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Publicado el 08 de agosto, 2015

Gratuidad universal y el equivocado giro en la lógica de financiamiento

Se sigue excluyendo tanto a alumnos como a instituciones por criterios que no tienen que ver con la calidad ni con la normativa vigente.

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Ante las evidentes restricciones presupuestarias y las críticas transversales que se han instalado, el gobierno ha anunciado cambiar nuevamente los requisitos que pedirá para implementar la gratuidad parcial que pretende para 2016. Sin embargo, los nuevos criterios no resuelven las graves y arbitrarias discriminaciones que genera la política en cuestión, por el contrario, introducen nuevas distorsiones y mayores grados de confusión respecto a una política cuya improvisación parece no tener límites.

Los requisitos que la autoridad le exigiría a las instituciones privadas para ingresar al sistema son confusos y no dicen relación con normas establecidas en el marco legal vigente, lo que se demuestra en el hecho de que el mismo gobierno ha dicho que aún no tiene claridad sobre qué instituciones los cumplirían. Además generan nuevas diferencias sin justificación en cuanto se exigen cuatro años de acreditación para las universidades privadas que ingresen, pero no se establece la misma vara para los planteles del Consejo de Rectores (CRUCH), donde en efecto hay varias instituciones con menos años de certificación. En el caso de la educación técnica, el cambio sólo significó que alrededor de 12 mil alumnos que hasta hace una semana iban a acceder a la gratuidad, hoy serán excluidos debido a la baja en el umbral de vulnerabilidad que será cubierto con este sistema (de los jóvenes del 60% más vulnerable se pasa al 50% más vulnerable). Bajar dicho umbral era un camino razonable en la medida que se hubieran corregido las discriminaciones que generaba esta política entre estudiantes de igual necesidad económica, pero eso no fue lo que sucedió. Se sigue excluyendo tanto a alumnos como a instituciones por criterios que no tienen que ver con la calidad ni con la normativa vigente.

La gratuidad universal y sus versiones parciales para alcanzarla gradualmente son una fuente constante de dificultades. Resulta interesante a esta altura del debate volver a preguntarse el porqué de este cambio y cuáles son sus implicancias de fondo.

La propuesta de fondo que subyace a la política de gratuidad universal presentada por el gobierno es modificar la lógica del financiamiento desde un subsidio a la demanda hacia un financiamiento a la oferta.

Actualmente, el financiamiento estudiantil que entrega el Estado constituye un subsidio a la demanda, que se materializa a través de becas y créditos subsidiados, los cuales se le entregan al alumno para que éste los destine y haga efectivos en la institución acreditada de su preferencia y que mejor se adapte a sus capacidades y necesidades, reconociendo así la libertad de los jóvenes para escoger entre la diversidad de proyectos educacionales. Una característica esencial de este mecanismo de financiamiento es que promueve que las instituciones de educación ofrezcan programas que sean atractivos para los jóvenes y, por esa vía, obtengan recursos. Esto las obliga a tener mayor capacidad de adaptación a las necesidades del país y de los estudiantes, con quienes las instituciones deben tener un estrecho vínculo.

A diferencia de las becas, la gratuidad universal implica un sistema de financiamiento estatal directo a la oferta, es decir, a la institución que ofrece el servicio educacional. Uno de los efectos negativos de este mecanismo es el cambio en los incentivos que genera y el desconocimiento al importante rol que le corresponde al estudiante. En efecto, esta lógica de financiamiento a la oferta aleja a las instituciones de las necesidades de los jóvenes y pone los incentivos, equivocadamente, en fortalecer la capacidad de negociación de las universidades con el Estado para conseguir mayor financiamiento. En los hechos, lo anterior implica eliminar la relación entre los estudiantes y su institución, lo que es evidentemente negativo, reemplazándola por un vínculo entre las instituciones y el Estado.

No se puede perder de vista que el financiamiento estudiantil tiene como objetivo primordial el mejorar el acceso y la inclusión a la educación superior, especialmente de los jóvenes de menos recursos. Considerando que, en promedio, quienes terminan los estudios superiores en Chile reciben un sueldo 2,6 veces mayor que quienes sólo terminan la enseñanza media, resulta evidente que pasar por la educación superior es una oportunidad que promueve una mayor equidad y que debiera estar al alcance de los alumnos meritorios que lo requieran.

Ante la modificación que propone la autoridad en la lógica del financiamiento, la primera duda que surge es: ¿ha fracasado el modelo actual? Los datos son claros al respecto: La cobertura de Chile en educación superior se encuentra dentro del promedio de los países de la OCDE y, en el caso de los jóvenes del quintil de menores ingresos, se ha expandido desde un 4,5% a un 34, 4% desde 1990 a la fecha. Lo anterior gracias a una política de becas y créditos sostenida en el tiempo que gobiernos de diversos signos han ido perfeccionando. Así, las becas se han ampliado en monto y cobertura sistemáticamente, llegando hoy al 70% más vulnerable de los estudiantes. Lo mismo ha sucedido con el mecanismo de crédito que, no obstante haber colaborado a mejorar el acceso, tenía el defecto de generar un sobre endeudamiento a muchos estudiantes, considerando su tasa de interés cercana al 8% y un pago en cuotas fijas que no se ajustaba a las rentas de los jóvenes. Desde 2011 dicha realidad cambió: el Crédito con Aval del Estado tiene una tasa anual subsidiada de 2% y se paga en cuotas que no pueden superar el 10% de la renta del egresado, evitando así el sobre endeudamiento.

En vez de cambiar la lógica de financiamiento, el desafío está en contar con un marco regulatorio adecuado que asegure una oferta de calidad y al mismo tiempo dote al sistema de un conjunto de posibilidades que permitan a los jóvenes elegir entre proyectos diversos. Con todo, nuestro actual sistema de becas y créditos debe ser perfeccionado, facilitando el acceso a ellas, elevando sus montos de tal forma que incluso permitan financiar gastos de mantención de alumnos de menos recursos y terminando con las discriminaciones que perjudican a los alumnos de universidades acreditadas que no pertenecen al CRUCH o que están en la educación superior técnica.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

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