Lo medular del poder político es que, al ejercerlo, uno manda y el resto obedece. Obvio. De ahí que sea tan importante tener un buen diseño de control de los abusos de las autoridades, pero sobre todo es importante el autocontrol por parte de estas. Esto no es nuevo; Montesquieu ya señalaba, en El Espíritu de las Leyes, que la moderación debe ser un principio rector del actuar político, pues “es fácil reprimir a otros, pero es difícil autoreprimirse”. Es cierto que el barón se refería a la antigua aristocracia, pero sus planteamientos son perfectamente aplicables a la democracia contemporánea.
La tentación de no autocontrolarse en el poder está a la orden del día. La tribuna e influencia generadas son inusitadas, y termina siendo sencillo para un gobernante poner los acentos y prioridades en los temas que quiere. Incluso en los que no debe pronunciarse, como es el caso de los procesos electorales que tienen curso. Es lo que le está pasando al Presidente Boric, quien en cuanto Jefe de Estado es garante del plebiscito del 4 de septiembre. Por eso es tan grave lo que está comenzando a pasar, con algunas señales emanadas directamente de él y de La Moneda, en cuanto a comentar los supuestos beneficios o la presumida proeza detrás del proceso constituyente emanado de la Convención. Eso no es más que intervencionismo electoral, y debemos ponerle un tope, por la buena salud de la democracia.
En particular, un tweet de Boric en el que posteaba un video oficial del Gobierno encendió las alarmas. Y las críticas vinieron no sólo de la oposición, sino también de la socialdemocracia: la senadora Ximena Rincón señaló que dicha campaña «no es informativa respecto de que hay que ir a votar (sino que) tiene una intencionalidad y eso a mí no me parece», y el ex Presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, inquirió: “Presidente Gabriel Boric, usted debe dar el ejemplo en cumplir la letra y espíritu de la ley que obliga al Gobierno a ser neutral, especialmente en campañas de difusión con recursos públicos. Por favor, rectifiquen. Chile importa más que opciones personales”.
En comunicación de masas hay dos grandes líneas de acción: se comunica para informar, o bien, para persuadir. Los gobiernos debieran ser meros informantes del proceso electoral —es decir, la jornada que tendrá lugar el 4 de septiembre— y su acción debiera estar encaminada a revelar información clave, como lugares de votación, horarios, requisitos y un largo etcétera. Todo lo demás, está demás.
¿Qué hace el video, en cambio? No sólo expresa abiertamente simpatía por el proceso constitucional de los últimos meses —lo que indirectamente lleva a evaluar positivamente la tarea encargada a la Convención—, sino que además cuenta la historia con bastantes sesgos, desaciertos y voluntarismo. Es decir, estamos ante la presencia de intervencionismo bastante poco elegante. Si van a vulnerar el principio de neutralidad que le debemos exigir a las autoridades, al menos es de esperar que cuenten bien la historia.
Veamos: el video comienza por destacar que las constituciones antiguas fueron redactadas por muy pocas personas… como si el simple hecho de llenar la habitación de gente fuera sinónimo de virtud. Pero además, omite información relevante: la Constitución de 1822 no fue escrita por 5 personas, sino por una Convención Preparatoria de 32 miembros, y la de 1833 no comenzó por un equipito de 7 personas —como erróneamente informa el video— sino una llamada “Gran Convención” de 36 personas. Puede que 32 o 36 convencionales no nos parezca un número particularmente conmovedor, pero era el estándar de la época.
Pero el video va más allá, y al abordar la Constitución de 1980 —era que no— el video se torna evidentemente tendencioso: omite aspectos relevantes de la Comisión Ortúzar (como dato freak, en dicha comisión la DC tuvo inicialmente 2 de 9 miembros, mientras que en la Convención hay un solo constituyente de 155. Es decir, incluso en dictadura la DC pesaba más), pero lo más grosero es que olvida todo lo que ha pasado en democracia: los 54 cambios acordados entre Aylwin y Pinochet en 1989, y que incluso fueron refrendados en un plebiscito de aprobación histórica, las más de 40 leyes de reforma constitucional, y el paquete de modificaciones que lideró Ricardo Lagos y que incluso permitió quitarle la autoría al dictador. Nada de eso importa para el Gobierno actual. Es, apenas, una Constitución inmodificada en 42 años, y escrita por 9 personas. Falso, de falsedad absoluta.
No obstante, el intervencionismo del Gobierno llega a su punto cúlmine cuando las imágenes recorren la fiesta de la convención. El Pleno se presenta como un lugar donde sólo hay magia, gracias a que ha sido un espacio de 154 personas, 78 hombres y 78 mujeres. Este es el único mérito de la Convención, según el mencionado video. Da lo mismo el texto, da lo mismo los problemas que puede generar. El frame elegido es que hubo 154 almas, y con eso basta y sobra para aprobar la Constitución. ¿Y el Pelao Vade? Eliminado toscamente de la historia.
Al final del día, este caso de intervencionismo nos recuerda los malos gobiernos autoritarios, en los que el equipo gobernante siente que puede pasar máquina sobre el resto. Algo de ello vimos en los 70 años en que gobernó el PRI de México, cuando el Gobierno cautelosamente controlaba la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es como si el Servel estuviera dentro de la Segpres.
Pero no hay que ir tan lejos para buscar ejemplos: en el Chile de 1989, a pocas semanas de la primera elección presidencial después de casi 20 años, era usual ver tandas publicitarias en el canal estatal como esta, llamada “El pueblo opina”. El producto es irrisorio: una seguidilla de voces ciudadanas, elegidas con pinza —el modelo es conocido como Cherry picking— defendían a rajatabla al General Pinochet y la gesta heroica del 11 de septiembre. Una burla y un descaro. Y lo podía hacer el dictador, por estar en La Moneda, y no tener que autocontrolarse. Es de esperar que el Presidente Boric enmiende el rumbo, y no vuelva a caer en estas majaderías. De lo contrario, se parecerá cada vez más a su némesis.
*Roberto Munita es abogado, sociólogo y master en Gestión Política George Washington University.