La industria azucarera chilena ha estado a merced de la regulación desde hace varias décadas y ello no ha cambiado en la actualidad, en donde una discutible regulación de etiquetado de alimentos y la sobretasa a las bebidas con azúcar, entre otros factores, han impactado negativamente la demanda por azúcar, provocando que Iansa deba cerrar su planta en Linares. Esto dejará sin trabajo directo a 500 personas y tiene en vilo a cerca de 4.000 remolacheros.

En 1986, en el contexto de la reactivación económica post crisis económica de 1982-85, se decidió establecer una banda de precios para el trigo, aceites y el azúcar. Esta banda establecía que si el precio internacional del producto caía por debajo del piso de la banda se activaban aranceles adicionales a la importación del producto. De esta manera, se estableció una protección especial para los productores de esos bienes.

De acuerdo a las estimaciones de Marchant y Velisen, entre 1986 y 1999, los consumidores pagaron un sobreprecio de 8,4% en azúcar refinada con respecto a una situación en donde las bandas de precios no hubieran existido. Esto implicó una transferencia neta de recursos desde los consumidores chilenos a Iansa y sus proveedores. Sin embargo, ese dulce periodo estaba por terminar y es así como en el 2003 se inicia el desmantelamiento de la protección especial, que fue cuestionada en los acuerdos de libre comercio que Chile empezó a firmar desde la década de los noventa.

En la actualidad, no existe protección especial para los productores de azúcar nacionales y ademas han debido enfrentar el cambio radical en la conducta de los consumidores, los cuales han reducido el consumo de azúcar desde los 47 kg per capital de 2005 a los 35 kg per capita de la actualidad. En este cambio hay varias variables, que incluyen desde una ley de etiquetado que ha demonizado el consumo de azúcar hasta la sobretasa de 18% que deben pagar las bebidas con azúcar. Si bien no sabemos qué variable tuvo mayor incidencia, sí sabemos las consecuencias, y como ejemplo basta señalar que Coca Cola ha modificado 32 de los 80 productos que elabora, lo que ha reducido su demanda por azúcar en 33 mil toneladas, lo que representa cerca del 10% de la producción de Iansa. De esta manera, la gigantesca empresa norteamericana planea llegar a un 50% de producción de bebidas sin azúcar en el 2020, lo que se contrasta con el 20% que exhibía en 2015.

Iansa tuvo, gracias a la regulación, 10 años para prepararse para tener que competir globalmente sin ninguna protección especial y fue exitosa en ella, ya que hoy el 49% de sus ventas corresponden a jugo de frutas, alimento de mascotas y pasta de tomates. Creo que los remolacheros merecen también un periodo de transición, en donde la empresa y las agencias gubernamentales les permitan reconvertirse a nuevos cultivos, permitiéndoles así seguir siendo proveedores de Iansa, tal como lo han sido por décadas. Esta reconversión es perfectamente realizable y así lo han demostrado los agricultores de diversos rubros.

En conclusión, a lo largo de varias décadas la industria azucarera chilena ha estado a merced de la regulación vigente y es así como, después de un periodo de protección, ha pasado a una de persecución. Los remolacheros deberán reconvertirse a nuevos cultivos, y tratar de olvidar rápidamente lo veleidoso del regulador estatal.

Tomás Flores, académico Universidad Mayor

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO