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Publicado el 07 de diciembre, 2015

Gratuidad vía presupuesto: el autogol del gobierno

La insistencia en llevar adelante cambios estructurales por una vía que no permite la necesaria discusión pública, puede significar el fracaso de una de sus principales promesas.
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El pasado 21 de mayo la Presidenta Bachelet anunció que el inicio de la gratuidad universal en la educación superior se adelantaba para 2016, lo que ha sido definido por el gobierno como un cambio de paradigma. Este apuro autoimpuesto significó la renuncia consciente de debatir adecuadamente una política de esta envergadura, optando la autoridad por un atajo: dar el primer paso de este cambio estructural mediante una glosa del Presupuesto de la Nación. Las críticas fueron inmediatas y trasversales. Desde el primer día se advirtió lo inapropiado de la medida considerando que esta modificación debía tramitarse y discutirse en el Congreso a través de un proyecto de ley específico y no mediante el presupuesto anual.

El gobierno decidió hacer caso omiso a las críticas y siguió adelante. Por estos días, la glosa en cuestión tendrá que ser revisada por el Tribunal Constitucional, lo que ha acentuado la incertidumbre y se convierte en un tropiezo más de una política que nunca debió ser impuesta de este modo.

En efecto, modificaciones estructurales de esta naturaleza no se pueden realizar vía glosa presupuestaria porque ello vulnera la Constitución y es contrario a estándares básicos de toda discusión democrática. La finalidad de la ley de presupuestos es únicamente establecer los ingresos y gastos del Estado para un año determinado y su tramitación está restringida por mandato constitucional a sólo 60 días. Además, a diferencia de un proyecto de ley regular, no hay espacio para que participen de la discusión legislativa expertos y otros actores interesados; también se resta el trabajo de las comisiones de educación.

El Tribunal Constitucional deberá analizar si la glosa de gratuidad es un cambio estructural al sistema actual, y de serlo, podrá dejarla sin efecto. ¿Lo es? El gobierno parece no tener dudas: en distintas oportunidades sus autoridades han explicitado que lo que se implementaría el 2016 es justamente eso, el primer paso hacia un cambio radical en el sistema educacional.

El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet pone a la “gratuidad universal” como uno de los pilares de la reforma educacional señalando que “esta propuesta plantea un cambio de paradigma”. El 2014, el gobierno presentó un mapa de la reforma educacional donde se señala lo siguiente: “Nuevo Paradigma de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Se sentarán las bases que cambiarán el modelo con que ha operado el sistema de la Educación Superior en las últimas décadas”. En la última Cuenta Pública del 21 de mayo la Presidenta anunció que “a partir de 2016 aseguraremos que el 60 % más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito (…) Esta medida es coherente con nuestro programa de gobierno y seguiremos avanzando decididamente hacia la gratuidad universal”. Las palabras que sostuvo en una entrevista de julio pasado el jefe de la división de Educación Superior del Mineduc también son elocuentes: “Queremos construir un sistema basado en la oferta, donde el Estado financia instituciones para que los jóvenes pueden estudiar. La institución presta un servicio educacional y la relación es con el Estado, que pone reglas. Habrá exigencias para ingresar a la gratuidad y condiciones para permanecer como, por ejemplo, los niveles de acreditación. Para esto, además, habrá fiscalización. Así, la relación entre el estudiante y la institución es reemplazada por el Estado y la institución”.

La glosa de gratuidad sin lugar a dudas sienta las bases de una transformación estructural que propone pasar de un sistema donde el Estado subsidia la demanda a través de becas focalizadas o créditos subsidiados para los estudiantes que requieren apoyo económico y que se matriculen en planteles acreditados, a un sistema que subsidia la oferta, es decir, donde el Estado entrega recursos directos a determinadas instituciones.

Lo anterior cambia el rol que le cabe al Estado, al alumno y a la institución en el sistema. Se afecta la autonomía universitaria en aspectos fundamentales como la fijación de aranceles, la manera de organizarse jurídicamente y el tipo de gobierno interno. Para 2016 se reduce en más de un 50% el presupuesto de las becas, una ayuda estudiantil que ha prevalecido en las últimas décadas, y se pasa de un sistema donde un 70% de la ayuda fiscal se dirige a los estudiantes (demanda) y un 30% a las instituciones (oferta) a un sistema donde dichos porcentajes pasarán a ser similares para que, en un futuro próximo, predomine el financiamiento fiscal directo a las instituciones.

La encrucijada en la que se colocó el gobierno es evidente. La insistencia en llevar adelante cambios estructurales por una vía que no permite la necesaria discusión pública, puede significar el fracaso de una de sus principales promesas. Paradójicamente el escenario anterior da la posibilidad de mantener a salvo las becas, un mecanismo de financiamiento que ha sido esencial para el desarrollo de nuestro sistema de educación superior y para el acceso a mejores oportunidades.

 

Raúl Figueroa Salas, @raulfiguersa, Director Ejecutivo de Acción Educar, @accioneducar.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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