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Publicado el 15 septiembre, 2020

Guillermo Pérez Ciudad: Sexual democracia

Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) Guillermo Pérez

No deja de ser contradictorio que la diversidad sexual, entendida bajo la lógica del respeto y el igual valor a todos los estilos de vida, se promueva a través de una homogeneización donde solo ciertas aproximaciones al tema son válidas.

Guillermo Pérez Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)

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Hace un tiempo se presentó un proyecto de ley que busca establecer bases generales para la educación sexual de niños y adolescentes en establecimientos educacionales. Aunque durante las últimas semanas el proyecto ha avanzado en su trámite legislativo, la idea original es más o menos la siguiente: durante años hemos abordado la educación sexual desde perspectivas valóricas y sanitarias erradas. Esta aproximación habría perpetuado los estereotipos, el abuso sexual infantil, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia de género. Lo que necesitaríamos, entonces, sería un modelo que reconociera el derecho humano a la educación sexual, donde el Estado tenga un rol activo y preponderante en promover una aproximación laica y no sexista, que sintonice con los principios emanados de los instrumentos internacionales, como la autonomía progresiva y el interés superior del niño.

Uno de los aspectos más problemáticos del proyecto es precisamente el rol que se le asigna al Estado en la materia. En el texto original, se propone que aquellos establecimientos educacionales que no compartan la metodología de los organismos estatales, presenten propuestas alternativas de educación sexual. Sin embargo, ellas están limitadas a los principios rectores que inspiran al proyecto de ley. En concreto, esto implica que ningún colegio o liceo podrá abstenerse, entre otras cosas, de proporcionar educación sexual a sus alumnos desde una “visión laica, crítica y libre de sexismo”, sea lo que sea que eso signifique.

Propuestas de este tipo convierten al Estado –que en otras circunstancias es considerado un macho violador y opresor– en el único ente apto para definir los contenidos de un plan de educación sexual, obviando el derecho de los padres a educar a sus hijos y perjudicando la libertad de la sociedad civil para construir proyectos educativos distintos a los definidos por el aparato estatal. No deja de ser contradictorio que la diversidad sexual, entendida bajo la lógica del respeto y el igual valor a todos los estilos de vida, se promueva a través de una homogeneización donde solo ciertas aproximaciones al tema son válidas.

En esta línea, el proyecto de ley asegura que es el carácter laico de las políticas de educación sexual lo que permitirá promover “la tolerancia, el pluralismo, la ciudadanía, la justicia, la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona”. Sin embargo, basta mirar superficialmente la historia de Occidente para notar que muchas de estas ideas –la dignidad humana, por ejemplo– tienen una matriz religiosa muy profunda. Cabe preguntarse, entonces, por qué aquellos padres que sostienen una interpretación distinta a la impuesta por la burocracia estatal deben aceptar que sus hijos reciban enseñanzas que no comparten.

Esto puede deberse a una contradicción más profunda, que el espíritu de la iniciativa legal logra graficar muy bien. Mientras el proyecto original juzga como un aspecto negativo que la educación sexual esté supeditada a los principios y valores de cada establecimiento, asume su propia aproximación –llena de presunciones valóricas y morales– como si fuera eminentemente neutra. Así, sus premisas son presentadas como la única alternativa posible frente a la discriminación y el abuso, como las respuestas sagradas hacia donde nos condujo el progreso. Sin embargo, al asumir que hay algunas visiones mejores que otras, las ideas del proyecto no pueden considerarse neutrales, sino justamente lo contrario: responden a una posición específica y concreta. Dicho de otro modo, defender el carácter laico de la educación sexual del peculiar modo en que lo entiende el proyecto no es ser “objetivo” ni “neutro”, pues ahí subyace un juicio de valor y una visión determinada sobre el rol de la familia y de la religión en la vida común.

Bajo esta aparente neutralidad, el proyecto busca que el aparato estatal imponga criterios que bien pueden ser calificados como pseudo totalitarios. De esta forma, sus impulsores terminan replicando –una vez más– la misma dinámica de censura y veto que le reclaman históricamente a la religión y a la familia. Vaya paradoja.

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