Por dos tercios de sus miembros la Convención Constitucional ha aprobado un artículo sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye el derecho de toda persona “a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo”, asegurando a todas las mujeres con capacidad de gestar “una interrupción voluntaria del embarazo”. Se trata de la constitucionalización del aborto libre, sin plazos ni condiciones. 

Dejo constancia que voté a favor en general y particular la legalización del aborto en tres causales. Esta norma, sin embargo, sustrae la regulación del aborto del ámbito del legislador, convirtiéndola en una garantía constitucional. Usualmente las constituciones que conocemos -al menos en Occidente- garantizan el derecho a la vida y remiten al legislador la regulación del aborto. O bien se establece este último por una sentencia judicial como ocurrió con Roe Vs. Wade en EE.UU. en 1973 o con algunas decisiones judiciales más recientes en América Latina. Aquí se innova no solo en cuanto a garantizar el derecho al aborto en la propia Constitución, sino que esta norma sobre derechos sexuales y reproductivos antecede a aquella sobre el derecho a la vida ya aprobado en la misma Convención.

Lo más probable es que cualquier intento por legislar hacia el futuro en términos de plazos, causales o condiciones sería declarado inconstitucional en la medida que esta garantía constitucional consagra el derecho al aborto en términos amplios, sin restricción alguna, en cualquier momento del embarazo. Esto nos acerca a lo que la jurisprudencia en EE.UU. -una de las más amplias y liberales del mundo- había establecido en cuanto a garantizar incluso el “partial-birth abortion”, hacia el final del periodo de gestación, próximo al parto. En Chile ni siquiera existirían las condiciones que esa misma jurisprudencia ha establecido para ese tipo de aborto. Se trata de una constitucionalización del aborto libre en grado extremo, es decir, sin límite alguno. 

La nueva normativa constitucional ni siquiera considera aquello que fue el elemento más innovador de la legalización del aborto en tres causales en términos del acompañamiento a la mujer por parte de un equipo multidisciplinario que se hace cargo de los diversos aspectos asociados a la interrupción del embarazo. Aquí se deja a las mujeres solas y desamparadas, libradas a su propia suerte. Es el triunfo definitivo del neoliberalismo más extremo de Milton Friedman, que ha penetrado culturalmente al feminismo radical de izquierda, en términos de los dos principios básicos defendidos por el padre de los Chicago Boys: la soberanía del individuo y la libertad de elegir. Son los dos principios que están detrás de este individualismo radical. Avala lo anterior el que, al decir de diversos exponentes de ese feminismo radical de izquierda el aborto sea considerado solo como un tema de salud pública; es decir, no existe una sola consideración sobre el estatuto del feto o embrión, el que es completamente invisibilizado. 

La nueva norma nada dice sobre otro aspecto clave de la legislación ya aprobada en Chile en términos de la objeción de conciencia -aclaro que soy partidario de la objeción personal y no institucional del personal de salud que interviene directamente en un procedimiento de aborto-. Cabe la duda de si una eventual legislación sobre la materia no pudiera también ser declarada inconstitucional en la medida que establece requisitos o condiciones que la normativa constitucional aprobada no contempla. 

Finalmente, esta norma constitucional, que ya forma parte del texto constitucional que será sometido al plebiscito de salida, se coloca al margen de lo que una clara mayoría de la opinión pública aprueba, según todas las encuestas, en términos de un aborto bajo ciertos requisitos. La constitucionalización del aborto libre no deja lugar para criterios restrictivos que eventualmente pudieran ser considerados o incluidos en una futura legislación. Es la nueva versión -en este caso, de una izquierda dura o radical- de aquella máxima de Franco y Pinochet, en ambos casos en dictadura, en nuestro caso en democracia, de dejar “todo atado y bien atado”.

Se trata de un día triste para la república democrática de Chile, forjada por una tradición asentada en ciertos valores que se van forjando y puliendo en el tiempo.

*Ignacio Walker es abogado y ex diputado.

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