El terrorismo es un crimen cruel e indigno. Por definición afecta a inocentes. Su propósito es amedrentar a la población y doblegar la voluntad política. Ha existido desde siempre, pero cobró notoriedad en el siglo XIX y, en la actualidad, recurre a justificaciones religiosas invocando una torcida interpretación del Islam. Su acción es global. Puede golpear en cualquier parte del mundo, como recuerdan los atentados ocurridos en Argentina contra la Embajada de Israel y la AMIA en tiempos de Carlos Menem.
El acto terrorista más llamativo fue el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York el 2001, con miles de muertos. El gobierno de George W. Bush proclamó la guerra al terrorismo, mandó combatientes a Afganistán y desató la segunda guerra de Irak. Pero lo más cuestionable fue la detención en muchos países, sin orden judicial alguna, de cientos de sospechosos de pertenecer a alguna organización terrorista islámica y su posterior traslado clandestino a cárceles desconocidas, para terminar recluyendo a buena cantidad de ellos en una prisión especial habilitada en la base militar de Guantánamo en Cuba.
A esas personas se les negó una adecuada defensa y se inventó un estatuto especial para mantenerlas al margen del derecho norteamericano y del derecho internacional. Han permanecido en esas condiciones por más de 12 años, sometidas a tratos extremadamente crueles de aislamiento, a vista y paciencia del mundo. La barbarie del terrorismo sirvió de justificación para su encarcelamiento fuera del derecho. Las confesiones fueron obtenidas empleando la tortura y carecen de todo valor ante un tribunal de los EE.UU. Esta situación ha sido denunciada por organismos de derechos humanos como Amnesty International, Human Rights Watch, Wola y el Comité contra la Tortura de NU; en días pasados la Comisión de Inteligencia del Senado ha dado a conocer las prácticas de tortura.
Mientras los gobiernos tienen el derecho, bajo las leyes de guerra, de detener a los prisioneros capturados en el campo de batalla respetando su integridad física y psíquica según los Convenios de Ginebra, ningún gobierno tiene derecho a declarar como zona de guerra a todo el mundo y agarrar a los sospechosos en forma clandestina. La mayoría de los detenidos en Guantánamo no fueron capturados por las tropas estadounidenses en una batalla.
El Presidente Obama llegó a la Casa Blanca con la promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo y poner fin a las torturas. Desde entonces varios prisioneros han sido liberados: de los 739 detenidos, 634 han sido enviados a más de 50 países. El último país en recibir a seis de ellos ha sido Uruguay. Es el primero de América del Sur. El Presidente Mujica ha dado razones humanitarias para tomar esa decisión y ha tenido el coraje de hacerlo contra el parecer mayoritario de la opinión pública. Quedan 136, de los cuales 67 esperan un país que los acoja, debido a los riesgos que corren si retornan a sus países de origen, sacudidos como están por serios conflictos políticos y militares. Muchos son de Yemen.
El Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones ha bloqueado la transferencia de los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos, invocando una ley que así lo establece. Con los republicanos tomando el control del Senado, podría haber restricciones adicionales. No obstante, la Administración Obama continúa hacia adelante para tratar de terminar con Guantánamo, pero necesita el apoyo de los líderes de la comunidad internacional para transferir a los detenidos.
Uruguay ha mostrado un liderazgo importante. Me recuerda algo que el líder político uruguayo Wilson Ferreira, quien vivió en el exilio, dijo una vez: “La solidaridad no se agradece, se retribuye”.
En tiempos de dictadura fueron muchos los norteamericanos que lucharon por los derechos humanos en Chile, sobre todo del Partido Demócrata. Ellos necesitan hoy un gesto de reciprocidad. Miles de chilenos salimos al exilio gracias a una actitud generosa de un país de acogida. Las autoridades de la época nos acusaban de las peores cosas. Gracias a esas naciones y a la labor de ACNUR, organismo de UN para los refugiados, pudimos encontrar amparo y, tras muchos años, volver a Chile. ¿Por qué ahora daríamos vuelta la espalda a quienes nos piden otro tanto? Incluso las autoridades norteamericanas que los han mantenido injustamente detenidos, consideran que ya no representan ningún “peligro”.
El gobierno norteamericano ha pedido también a Chile que tenga una actitud abierta y reciba un número de esos detenidos, sin condiciones, en total libertad. No hay razón alguna –ni política, ni jurídica– para no seguir el ejemplo de José Mujica. Esas personas –que han aprendido español– podrían insertarse en nuestra sociedad, como lo hicieron las 20 familias palestinas provenientes de Irak que llegaron el 2007 a nuestro país. Si ellos quieren podrían asentarse en Chile o bien viajar libremente a donde quieran.
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, ha declarado:“Más de la mitad de los prisioneros que aún quedan en Guantánamo están en condiciones de ser liberados, pero no lo han sido por falta de un país que los acoja. Se trata de personas que no han sido juzgadas, ni lo serán, por crimen alguno y las exhaustivas evaluaciones a que han sido sometidas por parte de las autoridades de Estados Unidos han determinado que no presentan riesgos graves para la seguridad de este país, ni de aquel que los acoja”.
Espero que el Gobierno de Chile –por su compromiso con los derechos humanos– acceda a la petición del Presidente Obama y contribuya a terminar con el oprobio de la cárcel de Guantánamo. Cada prisionero que es liberado marca el fin de una grave violación a los derechos humanos.
José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.
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