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Publicado el 9 julio, 2021

Hugo Mena: Un blindaje contra las “dictaduras institucionalizadas”

PhD Economía Hugo Mena

Chile debe preparar una Constitución que vele por la preservación del régimen democrático.

Hugo Mena PhD Economía
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Es función esencial de una Constitución en un país como Chile velar por la preservación del régimen democrático. No basta con normas generales  respecto a la independencia entre los  poderes del Estado y a los derechos políticos inherentes a un sistema democrático. La razón es que en el siglo XXI ha surgido una nueva forma de dictadura, cuyo máximo exponente es el actual régimen venezolano: las “dictaduras institucionalizadas”.

A diferencia de las dictaduras militares del siglo pasado en América Latina -contra las cuales la Constitución política de un Estado resulta inútil-, esta nueva forma de dictadura no surge de un golpe militar sino de un proceso electoral democrático. El Presidente de la República así electo se vale de mayorías electorales circunstanciales, de la corrupción y de una serie de artimañas y resquicios legales que la Constitución vigente permite por omisión explícita para ir gradualmente destruyendo la democracia representativa, la separación de poderes, las libertades públicas y el rol profesional no deliberativo de las fuerzas armadas. Con el tiempo, estos regímenes se transforman así en indistinguibles de las dictaduras militares tradicionales. Fidel Castro fue el autor intelectual de esta nueva forma de dictadura y Hugo Chávez su primer discípulo en instaurarla exitosamente.

Se requieren “candados constitucionales” muy difíciles de romper, amparados en un quorum supra mayoritario (4/5 de diputados y senadores en ejercicio) para dificultar cambiar normas constitucionales especiales que protejan la democracia del eventual surgimiento de  dictaduras institucionalizadas en Chile. Tales normas deben impedir: i) la reelección indefinida -secuencial o alternada- de un Presidente de la República; ii) que modificaciones al período presidencial o a la posibilidad de reelección consecutiva por una sola vez del Presidente se hagan extensivas al Presidente en ejercicio; iii) la cooptación político-ideológica de las FFAA vía corrupción y prebendas. Esto requiere inhabilitar al personal de las FFAA  a que éstos puedan ejercer cargos en la administración del Estado (incluidas empresas públicas) e inhabilitar al poder Ejecutivo para que este altere los sistemas de remuneraciones y beneficios así como los mecanismos de ascenso preestablecidos en la carrera militar y policial (actualmente Venezuela tiene más Generales que todos los países de la OTAN juntos); iv) que el poder Ejecutivo pueda conformar grupos de inteligencia civil o militar y/o fuerzas paramilitares o milicias civiles ad hoc no contempladas en la Constitución; vi) la institucionalización de poderes públicos paralelos que tengan potestad legislativa o de proponer leyes directamente al poder ejecutivo, saltándose así al poder legislativo (la “iniciativa popular de ley” auspiciada por Jadue apunta a esto); vii) acotar al máximo cualquier tipo de interferencia del Estado al libre ejercicio de la libertad de expresión y de información a través de los diferentes medios de comunicación social; impedir la  censura, cierre  y/o  estatización de medios de comunicación privados (la nueva “ley de medios” de Jadue apunta a esto); viii) establecer un blindaje que garantice la autonomía, imparcialidad y profesionalismo de la institucionalidad electoral, de forma permanente. Lo mismo es válido para el Poder Judicial.

Tales blindajes representan una “vacuna jurídica” contra las dictaduras institucionalizadas. Ello reduce la incertidumbre institucional y contribuye a la estabilidad económica.

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