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Publicado el 11 de junio, 2015

¿Interdicción política?

Economista Luis Larraín
Las dos bases de la convivencia nacional se han debilitado y el gobierno no muestra voluntad alguna de rectificación.
Luis Larraín Economista
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La salida del ministro Insunza y las reacciones del propio afectado y el gobierno están configurando un panorama inquietante para el país. Para salir de la situación que está viviendo, la administración de Michelle Bachelet requeriría capacidad de diagnóstico de lo que está sucediendo, capacidad política para alinear tras un nuevo proyecto a quienes la apoyaron para llegar al poder y capacidad de gestión para sacarnos del estado de parálisis en que se encuentra sumido su gobierno.

Pero el gobierno carece de esas tres capacidades.

Su diagnóstico es pobre y lastimero. Le echa la culpa a los demás de todos sus males. La UDI es culpable de la salida del ex ministro y no su inexcusable decisión de prestar servicios a una empresa minera mientras presidía la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. El dinero en la política es el culpable de la corrupción y han sido las empresas las que corrompen a los pobres dirigentes políticos que reciben sus dineros quien sabe por qué. La especulación inmobiliaria es responsable de que el propio hijo de la Presidenta haya intervenido en una negociación para financiar la compra de terrenos con inmensas ganancias, sembrando dudas sobre tráfico de influencias. El mal manejo de las comunicaciones explica el rechazo de la ciudadanía a sus reformas y no el que éstas se aparten radicalmente del sentir de la gente y hayan tenido una puesta en práctica de terror.

El gobierno carece también de capacidad política. El modelo Peñailillo, que sumió a los partidos de la Nueva Mayoría en un limbo político, está mostrando sus efectos y ahora ni siquiera está Peñailillo para conducir. El PPD es una bolsa de gatos que ha perdido en poco tiempo dos ministros y en su consejo del próximo fin de semana escucharemos los maullidos y lamentos que ello ha ocasionado. La Democracia Cristiana tiene un presidente cuestionado por sus conexiones con la influencia del dinero en la política y continúa en su inexorable camino de intrascendencia. El Partido Socialista salió del agraz de Osvaldo Andrade para caer en el oxímoron del liderazgo de Isabel Allende. El comité político de La Moneda no funciona y la Mandataria pareciera estar rodeada de un grupo de amigas y asesores que le aconsejan con buena fe y mal criterio.

Y por último, el gobierno tiene un sorprendente récord de mala gestión. No hay unidad en la conducción. El modelo archiprobado de la alianza entre el ministro del Interior y el de Hacienda para constituir el eje del poder del gobierno parece estar proscrito y nadie sabe quién manda y cada cual parece hacer lo que se le da la gana. La administración de Michelle Bachelet ha logrado la hazaña de transformar al país líder en el crecimiento en América Latina en una economía estancada, con una fuerte caída en la inversión que según señala el Banco Central está influenciada por el conjunto de reformas que pretende imponer el gobierno, cuestión que de alguna manera acepta también el ministro de Hacienda.

Por otra parte, la inseguridad de la ciudadanía ha alcanzado niveles alarmantes. La delincuencia campea rampante por nuestras ciudades y todo tipo de manifestaciones, desórdenes, paralizaciones y huelgas amenazan la vida diaria de los chilenos.

Así, las dos bases de la convivencia nacional: la mantención del orden público y seguridad ciudadana y la existencia de un ambiente de libertad y tranquilidad para progresar y prosperar se han debilitado y el gobierno no muestra voluntad alguna de rectificación.

Y entonces uno se pregunta: ¿Un gobierno que ni siquiera es capaz de nombrar a sus ministros, que tiene vacantes varios cargos importantes de la administración pública será el que organizará un “proceso constituyente” para provocar un cambio fundamental en la Constitución?

¿Qué legitimidad puede tener un gobierno que bordea el 25% de apoyo entre la población para cambiar las bases de nuestra institucionalidad?

Creemos que hay hoy día una gran responsabilidad en aquellos políticos sensatos de la centroizquierda que han contribuido en el pasado reciente al progreso de Chile. Ellos deben transformar su autoridad moral e intelectual en poder político, para dar una salida razonable a un gobierno que por incapacidad absoluta y relativa está en una suerte de interdicción política.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.
FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

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