Recibir una pensión digna es una necesidad de vital importancia. Las personas recién la “sienten” cuando están cerca de consumirla, a una edad relativamente avanzada. Aunque todos sabemos que vamos a envejecer y que deberíamos ahorrar para la etapa pasiva de la vida -pudiendo utilizar el gran abanico de productos existentes de ahorro e inversión-, casi nadie lo hace voluntariamente, ya sea por falta de visión o por urgencias del momento. Es por eso que existen “sistemas de pensiones”.

 

En este sentido, cualquier sistema obligatorio es un sistema público. La pura existencia de un “sistema”, por definición, lo convierte en público. Es también el caso del sistema chileno, a veces denominado equivocadamente como privado. Aquí tenemos un sistema público que subcontrata para ciertos componentes la ejecución operativa a terceros que obedecen las reglas fijadas por leyes y regulaciones.

 

Siendo un tema de interés público, la política importa e influye. Dada la masa de dinero involucrada y el gran número de personas afectadas (¡electores!), las pensiones han sido, son y serán un foco político apetecido para todas las tendencias ideológicas.

 

El gran problema lo tiene la gente sin empleos estables y formales. Hoy, de las 8MM de personas ocupadas, 2,3MM son informales. La mitad de los afiliados a las AFP no cotiza.

 

El diagnóstico de las causas de pensiones bajas para un número relevante de ciudadanos en edad de pensión es conocido y acertado, siendo las lagunas, el número de meses que no se cotiza, de la mayor relevancia. Este fenómeno, junto al ahorro mensual bajo (la tasa de cotización) y la creciente longevidad, hace necesario pensar no solo en ajustes, sino en innovación.

 

Los ajustes actualmente en discusión parten de un supuesto obsoleto. Se asume que el trabajo renumerado debe ser el financiamiento principal para la pensión. Esta línea de pensamiento está condenada a fracasar. El gran problema lo tiene la gente sin empleos estables y formales. Hoy, de las 8MM de personas ocupadas, 2,3MM son informales. La mitad de los afiliados a las AFP no cotiza. La tendencia mundial de trabajar por cuenta propia y de emplearse por periodos cada vez más cortos empeorará la situación. Ya hemos visto que obligar a los independientes a cotizar es difícil; llevamos 10 años intentándolo y postergándolo. Además, es un incentivo de “informalizarse” aún mayor, ya que está en juego no solamente cotizar por la pensión, sino también por la salud y pagar impuestos a la renta. No funcionará.

 

¿Por qué no pensar distinto? Esbocemos un esquema innovador, adicional a lo ya existente. El estado transfiere mensualmente a cada ciudadano, desde el nacimiento, un monto a la cuenta individual. Un monto mensual de $20.000 pesos podría llevar a una pensión a los 65 años de aproximadamente $500.000 pesos (debido a los intereses compuestos). Sería la pensión sin cotizar ni una vez, o dicho en otra manera, sería adicional a las pensiones resultantes de las cotizaciones. Para evitar la odiosa y costosa diferenciación entre “ricos y pobres”, y considerando la creciente movilidad socio-económica hacia arriba y hacia abajo, la asignación sería igualitaria para todos, de cualquier estrato, género y edad.

 

El costo, o mejor dicho la inversión en el futuro de los ciudadanos, para una población de 18MM serían, en este ejemplo, 6,3 mil millones de dólares anuales. Es una cifra grande, pero no imposible. Lo deseable es financiarlo con el consumo.

 

Es introducir la idea del “Ingreso Básico Universal” para el propósito de la pensión, así que debería contar con el apoyo del sector progresivo. Es más, el concepto tiene las características de un reparto. Los montos repartidos son iguales para cada persona, siendo el origen del dinero el que produce la redistribución y solidaridad, un deseo de la izquierda. Mantenemos la propiedad individual del fondo acumulado en una cuenta de capitalización, y la administración subcontratada de la administración. Atraerá competencia entre los subcontratados. Tendremos efectos macro-económicos muy positivos. Es de esperar, y quizás sea el efecto más importante de todos, que aumentará la conciencia de ahorrar para la pensión. La voluntad de cotizar es mayor cuando, ya a los 25 años, se ve un monto significativo en la cuenta.

 

El costo, o mejor dicho la inversión en el futuro de los ciudadanos, para una población de 18MM serían, en este ejemplo, 6,3 mil millones de dólares anuales. Es una cifra grande, pero no imposible. Lo deseable es financiarlo con el consumo. Todos consumimos, incluyendo los que no cotizan. Las personas afluentes consumen mucho más que los segmentos de menores ingresos, aportando el elemento solidario y redistributivo. Un tasa del 1% sobre los flujos (de personas naturales) de las tarjetas de débito y crédito, los giros en los cajeros automáticos, las transferencias electrónicas y los cheques podría financiar una buena parte de la inversión. Este “reparto solidario previsional” (no es un impuesto) es fácil de recaudar a un fondo específico y autónomo, el cual transfiere mensualmente las asignaciones a las cuentas individuales. A plazos mayores, la reducción del gasto en los subsidios a las pensiones básicas y mínimas y las pensiones de las fuerzas armadas también ayudará al financiamiento.

 

Con voluntad, rigor y creatividad podemos poner a Chile en la vanguardia. ¿Seremos capaces de pensar “fuera de la caja” y a tan largo plazo?

 

FOTO: LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO