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Publicado el 11 marzo, 2021

Isabel Plá: La presidencia del Senado

El cargo fue hasta ahora un punto de encuentro formal y fundamental entre poderes del Estado, una expresión de que la solemnidad en la relación institucional y el respeto entre autoridades de la República estarían siempre por encima de la militancia política. Creo que esa parte de Chile también puede estar extinguiéndose.

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En estos días el Senado elegirá a su máxima autoridad para el año 2021. Termina así la presidencia de la senadora Adriana Muñoz (PPD) y su más probable sucesora será la senadora Yasna Provoste (DC).

El cargo es de especialísima sensibilidad. La Constitución le entrega facultades fundamentales para la democracia y el equilibrio de poderes. Quien encabeza la testera del Senado es, ni más ni menos, que la segunda autoridad de la República. Por eso, lo que dice y hace desde ese lugar no es una declaración política más: impacta en el clima social, abre debates importantes y marca el rumbo de la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y, no pocas veces, el Poder Judicial.

El sentido de responsabilidad democrática que caracterizó al Senado durante los últimos 30 años, la solemnidad implícita en sus mensajes y la comprensión de que quien lo presidía sabría equilibrar su posición política, con el interés general y con la altura de sus deberes, se alteró hace más de un año. Fue cuando, después del Acuerdo Constitucional de noviembre de 2019, el senador Jaime Quintana, quien entonces encabezaba la corporación, pretendió condicionar la continuidad del período presidencial: “si Piñera quiere seguir gobernando debe pasar a una segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”. Ese momento, de particular tensión, marcó un antes y un después.

Vino luego la senadora Adriana Muñoz, quien en marzo de este 2020 se convirtió en la segunda mujer que preside el Senado. Durante un año extremadamente difícil para Chile protagonizó varias polémicas y cruzó permanentemente la frontera de la línea imaginaria entre la tarea parlamentaria y partidista y la de quien representa a uno de los tres poderes del Estado.

Nos acostumbramos a su indignación cada vez que el Presidente o algún ministro pidieron la colaboración del Congreso para destrabar reformas urgentes para Chile. Prácticamente todas sus intervenciones públicas tenían como objetivo antagonizar con el oficialismo, desacreditar la gestión de la pandemia, descalificar proyectos de ley, en un rol más de jefa de la oposición, que en el de segunda autoridad del país. Desafió a la institucionalidad en reiteradas ocasiones, al punto de señalar que prefería “cometer un sacrilegio” contra la Constitución que no respaldar una moción para extender el postnatal, para la cual ni diputados ni senadores tenían atribuciones.

Hay dos episodios que estimo como los más sensibles para la institucionalidad, la separación de poderes y, en buenas cuentas para la democracia. El primero fue impulsar, junto Yasna Provoste, un proyecto para liberar a los “presos políticos”. Además del cuestionamiento a una propuesta que pretendía justificar la comisión de hechos muy graves, que afectaron la seguridad y la paz de miles de chilenos, la propuesta se sustentaba en datos falsos. No eran 800 los detenidos, sino 26; y no por decisión arbitraria de las policías o del gobierno, sino lisa y llanamente por decisión de los tribunales (es lo que suele ocurrir en un estado de derecho).

El segundo episodio fue negarse, por sí y ante sí, a poner en tabla el proyecto para ratificar el TTP 11 (frente al cual Chile está hoy ya no a la retaguardia, sino en el subsuelo respecto a economías con las que compite). Arrogándose el derecho a decidir si acataba o no la exclusiva facultad presidencial de definir urgencias legislativas, en enero advirtió que “… no estamos disponibles para tramitarlo. Se lo transmitimos hace bastante rato al gobierno. Si en marzo hay un escenario distinto serán otras las decisiones”. Así de simple.

La Presidencia del Senado fue hasta ahora un punto de encuentro formal y fundamental entre poderes del Estado, una expresión de que la solemnidad en la relación institucional y el respeto entre autoridades de la República estarían siempre por encima de la militancia política. Y lo escribo hoy con pena y preocupación: creo que esa parte de Chile también puede estar extinguiéndose.

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