Dos historias reales se me vienen a la mente al momento de escribir estas líneas. La una: pleno régimen militar, funcionarios del SII detectan evasión de IVA en el negocio de un hermano del general Augusto Pinochet y un veinteañero director del Servicio, Felipe Lamarca, no duda en ordenar su clausura. La otra: fines de 2002, plena democracia, escándalo nacional porque los ministros y altos funcionarios de gobierno reciben sobres con dinero -aquí, imagino, fajos de billetes rugosos atados con elásticos- y otro director, Juan Toro, por oficio reservado -que responde uno también reservado del ministro del Interior- dictamina que los mismos son “ingresos no constitutivos de renta” para sus perceptores, de lo que se sigue que tales pagos no eran ilegales y, cual guinda de torta, además no estaban afectos a impuestos. Moraleja: en la una, la independencia; en la otra, la falta de ella.
La cuestión sobre la autonomía del director, y por extensión del Servicio, aparecen nuevamente en duda -y más que eso- a raíz de las noticias que hemos conocido recientemente, derivadas del escándalo de financiamiento irregular de la política. Según ellas, Michel Jorrat, hasta hace pocas semanas director del SII, habría recibido presiones del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a fin de evitar que los antecedentes contables de SQM llegasen a poder de la Fiscalía y se develara el traspaso ilegal de dineros a políticos. La cuestión enunciada tiene múltiples derivadas pero vaya aquí una: cabe preguntar si la designación de Jorrat vía Alta Dirección Pública, aunque augurada desde el inicio del actual período presidencial, se hizo también porque se le estimó funcional a los fines del gobierno, más allá de sus innegables capacidades intelectuales y de otro orden.
No hay que ser filósofo para afirmar que la independencia se vincula directamente con la moral y la ética del individuo y, seguidamente, que la exigibilidad de la misma tiene lugar no tanto en la vida cotidiana, sino cuando ocurren situaciones de alta tensión e impacto político, como acontece en la actualidad. A tono con la futbolización del país, “es en la cancha donde se ven los gallos”. Es ante situaciones anómalas donde el individuo a cargo del SII, y de cualquier servicio público, debe tener la capacidad para soportar las presiones del poder, superar las tensiones internas y externas que conllevan y proceder equitativamente conforme el deber ser, aceptando las consecuencias que resulten de sus decisiones.
A partir de estos supuestos, la independencia solo se podrá constatar ex post, pues no se puede asegurar a priori, salvo que estemos ante esas pocas personas que caminan por el mundo rodeadas de un aura de gran estatura moral. Aunque dudo que alguna de ellas esté interesada en algo tan prosaico como ser director del SII. Y, para este cargo en concreto, añadamos que a la requerida autonomía deben añadirse conocimientos tributarios, méritos en lo teórico y en lo práctico, capacidades gerenciales, habilidades blandas y otras condiciones. No es poco y, por ende, tampoco fácil.
Lamarca y Toro fueron designados directamente por el Presidente de la época. Jorrat también, pero de una nómina confeccionada previo concurso y proceso de selección de la Alta Dirección Pública. Entonces, cuando un director nombrado en dictadura tuvo más independencia que otros designados en democracia y, lo más importante, rodeados con las garantías del Estado de Derecho para amparar sus decisiones, es claro que el procedimiento no asegura per se la independencia. Pero tampoco se puede afirmar lo contrario.
Para quienes lo conocen, el sistema de ADP funciona bien, sin perjuicio de las correcciones propias de toda institución nueva; pero funciona bien hasta el momento de la elección misma por la autoridad política. Luego, lo primero es sincerar el proceso, sea siguiendo las recomendaciones de la Comisión Engel u otras propuestas que impliquen, en definitiva, que la autoridad de turno -y también la oposición, porque lo contrario deviene en cuoteo- renuncie a manipular el proceso, colocar en los servicios técnicos del Estado a personas de su confianza política y con ellos a una camarilla de asesores y otros que se remuneran con cargo a las arcas fiscales. Dicho en otras palabras, a considerar la administración del Estado como el botín de guerra que premia el triunfo en las elecciones presidenciales.
La renuncia, como toda renuncia, implica generosidad y, aunque pueda ser forzada por la contingencia, es igualmente valiosa. El director del SII, así como también las cabezas de todos los organismos públicos que realizan funciones técnicas, debe ser entendido como un funcionario del Estado y no del gobierno de turno.
Es claro que el proceso debe seguir encausándose por la Alta Dirección. Pero el funcionario designado, siguiendo el ejemplo del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) debe ser inamovible durante su período -que allá es de cinco años- salvo, claro, en casos de notable abandono de deberes o actos ilícitos, para cuya remoción debería intervenir el Senado o los Tribunales de Justicia.
En particular, volviendo a Chile, la designación debería efectuarse en un plazo acotado y forzoso, que no deje espacio a designaciones transitorias y donde los funcionarios a cargo provisoriamente del Servicio no puedan concursar. Y, siempre en mi opinión, lo indicado sería una designación a mitad del período presidencial, de modo que el director del SII conviva con dos gobiernos, pues esto acentúa el carácter técnico de la función y si hay alternancia de gobierno, propende los equilibrios políticos.
Quizá sea imaginar demasiado. Pero ante lo que ha ocurrido, y solo considerando las pocas certezas que hay, llegó el momento de tomar decisiones serias.
De una vez por todas los responsables de administrar el poder político deben entender que no bastan las comisiones de estudios, las propuestas, los “papers”, los proyectos de ley o el cumplimiento formal de la institucionalidad. Llegó el tiempo de las renuncias y de las decisiones serias, de fondo y no de forma. Los tiempos cambiaron y la gente no está para otra cosa.
Pedro Troncoso Martinic, Abogado.
FOTO: PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIAUNO