantes, desde España mi padre y abuelos paternos hace 70 años, y desde Palestina los maternos hace un siglo. Llegaron a un país diferente, con muchas carencias, sin la infraestructura y servicios sociales que tenemos hoy, pero que ya se levantaba frente a otros países de América como una tierra de oportunidades y libertad. En honor a mis abuelos y a mis padres, siento la obligación de reconocerlo y agradecerlo. Y, sobre todo, de valorar lo que hemos logrado en Chile con el trabajo y los desvelos de muchas generaciones.