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Publicado el 22 de marzo, 2015

Gonzalo Cordero: El valor de los procedimientos

Lo que la calle y la opinología considera “impresentable” se ha convertido en ley y se pretende imponer a fuerza de pataletas.
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Probablemente una de las cosas que más le cuesta entender al ciudadano común son los procedimientos judiciales y administrativos, que son vistos –a veces con razón, hay que reconocerlo- como simple burocracia.  Pero detrás de esa máscara de formalidades está el valor incalculable de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Por eso no hay movimiento revolucionario que no propugne terminar con la justicia, o sea con los procedimientos a través de los cuales se aplica la ley a personas concretas de carne y hueso.  Así, por ejemplo, uno de los primeros pasos de todo régimen comunista fue terminar con la justicia “burguesa” y reemplazarla por los tribunales populares.

El problema es que “tribunal popular” es una expresión que lleva la contradicción en si misma, porque impartir verdadera justicia significa aplicar de manera racional y transparente la sapiencia del jurista, a casos concretos.  Por esto es que, también, la ritualidad de los procesos busca evitar la arbitrariedad, porque la seguridad jurídica implica conocer de antemano no sólo la ley de fondo, sino la manera en que esta se aplica.

Es verdad que la existencia de reglas y procedimientos tan especializados que se convierten en una disciplina por si misma, conlleva la posibilidad de que haya personas que utilizan el procedimiento para eludir la aplicación de la ley sustancial.  El caso típico es el de la persona que sin duda alguna ha cometido un delito, pero por un error en los órganos encargados de la investigación o de la persecución penal, se libera de la acción de la justicia, generándose una sensación de impunidad.  O, también, cuando personas que tienen acceso a abogados especialmente calificados dentro del medio, pueden defenderse en mejores condiciones que el ciudadano promedio.

Pero contrariamente a lo que se piensa los procedimientos favorecen al débil y no al poderoso.  La razón es muy simple, lo que uno debe comparar no es la capacidad del poderoso de “usar” mejor los procedimientos respecto de la persona común y corriente, sino la capacidad que tendría de tener un trato especial y diferente de las personas comunes si no existieran los procedimientos.

Esta es la razón por la que los Estados democráticos de Derecho, son un avance enorme respecto de las etapas anteriores en que el poderoso estaba formalmente fuera de la jurisdicción que se aplicaba al ciudadano común.

Todo esto que es tan simple y evidente lo hemos olvidado progresivamente en Chile en los  últimos años.  Se ha instalado entre nosotros la ley absoluta de “lo impresentable”.  Basta que un comentarista en un medio de comunicación califique algo como “impresentable” para que el asunto quede zanjado y cualquier institución que resuelva algo diferente sea inmediatamente descalificada.

Así hemos visto sólo en las últimas semanas una lista notable de “impresentables”. Veamos: es impresentable que se haya nombrado a Monseñor Juan Barros Obispo de Osorno; que el Tribunal Constitucional haya acogido a tramitación una inaplicabilidad; que el Servicio de Impuestos Internos no haya hecho lo que la Fiscalía le ha solicitado que haga en la forma y oportunidad requerida; que a la Senadora Van Rysselberghe le haya correspondido asumir la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Si hay católicos de la Diócesis de Osorno que están de desacuerdo con la designación de Monseñor Barros como Pastor de esa grey y tienen antecedentes que sostienen ese desacuerdo, existe en la Iglesia, Su Iglesia, los procedimientos para hacer valer ese punto de vista.

Pero me resulta inconcebible que haya católicos que prescindan de los procedimientos de la Iglesia y transformen esta designación en una razón para descalificar a su jerarquía por los medios de comunicación.  Me parece que, por definición, no son católicos las personas que irrumpieron en la Catedral de Osorno, en un acto litúrgico, para hacerle una verdadera “funa” al Obispo.  Entonces, ¿a título de qué protesta alguien que no pertenece a una Iglesia de las designaciones que ésta hace en su propia organización?

Lo más notable es que si uno le expone este punto de vista a alguien, es probable que la respuesta sea algo así como: “pero es un error evidente el nombramiento, para que la Iglesia se expone a esto, era obvio que iba a pasar”.  O sea, hay que asumir como lógica imperante todo aquello que el sentido común considere “impresentable”. Igual razonamiento se podría aplicar a cualquiera de los ejemplos citados.

Es obvio que cuando se llega a este punto, la sociedad abolió los procedimientos y con él se acabó el debido proceso, la racionalidad y la justicia. Quiero ser preciso en la crítica, el problema no es que la gente opine, que lo hagan los comunicadores y analistas en los medios de comunicación, eso está muy bien.  Lo grave es que hemos llegado al punto que la mayoría de ellos parece creer que su opinión debe ser escuchada y obedecida.  Lo que la calle y la opinología considera “impresentable” se ha convertido en ley y se pretende imponer a fuerza de pataletas.

Es hora de intentar recuperar la racionalidad y con ella el apego a procedimientos, cuyos resultados se respetan; en caso contrario caminamos hacia el día en que las sociedades civilizadas, en que esta norma es regla indiscutida, nos van a mirar y van a decir que este volvió a ser otro país latinoamericano más. Precisamente del grupo de los impresentables.

FOTO:JORGE FUICA/AGENCIA UNO

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