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Publicado el 20 de abril, 2020

Ignacio Stevenson y Jaime Tagle: Una visión “un poquito más integral” de la subsidiariedad

Fundación Chile Siempre Jaime Tagle e Ignacio Stevenson

La subsidiariedad no es mera repartición de tareas en función de la satisfacción de necesidades materiales, sino que el resguardo a la justa posición de las personas y los cuerpos intermedios en la persecución de sus fines ante el poder político.

Jaime Tagle e Ignacio Stevenson Fundación Chile Siempre

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El principio de subsidiariedad ha estado en el centro de la discusión intelectual y política en los últimos años, siendo constantemente atacado por los grupos estatistas –entre otras cosas, porque lo entienden–, y lamentablemente muchas veces mal entendido por quienes dicen promoverlo. En este contexto, en una entrevista en La Tercera, el director de IdeaPaís, Pablo Valderrama, insiste en algunas aseveraciones que se han transformado en verdaderos lugares comunes al hablar de subsidiariedad: la Constitución, “una parte de la derecha y casi toda la izquierda” han entendido el principio como “mera abstención estatal en favor del mercado”; en cambio, haría falta una visión, la suya, “un poquito más integral de la subsidiariedad”, que incluya el deber del Estado de “crear las condiciones sociales” que permitan el despliegue de la sociedad civil. Muchas cosas podrían decirse de este diagnóstico que algunos grupos vienen reiterando hace algún tiempo. En esta columna nos interesa enfatizar dos: en primer lugar, el discurso de Valderrama supone un enemigo inexistente, se trata de ideas que, en Chile, no han tenido expresión política o institucional relevante; en segundo lugar, la idea de subsidiariedad que sostiene es seriamente equivocada.

Basta revisar el texto de nuestra Constitución, para verificar que la mencionada crítica es un palo de ciego: el artículo 1º en su inciso cuarto es claro al establecer que la finalidad del Estado “es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. Ciertamente de aquí no es posible desprender la “mera abstracción estatal” que critica el entrevistado, sino, por el contrario, una clara consagración del deber que tiene el Estado como promotor del bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.

A su vez, la referencia oscura de Valderrama a “cierta derecha” tal vez también puede aclararse desde este punto. Al revisar los trabajos del tipo de comprensión que tenía Jaime Guzmán sobre la subsidiariedad, por ejemplo, se ve que está en línea con la Doctrina Social de la Iglesia, y su visión “integral” de subsidiariedad, como ha demostrado José Manuel Castro (“Los intelectuales y la incomprensión del Estado subsidiario”, en Subsidiariedad en Chile. Justicia y libertad, IRP/FJG-2016); y se desprende fácilmente de la lectura de los apuntes de Derecho Político de Guzmán, cuando sostiene que si el Estado asume la mayoría de las prestaciones de salud o de educación, no por eso deja de ser subsidiario, o que el principio no es un problema cuantitativo sino cualitativo; aunque el Estado tenga el 90% de las escuelas, igualmente es subsidiario si está estimulando a que los privados se hagan cargo de la educación.

Dicho lo anterior, es posible entrar en materia del principio mismo. Si entendemos, con Aristóteles, que la razón por la que el hombre forma sociedades no es solamente sobrevivir, sino vivir bien (Política I, 1252b), se verá más la importancia de la agencia del hombre sobre sus asuntos. En este sentido, la subsidiariedad establece una prioridad en las personas y sus agrupaciones, puesto que supone que el bien común y la perfección humana se alcanzan a través de la sociabilidad y el trabajo de las agrupaciones intermedias que enriquecen la vida común. De aquí se desprende la primacía de la persona y, por tanto, de la sociedad civil por sobre el Estado, o de las sociedades menores por sobre las mayores. Por ello, la subsidiariedad no es mera repartición de tareas en función de la satisfacción de necesidades materiales (una mezcla de la “concepción topográfica” expuesta por Gonzalo Letelier con el “materialismo práctico” que critica Mario Góngora), sino que el resguardo a la justa posición de las personas y los cuerpos intermedios en la persecución de sus fines ante el poder político.

Por lo mismo, el principio de subsidiariedad no busca alzar al “Mercado”, sino que a la sociedad civil ante el Estado, tal como propone Tocqueville, a modo de remedio para la atomización de los ciudadanos y el suave despotismo democrático. La subsidiariedad también se fundamentaría en este punto: si no queremos tener individuos que no tienen nada que ver el uno con el otro, y, por tanto, no tienen fuerza que oponer al Estado, sometiéndose a un yugo que controla todas las dimensiones de su vida (La democracia en América, II, II, 4, entre muchos otros pasajes), es necesario un tejido social fuerte, que pueda contraponer su voz a la de un Estado que tiende por naturaleza al despotismo.

Por último, dice Valderrama: “El Estado tiene el deber de actuar constantemente de manera que permita a los demás cumplir lo que les corresponde. Esta subsidiaridad, entendida de manera más integral, se traduce en un Estado activo, que no está ausente pero que tampoco es protagonista”. Esto es evidente o es contradictorio. Es evidente si la actuación del Estado significa lo mismo que lo consagrado en el texto constitucional, ya expuesto. Naturalmente, el Estado tiene que preocuparse de que la subsidiariedad pueda “aplicarse”. ¿Cómo? Desarrollando las funciones de suplencia, coordinación, armonización, tutela de derechos, promoción de la libre iniciativa económica y de las agrupaciones intermedias, entre otras.

Ahora bien, si por ese vago “Estado activo”, Valderrama entiende la intromisión del Estado no en crear las condiciones o actuar cuando los particulares no lo han hecho; sino, la intromisión del Estado que absorbe y restringe la iniciativa libre de las personas, entonces cae en una doble contradicción, histórica y conceptual. El Estado realizador o ilustrado que imperó en Chile desde el siglo XVIII hasta Salvador Allende, con profundizaciones importantes en los períodos de Carlos Ibáñez y Arturo Alessandri, llevó a un despotismo que, como dice Gonzalo Vial, fijaba hasta el precio de las empanadas. El Estado subsidiario quiere justamente contraponer esa concepción de la primacía del Estado y ponerla en los particulares. Proponer un “Estado activo” desde esta perspectiva, no es sino proponer un cambio en el fundamento mismo de la subsidiariedad; en otras palabras, es eliminar la subsidiariedad, supuestamente para salvar la subsidiariedad.

En definitiva, una visión un poquito más integral de subsidiariedad nos permite entender el principio en su complejidad real, sin atacar posiciones imaginarias. Siguiendo esta visión, podemos comenzar a enfrentar las exigencias propias del principio en este tiempo y en este lugar: centrarnos con seriedad en el problema de la ciudad, de las provincias, del sistema político centralista. Buscar soluciones para el despliegue de Chile en su territorio, dando vida a las comunidades locales, permitiendo su mayor articulación política, económica, cultural e intelectual. Chile enfrenta desafíos complejos y así seguirá siendo en los próximos años: una opción es elucubrar sistemas en el aire, sin llegar nunca a los hechos; la otra es abordarlos con honestidad intelectual y convicción política, sin caricaturas.

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