No deja de ser interesante considerar que uno de los campos de estudio que mayor fuerza ha adquirido en historia intelectual sobre la época reciente es el del papel que desempeñan los think tanks y los intelectuales públicos. Una pregunta frecuente que estas investigaciones se formulan se refiere a la relación de ambos actores con los partidos políticos que les son ideológicamente cercanos. En otras palabras, una pregunta recurrente es la del grado de influencia de los think tanks y de los intelectuales públicos sobre los partidos y dirigentes políticos. 

En el caso de la derecha, dichas interrogantes resultan interesantes si se toma en cuenta el florecimiento, en los últimos años, de una gran cantidad de intelectuales públicos que pueden asociarse, con mayor o menor laxitud, a diversas variantes ideológicas del sector, a saber: liberales, conservadores, socialcristianos y nacionalistas. Desde, justamente, una perspectiva ideológica, estos intelectuales han protagonizado interesantes debates, por ejemplo, sobre el significado del mercado y del principio de subsidiariedad. 

Pero, probablemente, dichos debates han bajado en intensidad con ocasión del proceso constituyente de 2022. Esto parece haber sido así porque, más allá de las disputas internas, la muy mala propuesta constitucional que dicho proceso produjo ha terminado por unir al conjunto de los intelectuales de derecha en favor del Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre pasado. Desde ese momento, se ha formado una suerte de “unidad en la diversidad”. Pero, básicamente, ¿por qué? 

Una gran razón es que, al menos desde el estallido social de 2019, la izquierda más hegemónica —representada por el Frente Amplio y por el Partido Comunista— ha venido renegando de la democracia representativa, por ejemplo, promoviendo una democracia corporativa, validando la violencia política y, en general, mirando la acción política como una relación amigo-enemigo. Frente a esta situación, la derecha debería —con más fuerza que nunca— defender esa democracia que, al decir de Giovanni Sartori, es la única democracia posible en los tiempos modernos. Esto significa hacer de ella el espacio para grandes proyectos políticos y no para la sumatoria artificial de causas identitarias o particulares. Aquí aparece el desafío de repensar el sistema electoral y de partidos para terminar, de una vez por todas, con la atomización política de la que hoy, con muy dañinas consecuencias, padece el país. La misma Convención Constitucional dio cuenta, de manera cruda, de este fenómeno.  

Pero una segunda razón tiene que ver con lo que en historia conceptual se llama “guerra de las palabras”. Por ejemplo, y aunque sea cierto que la idea de Estado subsidiario se aviene con la identidad histórica del sector (no solo desde los Chicago Boys, sino incluso desde las primeras décadas del siglo XX), la derecha no debería sentirse incómoda con nuevas nociones, como la de “Estado social”, que es un concepto amplio y que, por lo mismo, no necesariamente implica la exclusión de los actores privados en la provisión de los derechos sociales, como educación, salud y pensiones.  

¿Qué tiene qué ver todo lo anterior con los intelectuales de derecha? ¿Cómo se relacionan los nuevos contextos con la posible influencia que los intelectuales de derecha podrían tener en los partidos y dirigentes de su sector político? 

Aunque sea verdad que los intelectuales públicos de derecha influyen poco en esos partidos y dirigentes, ya que, más que ser intelectuales orgánicos, son y han sido intelectuales autónomos, deberían, sin embargo, empujar a las fuerzas políticas ideológicamente afines a hacer suya la valoración y promoción de la democracia representativa y del Estado social bien entendido. 

La primera, como ya se dijo, frente a la democracia corporativista promovida por la izquierda más radical; y que, pese a la derrota del plebiscito del 4 de septiembre pasado, no ha dejado de ser hegemónica. Al fin y al cabo, el presidente es y seguirá siendo Gabriel Boric. Sus recientes palabras, del todo innecesarias, sobre la subordinación de las fuerzas armadas a la “sociedad civil” (sic) dan cuenta de que Boric y los suyos tienden a mirar la política como conflicto más que como concordia. 

Y el Estado social amerita ser reconsiderado por los intelectuales del sector como una suerte de “casa de todos”. Pero, para que realmente lo pueda ser, resulta clave que exista consenso en cuanto a que la provisión de los derechos sociales se lleve a cabo —como en la mayoría de los Estados de bienestar europeos— a través de regímenes mixtos, y no —como en buena parte de Latinoamérica— mediante servicios monopólicos del Estado. 

Frente a tiempos de incertidumbre no cabe ser demasiado optimista. El 4 de septiembre no implicó ni el triunfo del “orden neoliberal” ni tampoco el fracaso del “otro modelo”. Todo está por verse todavía. Pero, aunque la libertad económica debería seguir siendo una causa propia de la derecha (como históricamente lo ha sido), parece hoy adquirir mayor protagonismo la promoción de la democracia representativa y de un Estado social compatible con la participación de los actores privados. Y esta parece ser una oportunidad única para que los intelectuales de derecha actúen y reflexionen en favor de una derecha mejor posicionada en los nuevos contextos que enfrenta el país. Quizás de esta manera, y por fin, estos intelectuales dejen de sentir que su tarea es una misión imposible.  

*Valentina Verbal es colaboradora asociada de Horizontal.

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