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Publicado el 22 junio, 2021

Guillermo Pérez Ciudad: ¿El Presidente de la regiones?

Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) Guillermo Pérez

Fueron incontables las veces en que se le advirtió al oficialismo que su actitud con el proceso de descentralización tendría enormes costos.

Guillermo Pérez Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)
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Los resultados de las elecciones de gobernadores regionales reafirman la magnitud de la crisis que vive el oficialismo. Obtener una sola gobernación de dieciséis en disputa es una derrota brutal por donde se le mire, sobre todo si las reglas electorales, en teoría, beneficiaban al sector. Recordemos que la discusión legislativa de la reforma que consagró estos comicios se estancó precisamente por desacuerdos en este tema. La derecha quería que los gobernadores se eligieran por mayoría simple, mientras que la izquierda abogaba por la mayoría absoluta. El 40% con segunda vuelta que finalmente se aprobó fue el consenso que permitió avanzar y respecto del que la oposición nunca estuvo muy convencida, pues hasta hace un par de años se pensaba que el oficialismo podía llegar a obtener 9 o 10 gobernaciones.

Sin embargo, no solo los números son preocupantes, sino también las reacciones de algunos dirigentes del sector luego de la derrota. Por ejemplo, al día siguiente de la segunda vuelta, el presidente de la UDI, Javier Macaya, hizo una autocrítica y señaló acertadamente que su sector debió tomarse los comicios más en serio y planificarlos con tiempo. Sin embargo, lo cierto es que fueron incontables las veces en que se le advirtió al oficialismo que su actitud con el proceso de descentralización tendría enormes costos. Pero como en tantos otros temas que hoy pasan factura, el sector se empecinó en tomar una actitud reactiva, de total rechazo al proceso. De este modo, nunca lograron proponer cambios sustantivos a la falta de recursos y de competencias que tanto criticaron en su momento.

Que se entienda bien: el problema no es que la derecha se opusiera a la elección de gobernadores regionales tal y como terminó aprobándose. Es la esencia de un sistema democrático poder disentir respecto de los proyectos en los que se está en desacuerdo. El problema es que, a pesar de la constante oposición, nunca lograron construir cursos de acción alternativos y razonables a lo que se estaba proponiendo. Es más, en los discursos muchos parlamentarios decían apoyar la elección de gobernadores, pero en los hechos dilataban las discusiones legislativas y ponían trabas a los avances de los proyectos sin ofrecer una propuesta diferente.

Dicho de otro modo, el oficialismo no se atrevió a decir que estaba en contra del proceso de descentralización, pero hay varios ejemplos que así lo evidencian. En efecto, a pesar de que en la reciente cuenta pública el Presidente llamó a aprobar con celeridad los proyectos de ley que intentan solucionar algunos problemas de las nuevas estructuras regionales, el gobierno se demoró demasiado (de nuevo) en enviarlos a trámite legislativo. Ahora estamos a pocas semanas de que las nuevas autoridades asuman en su cargo y todavía hay varios temas pendientes. A esto se suma, además, el intento permanente del Ejecutivo –quien hace unos años se autodenominó “el Presidente de las regiones”– de postergar la elección (incluso cuando quedaban pocas semanas para inscribir las candidaturas). La pregunta viene por sí sola: ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ocupar todas sus energías en negarse a estos proyectos, el oficialismo hubiera intentado construir alternativas que solucionaran sus problemas?

El cuadro descrito tendrá serias consecuencias para el futuro del sector, especialmente de cara a la elección presidencial. Recordemos que el proceso de descentralización es gradual. Esto significa que los gobernadores regionales deberán negociar traspasos de nuevas competencias y recursos con el gobierno central. El riesgo de que esas instancias se conviertan en una disputa permanente con el Ejecutivo es muy alto, sobre todo si los gobernadores no asumen su cargo con prudencia y lo utilizan como un trampolín para alguna aventura electoral de mayor envergadura.

Todos estos posibles conflictos entre los gobiernos regionales y el central se acentuarán si el próximo Presidente pertenece al oficialismo, pues al frente tendrá a 15 gobernadores de oposición con los que deberá negociar. Y si el escenario ya era complejo con una Convención Constitucional en marcha y con un parlamento en contra, con 15 autoridades regionales presionando permanentemente por más recursos y competencias la situación se vuelve especialmente difícil.

La única posibilidad para revertir este dramático contexto, al menos a nivel regional, es construir soluciones y alternativas para los problemas de los gobernadores electos (algo que Yasna Provoste comenzó a hacer al día siguiente de la elección). En esta línea, es fundamental que la derecha proponga nuevos mecanismos de coordinación y de colaboración entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales (aquí se esbozan algunas alternativas en ese sentido). También es importante afinar la legislación de acuerdo con las distintas experiencias de gobierno que se vayan generando, evaluar los mecanismos de resolución de conflictos entre el gobierno central y las regiones y flexibilizar la adecuación de las políticas públicas a las necesidades de los territorios, entre muchas otras cosas.

Llegó el momento de tomarse en serio la descentralización. Ya no es posible seguir evadiendo los debates de fondo sacando a la luz los problemas que subyacen en las propuestas del contrario. Hay que comenzar a proponer y a tender puentes. Es el último recurso.

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