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Publicado el 17 diciembre, 2020

Isabel Plá: La ley, la justicia y la política: 3 hechos para mirar con atención

En los tres se plantea una mirada subjetiva para definir lo que es lícito, se quiebra el principio de igualdad ante la ley y se evalúa la persecución de delitos reprochados legal y socialmente bajo el prisma ideológico.

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Recientemente se sumaron al menos tres hechos que exponen la mirada de un sector de la izquierda respecto de la Justicia, su independencia y la calificación social y legal de determinados delitos.

En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió la semana pasada la carta “A un año… balance, a propósito del primer aniversario del gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Lo que más ha dado que hablar de la carta (además de no mencionar en ella al Presidente de la República, lo que da para otra columna) es su mensaje impugnador del Poder Judicial. Cristina Fernández acusa a la Corte Suprema de Argentina de encabezar el proceso de Lawfare, un término que el kirchnerismo repite metódicamente para calificar de persecución política las innumerables causas de corrupción que se investigan, y que comprometen a sus tres períodos de gobierno (2003 al 2015). La propia Vicepresidenta enfrenta diez causas, entre otras, por traición a la patria y encubrimiento; por el Memorándum de Entendimiento con Irán; irregularidades en el dólar futuro; asociación ilícita y negociación fraudulenta en torno a obras públicas; lavados de activos, etc.

Mientras ella cuestiona que sea el único poder del Estado que no va a elecciones, el oficialismo, con mayoría en el Congreso, arremete contra la llamada “Ley del Arrepentido” (que acá conocemos como delación compensada, existente en las democracias más sólidas), la misma que permitió que varios participantes de los delitos que se le imputan entregaran valiosa información a la investigación. Y vuelve a plantearse la posibilidad de una reforma para elegir a los integrantes de la Corte Suprema con voto popular y una reforma que limite sus facultades. En síntesis: una Vicepresidenta que enfrenta causas por delitos muy graves descalificando a la Justicia; y a su coalición articulando un relato para convertirla en una perseguida política e instalar la necesidad de reformar la independencia de un poder del Estado.

En Chile, las senadoras Muñoz, Allende y Provoste, entre otros, acaban de presentar un proyecto para indultar a quienes están imputados por delitos cometidos alrededor del estallido de violencia. La moción cuestiona la investigación de la Fiscalía por la calidad de las pruebas allegadas, las prisiones preventivas decretadas por los tribunales y, como corolario, compara la violencia feroz de esos meses, con las desigualdades estructurales. Y, aun cuando en el texto del proyecto no está mencionado, el relato que le ha acompañado en los medios y especialmente en las redes sociales, califica de presos políticos a quienes están imputados por homicidio frustrado, tráfico de armas, robo con violencia, entre otros hechos muy graves.

Aunque la propuesta ha sido desacreditada incluso por un sector de la propia oposición y por las máximas autoridades de la Fiscalía y la Justicia, además del Gobierno, preocupa el solo hecho de que se proponga. Las señales que manda son muy malas: que en Chile puede haber impunidad para delitos graves, que dejarían de ser reprochables cuando se comenten en un determinado “contexto”; que esa impunidad pasa por la intervención del Congreso en las decisiones del Poder Judicial; y que la violencia se justifica con fines políticos o de demanda social.

El tercer hecho es la difusión del video de la Defensoría de la Niñez, para conmemorar la Convención sobre los Derechos del Niño. Bajo el título “el llamado de la naturaleza”, la institución llamaba los niños y adolescentes a “saltarse el torniquete”, celebraba que “las pancartas lucen la demanda social” y los invitaba a empoderarse porque “así el proceso constituyente / tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz”.

Como era de esperarse, reaccionó no solo el gobierno y sus parlamentarios, sino importantes sectores de la sociedad civil, porque una cosa es tener una mirada más o menos progre frente a determinadas materias y otra, distinta, es que la institución encargada de velar por los derechos de los niños los llame a no cumplir la ley y a convertirse en activistas políticos.

Hay un aire común en esos hechos. En los tres se plantea una mirada subjetiva para definir lo que es lícito, se quiebra el principio de igualdad ante la ley y se evalúa la persecución de delitos reprochados legal y socialmente bajo el prisma ideológico. Por ahora, esa mirada ha sido ampliamente criticada, pero atención porque cuando comienza a reiterarse una y otra vez, se arriesga su normalización.

  1. Sergio Menares dice:

    Perdón a los delincuentes bárbaros y vándalos que destruieron el patrimonio final de los Trabajadores, es una cosa de FACISTAS pura y simplemente. Los reaccionarios de la Izquierda marxista e pro-marxistas piensan y sueñan con violencia, desde que no sea contra ellos. Los ´´tontos útiles´´ que los siguen, serán las primeras victimas de la dictadura marxista como lo fueron en Cuba y en todo lugar que el Imperialismo Marxista ha conseguido por la fuerza tomar el poder. Proponemos AUMENTAR las puniciones a los bandidos y expulsarlos de Chile.

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