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Publicado el 26 de diciembre, 2015

Gratuidad, y el futuro del sector técnico profesional

Afortunadamente, y producto del trabajo de algunos parlamentarios con distintas sensibilidades políticas, la ley finalmente aprobada corrigió dos elementos que estaban en el proyecto de ley corta y que dan esperanza.
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Después del fallo del Tribunal Constitucional que estableció que la glosa discriminaba en forma arbitraria, se terminó aprobando un proyecto que en lugar de excluir a cerca de 75% de los estudiantes de la educación Técnico Profesional, excluye al 100%, igualando hacia abajo, o casi literalmente, “quitando los patines”. Pero además, es discriminatoria pues permite que alumnos menos vulnerables (e.g., 5º decil) que asistan a universidades de cuatro años de acreditación (e.g., U. Autónoma), se les financie completamente su arancel, mientras que alumnos más vulnerables (e.g., 3er decil), que asistan a una institución técnico profesional con seis o siete años de acreditación (e.g., Duoc UC), deban financiar parte de su arancel. La ley así aprobada revierte la parte más positiva del anuncio de la Presidenta del 21 de mayo, que fue igualar condiciones y de hecho, profundiza el peor trato con alumnos que asisten a instituciones técnico profesionales (TP).

La premura y el cansancio de fin de año puede explicar la notoria pasividad intelectual de centros de análisis usualmente atentos a temas de educación, la completa falta de solidaridad de las federaciones universitarias con los alumnos TP, y el exclusivo “análisis forense” de legisladores que sólo diagnosticaron que la ley que ellos aprobaron perjudica especialmente a los alumnos del sector TP.

Sin embargo, lo más preocupante proviene de algunas declaraciones de la ministra de Educación, quien para justificar la constitucionalidad de la ley, señaló que la acreditación de las instituciones TP y universitarias es de naturaleza diferente. En simple, que inducir a los alumnos a ir a una universidad, por ejemplo la Universidad Autónoma (cuatro años de acreditación), en lugar de ir al Duoc UC (siete años de acreditación), no discriminatorio por cuanto cuatro años para una universidad contribuirían más a los objetivos de la sociedad, que lo que lo haría una institución TP incluso con siete años de acreditación.

Esta interpretación es errónea e involucra un grave riesgo para el futuro de la educación superior en Chile. Concibe las instituciones en categorías de primera y segunda división. El mejor de segunda, sería peor que el último de primera. Pero no sólo errónea, sino elitista, porque ve a la educación TP como remedial, posiblemente influenciada por lo que fue en sus orígenes, a fines de los 60′, el D.U.O.C, que era una institución orientada a entregar oficios, y cuyos requisitos de ingreso eran saber leer y escribir y realizar cuatro operaciones básicas. Hoy la educación TP es educación superior y su acceso está pensado para grandes grupos de la clase media, aquella que en un 100% terminó su educación escolar y tiene aspiraciones de ser profesional o técnico, y que no necesariamente ven en la universidad el futuro que desean.

El error además se aprecia en elementos objetivos de acreditación. Claro que las instituciones difieren en sus propósitos, pero la acreditación está concebida igualmente y se expresa, en la misma escala de cero a siete años, en la forma que cada institución da cumplimiento a su promesa a la sociedad y a sus estudiantes del perfil de egreso que contiene su Proyecto Educativo.

Afortunadamente, y producto del trabajo de algunos parlamentarios con distintas sensibilidades políticas (e.g. Bellolio, F. Kast, Allamand, Jackson), la ley finalmente aprobada corrigió dos elementos que estaban en el proyecto de ley corta y que dan esperanza. En primer lugar, aumentó las becas para el sector TP, ligando de alguna manera el monto con la acreditación. Como estaba en la propuesta, los estudiantes debían cofinanciar más cuando asisten a instituciones de mayor acreditación y a carreras de más sofisticación tecnológica, que son las que tienen los más altos aranceles, desalentándoles a ir a las mejores instituciones.

Más importante, la ley compromete al Estado a aplicar al sector TP, al cabo de tres años, las condiciones de gratuidad y financiamiento establecidas para el mundo universitario. Ello es consistente con una visión de un sector de educación superior integrado, y que concibe el estudio TP como una auténtica y legítima vocación de servicio para el país.

 

Ricardo Paredes, Rector Duoc UC.

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

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