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Publicado el 24 de diciembre, 2015

Gratuidad: una discusión precipitada

Aunque la cobertura de la educación superior ha aumentado en forma importante, las políticas de gratuidad en la forma que lo propone el gobierno beneficiarán solo a unos pocos, porque la mayoría no tiene acceso a estudiar una carrera universitaria.
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En estos días es casi imposible que en alguna reunión social o de trabajo, alguien no comente el tema de la gratuidad para el sistema de educación superior. Para los que ya tenemos 40, 50 o más años de edad, vivimos una sociedad educacional dividida en forma muy marcada, por los que iban a colegios particulares y lo que asistían a colegios públicos (fiscales se les decía en esa época).

Con solo algunas universidades disponibles hasta antes de la reforma educacional a principios de los años 80, algo así como el 5% de los que egresaban de cuarto medio en esa época (y tal vez parte de los 70) tenía la suerte de ingresar a alguna de las pocas universidades que existían, hoy las del Consejo de Rectores, CRUCH. También antes de la reforma existía un sistema de aranceles llamado “diferenciado”, en el cual un alumno pagaba lo que podía y la diferencia la debía poner el Estado, sistema que se cambió por el llamado crédito fiscal, donde el Estado en vez de poner la diferencia del arancel, nos prestaba vía un crédito lo que no podíamos pagar (hasta el 100% incluso).

No voy a discutir si uno era mejor que el otro, pero me parece razonable que si el mayor ingreso futuro percibido por haber estudiado en la universidad lo percibe el alumno, entonces estudiar con crédito no es descabellado y, por el contrario, si ese pago se cubre con fondos transferidos del Estado con impuestos, éstos son siempre pagados incluso por los más pobres, generando la locura de que los pobres financian la educación de los que serán –en términos relativos- los ricos de mañana.

A eso se agregaba una suerte de discriminación horizontal y vertical, donde la primera se refiere a que de un curso de 30 o 40 niños, solo unos pocos y de colegios privados lograban entrar a la universidad, aunque todos los alumnos del curso estuvieron 12 años escuchando los mismos profesores, hacían las mismas tareas, daban las mismas pruebas, vivían más o menos donde mismo e incluso respiraban el mismo aire en la sala de clases, por lo tanto todos podían potencialmente ingresar a la universidad, pero no todos lo hacían.

La discriminación vertical se refiere a que por razones socioeconómicas, las universidades recibían en mayor proporción niños de colegios privados de alto ingreso, que los de bajo ingreso o los que venían de colegios públicos, en condiciones que los programas de estudio eran los mismos para todos.

Dicho todo esto, la realidad de hoy es muy distinta. El surgimiento de los colegios particular-subvencionados dio la posibilidad de que muchas familias, vía un copago, pudieran acceder a mejor educación y por lo tanto mejorar la probabilidad de ingresar a la universidad. Pero no solo eso, sino que además el nacimiento de las universidades privadas post reforma de los 80 dio la oportunidad a que cerca de un 30% de los niños que egresan de la educación media (versus el 5% mencionado antes), pudiera acceder a estudiar una carrera universitaria.

Aunque la cobertura de la educación superior ha aumentado en forma importante, las políticas de gratuidad en la forma que lo propone el gobierno beneficiarán solo a unos pocos, porque la mayoría no tiene acceso a estudiar una carrera universitaria.

Con esto quiero decir que la discusión sobre gratuidad no tiene sentido si no se toman decisiones sobre el acceso al sistema de educación superior, por la ausencia de definiciones de política pública sobre qué tipo de educación necesitamos para la sociedad actual (técnico profesional o universitaria) y quienes deben proveer esa formación.

Aunque es cierto lo que algunos dicen respecto que la universidad tiene un rol de aporte a la sociedad por la investigación científica que realiza, no es menos cierto que los fondos destinados a ese fin son bastante menores respecto al de egresar profesionales al mercado sin orientación respecto de si se necesitan o no.

Por otro lado, la discusión de gratuidad tampoco ha incorporado el tema de los aranceles de las carreras, ya que si se fijan los valores que se cobran, por ejemplo, nadie podrá mejorar la calidad contratando un Doctorado porque no habrán más recursos que los que fija el regulador. Ni hablar de la forma en que se fijarían los valores de las carreras, ya que todas las universidades tienen estructuras de costos distintas.

En definitiva, la gratuidad me parece una discusión precipitada sin tener acordada una política pública para los tipos de profesionales que necesita el país y la forma en que se fijarán los aranceles.

 

William Díaz R., economista y director ejecutivo Experior Consultores.

 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

 

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