Estamos a poco más de tres meses que se efectúe el plebiscito de salida, en que la ciudadanía decidirá  si aprueba o rechaza el borrador del texto de una nueva Constitución. Trabajo que fue mandatado por una gran mayoría de los ciudadanos para que los elegidos para esa tarea redactaran un texto que rigiera los destinos de nuestra República con dos características: pensaran que aquella pieza se debía proyectar en los próximos 40 años de nuestra existencia como país, y que aquella redacción uniera y representara a todas y todos nosotros.

Ni lo uno ni lo otro. A poco andar se empezó a comprender que la mayoría circunstancial redactaba artículo tras artículo un conjunto de normas que claramente no representaban al país en su conjunto, sino más bien a un conjunto de seguidores de ideología marxista en su gran mayoría. Esto naturalmente despertó un rechazo que no ha parado de crecer, incluso dentro de segmentos mayoritarios que apoyaron con entusiasmo la redacción de este texto, pero que comprendieron que la mayoría circunstancial no solo amenaza fundamentos económicos de la nación como son la libertad y la propiedad privada, sino también las bases de la democracia representativa, para convertir a nuestro país en uno donde el totalitarismo representa el principio ordenador de nuestra sociedad.

Así, emergieron las voces críticas, y los sondeos sobre el probable resultado del concurso electoral del 4 de septiembre viraron a uno marcado por el rechazo. Esto se ha sumado al rechazo popular hacia su hermano siamés, el gobierno, que pretende que ese resultado se convierta en el programa de gobierno, que todavía no conocemos en detalle.

Evidentemente esta situación agravó la crisis social, política y económica que vivía y vive el país, lo que significa que la inestabilidad política se sumó a los problemas económicos, de inflación y desaceleración de la actividad, con el consiguiente efecto sobre los habitantes más pobres de nuestra sociedad.

La violencia, que se expresa en la forma de terrorismo y delincuencia, y la inflación son los problemas que más le importan a la población. Hasta aquí las autoridades no han podido dar respuesta, en gran medida porque muchas de ellas utilizaron la violencia para llegar al poder; ahora sus ayudantes de entonces les pasan la cuenta. Respecto a la inflación, pese a que el Banco Central hace su trabajo, las perspectivas de crecimiento del gasto público se mantienen, algo que técnicamente significa que las expectativas de inflación continúan desancladas. 

La semana que recién pasó, marcada por el asesinato de un trabajador a manos de terroristas mapuches en la macrozona sur del país, hicieron comprender a La Moneda que no podrá controlar la situación, que no cuenta  con los votos para impulsar un estado de emergencia «intermedio» impulsado por el PC, por lo que recurrió a un estado de emergencia «acotado» lo cual no requiriere aprobación parlamentaria. Este último instrumento tampoco será suficiente para detener la violencia allí, pero se acomoda a los requerimientos del PC.

Lo anterior implica al menos las siguientes conclusiones: frente al intento fallido de mantener la ley y el orden, el gobierno busca subterfugios, y la renuncia a los instrumentos que la actual Constitución le otorga le permiten mantener un cierto equilibrio con el PC; pero la desprotección de las víctimas le pasará la cuenta, y la ciudadanía le exigirá que preste el servicio para el cual fue elegido, gobernar.

La llamada izquierda democrática -el PS, PPD y en menor grado la DC- comienzan a acercarse al gobierno para crear una nueva versión de la Nueva Mayoría, lo que está incomodando a quienes constituyen en su coalición la extrema izquierda. Pero es la única respuesta que La Moneda puede dar a una crisis política y económica de magnitud. Sin embargo, el acomodo político de la coalición gobernante no resulta suficiente para satisfacer a la ciudadanía, que reclama el fin de la violencia y el control de la delicada situación de la economía, dada la inflación y la desaceleración, que terminará afectando al empleo.

La inflación continuará aumentando, acercándose a la vecindad del 13% en el mes de agosto, con la consiguiente alza de la tasa de política monetaria, a los dos dígitos, lo que afecta fundamentalmente a las tasas de mercado de corto plazo. Esto a su vez impacta a los ciudadanos más pobres de la sociedad, que utilizan ese financiamiento abundantemente.

Las presiones para aumentar el gasto público se incrementarán, lo cual afectará sin duda las presiones inflacionarias y dificultará el ejercicio de la política monetaria en su intento de anclar las expectativas inflacionarias.

Las recientes cifras de crecimiento del PIB para el primer trimestre 2022, un 7,2%, cuando se examinan en detalle muestran la desaceleración de la economía, lo cual está explicado por un principio básico, la trayectoria negativa de la inversión, junto a un texto constitucional repleto de desincentivos a ella.

Difícil panorama para Chile y sus ciudadanos.

*Alejandro Alarcón es economista.

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