Hace exactamente una semana el Congreso despachó la llamada “Agenda Corta de Gratuidad”. Tras haber conocido más de diez propuestas en la materia –lo que dió cuenta de un nivel de improvisación sin precedentes para la envergadura de una política pública como la que se buscó impulsar-, el gobierno finalmente logró avanzar en la promesa de campaña de la Presidenta, otorgando gratuidad a un grupo de estudiantes para el año 2016, un grupo reducido y seleccionado con pinzas por el gobierno donde finalmente se mantuvo la discriminación expuesta por el Tribunal Constitucional, que falló en favor de la no discriminación arbitraria consagrada en la Constitución.
A nuestro juicio, creemos que la fórmula para definir quiénes podrán acceder a la gratuidad sigue contradiciendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional toda vez que exige condiciones en función de las instituciones y no de las personas que estudiarán en ellas. De esta forma, la llamada “agenda corta” mantiene como sujeto beneficiado por la gratuidad a la institución y no a la persona, dejando a un lado criterios como el mérito y la situación socioeconómica de los estudiantes. Aunque ciertas desigualdades injustas fueron corregidas –cosa siempre deseable-, la construcción de la norma finalmente aprobada mantiene un criterio fundamental entregado por la justicia constitucional: los beneficiarios deben ser siempre los alumnos.
Sin perjuicio de lo anterior, esta agenda corta retrocede en términos de discriminación entre estudiantes técnicos profesionales y universitarios. Esto, ya que si bien se aumenta el monto de la Beca Nuevo Milenio para los estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles, se vuelve a excluir a los centros de formación técnica e institutos profesionales del beneficio de la gratuidad, generando una segmentación arbitraria según la institución en que se estudia.
Sumado a ello, la iniciativa aprobada por el Congreso mantiene una fuerte intervención estatal en la autonomía de las instituciones de educación superior. Manteniendo el criterio de la glosa original, la propuesta de gratuidad del gobierno exige a las universidades tener un crecimiento máximo de matrícula de un 2,7% para el año 2016. Además, estas instituciones deberán cobrar un arancel previamente fijado por el Ministerio de Educación. Esto no debe olvidarse.
A pesar de todo lo anterior, la gratuidad llegó para quedarse. Gratuidad que, si bien pudiese ser entendida por algunos como un óptimo para otorgar mayor equidad a la sociedad chilena, posterga aspectos mucho más relevantes como lo es la educación pre escolar o la capacitación de miles de trabajadores que ven limitadas sus opciones de salir adelante por no haber tenido acceso a una buena educación.
Debemos seguir mirando con lupa el desarrollo de este debate, pues aún queda mucho paño por cortar.
Queramos o no, Chile no es un país desarrollado y políticas como la gratuidad permiten pensar que cada vez resulta más difícil que lo llegue a ser. La función del gobierno y las autoridades políticas no es implementar medidas que aseguren votos, sino que construir políticas que aseguren el desarrollo autónomo de las personas. Por ello urge retomar el rumbo para poder avanzar como país.
Felipe Rössler, Fundación Jaime Guzmán.
FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO