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Publicado el 12 enero, 2021

Guillermo Pérez Ciudad: Marcar territorio

Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) Guillermo Pérez

A pesar de la emergencia sanitaria, nuestra crisis política y social sigue viva y debemos ser capaces de responder a sus causas. Una de ellas es, precisamente, la poca incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Guillermo Pérez Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)
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No hay que ser Pedro Engel para adivinar que nadie confía en la clase política. Tampoco para revelar los peligros que genera esa desconfianza. Ella nos convence de que podemos prescindir de nuestros dirigentes y resolver los problemas sociales excluyéndolos. Por eso los independientes agarran tanto vuelo, y por eso también los más experimentados –como Heraldo Muñoz– luchan por parecerse a la señora Juanita, abjurando de toda una valiosa vida de servicio público.

Sean cuales sean los errores –o delitos, en algunos casos– de nuestros políticos, es imposible dejarlos a un lado. Nuestra organización social no es viable sin mediadores que encaucen y concreticen las demandas de los grupos que representan. La democracia directa, aquel régimen en donde todos los miembros de la comunidad política toman las decisiones a través de asambleas, es impracticable en nuestros días. Quien nos venda esa meta, nos vende en realidad algo distinto de la democracia.

En el clásico libro El Federalista (IES, 2018), publicado por primera vez hace ya más de 200 años, James Madison muestra los peligros que implica la democracia directa, y señala que los gobiernos de este tipo conducen a enfrentamientos y turbulencias, siendo “tan breves sus vidas como violentas sus muertes”. Además, por lo general, en este régimen las facciones más fuertes terminan adueñándose de la institucionalidad y arrogándose la voz del pueblo. La historia tiene incontables ejemplos de que estos experimentos nunca terminan bien, aunque no hay que ir tan lejos para notar que Madison estaba en lo correcto: basta ver cómo funciona cualquier asamblea universitaria chilena.

Nada de esto significa que debamos mantener las cosas tal como están. A pesar de la emergencia sanitaria, nuestra crisis política y social sigue viva y debemos ser capaces de responder a sus causas. Una de ellas es, precisamente, la poca incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Ahora bien, no es claro que los mecanismos que se proponen de cara a la discusión constitucional logren resolverla. La iniciativa popular de ley, por ejemplo, puede difuminar la diferencia entre legisladores y ciudadanos, volviendo extremadamente compleja la tarea de relegitimar a los políticos como mediadores de las necesidades de la gente. Algo similar ocurre con los referéndums revocatorios, que pueden complicar aún más nuestra debilitada capacidad para lograr acuerdos.

No es necesario, entonces, apostar por estos mecanismos tan grandilocuentes, que servirán para exacerbar aún más la polarización y difícilmente se traducirán en políticas públicas concretas. Los tiros debieran apuntar a aumentar el poder de decisión de la ciudadanía en aquellos problemas que inciden directamente en su relación cotidiana con el entorno. En esta línea, una alternativa es flexibilizar los requisitos para que los habitantes de una comuna puedan convocar a plebiscitos vinculantes respecto del plan regulador comunal y de proyectos sobre transporte, medio ambiente y desarrollo urbano, entre otros.

La ley indica que la ciudadanía puede convocar a un plebiscito comunal cuando al menos el 10% de quienes votaron en la última elección acuden con su firma al registro civil o a una notaría. Una vez realizado el plebiscito, los resultados solo son vinculantes si es que vota más del 50% de los ciudadanos habilitados para hacerlo. Considerando los bajos niveles de participación y las dificultades de las notarías y de las oficinas del registro civil para proveer sus servicios, es sencillo notar que estas exigencias no se ajustan ni de lejos al contexto actual.

La flexibilización de todos estos requisitos debiera ir acompañada de un fortalecimiento de otras instancias de participación a nivel local, pues las actuales inciden muy poco en la toma de decisiones. Además, no cuentan con las herramientas para adecuarse a la realidad de cada territorio y, como en prácticamente cualquier tema municipal, dependen del liderazgo y la iniciativa de cada alcalde.

Aunque pueda parecer obvio, la recomposición del vínculo entre política y sociedad se juega en la capacidad de atender los problemas que surgen de la experiencia cotidiana del individuo con el lugar donde vive. Por lo mismo, si no creamos espacios para que las personas incidan en el desarrollo de su territorio, es probable que nuestras crisis continúen y que en unos años más, en medio de la ciudad incendiada, volvamos a decir “no lo vimos venir”. Aún hay tiempo, no lo desaprovechemos.

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