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Publicado el 23 de marzo, 2019

Guillermo Ramírez: Control de Identidad y Derechos Humanos

Diputado UDI Guillermo Ramírez

Es un hecho que la participación de menores de edad en delitos violentos ha aumentado dramáticamente, y por lo mismo es necesario entregar nuevas atribuciones a nuestras policías para que puedan resguardar la seguridad de todos los ciudadanos.

Guillermo Ramírez Diputado UDI
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Bien enredada ha sido la discusión del proyecto de ley sobre control de identidad para menores de edad. Las posturas van desde que el proyecto se queda corto -proponiendo de paso un toque de queda para menores de 18 años- hasta aquellos que se encuentran preparando sendos requerimientos a organismos nacionales e internacionales para denunciar la flagrante violación a los derechos humanos que la aprobación de esta ley supondría.Curioso, por decir lo menos, si consideramos que aún no se presenta ningún proyecto de ley.

Así las cosas, resulta algo absurdo debatir sobre un proyecto que no existe. Creo que sería mejor que discutamos sobre los principios que deberían inspirar tanto al referido proyecto como la discusión parlamentaria que se avecina.

Así que, si usted me lo permite, quisiera proponer un punto de partida, un principio que creo que los legisladores tenemos la obligación de respetar: nuestras policías debieran tener la mayor cantidad de medios posibles para ganar la batalla contra la delincuencia, asegurando que el uso de esos medios sea razonable, proporcional y con pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos. En otras palabras, entregar todas las herramientas a la vez que exigiendo su buen uso. Al final, un mayor poder conlleva necesariamente una mayor responsabilidad.

Un ejemplo: no parece inteligente entregarle armas de fuego a la policía sin un protocolo que defina su correcto uso; como tampoco resultaría comprensible quitarles las armas con el fin de evitar abusos. Ambas posturas ignoran el hecho de que esta disyuntiva ya ha sido superada -en Chile y el mundo- a través de protocolos que permiten el uso adecuado de la fuerza. Esta última sería, pues, la solución que respetaría el principio que proponemos.

Es un hecho que la participación de menores de edad en delitos violentos ha aumentado dramáticamente, y por lo mismo es necesario entregar nuevas atribuciones a nuestras policías para que puedan resguardar la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, en 2018 hubo 28 mil menores infractores ingresados, de los cuales 16 mil cometieron delitos de alta connotación social. Un cuarto de los delitos violentos los cometen menores de edad, y su participación en delitos relacionados con el contrabando se duplicó. Impactante, además, resulta constatar que en 2018 el porte de armas por parte de menores aumentó 46%, y la tenencia de pasta base subió en un 55%.

Ante esta realidad, el gobierno debe tomar medidas. Y esas medidas deben estar enfocadas en el grupo que está fuera de control: los menores de edad. ¿Significa esto permitir abusos, discriminaciones arbitrarias o uso desproporcionado de la fuerza? Por supuesto que no. Es por eso que, junto con el proyecto de ley, el gobierno tiene el desafío de presentar protocolos adecuados a la nueva normativa y nuevos tipos penales para sancionar duramente a los mayores que utilicen a menores de edad para la comisión de delitos.

El problema es real, por lo que debemos rechazar la idea de que no hay nada que discutir. Algunos afirman que la propuesta del gobierno no soluciona nada o que es un conejo sacado del sombrero ya que no se encuentra en el programa de gobierno. A ellos habría que hacerles ver que nadie -¡nadie!- ha dicho que con este solo proyecto de ley acabaremos con la delincuencia. Esta es una pieza más de un puzzle difícil de resolver. Además, ¿qué importa su omisión del programa de gobierno cuando sabemos que la delincuencia es la primera preocupación de todos los chilenos? El gobierno debe hacerse cargo de los problemas que se van suscitando en el camino, tal como lo hizo con las demandas feministas, el problema migratorio o el proyecto Aula Segura que acabó con los overoles blancos en los colegios públicos de nuestro país.

FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

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