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Publicado el 15 enero, 2021

Gonzalo Carrasco: Una Constitución laica y neutral

Abogado, Profesor de Derecho Universidad Mayor Gonzalo Carrasco

Un Estado que excluye la religión del ámbito público excede su modelo de aconfesionalidad, asumiendo una determinada posición: el ateísmo militante, vulnerando así a los creyentes, que son tan ciudadanos democráticos como los ateos.

 

Gonzalo Carrasco Abogado, Profesor de Derecho Universidad Mayor
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Las sociedades se construyen desde abajo, es decir, desde aquellas comunidades más elementales o primarias como la familia. Desde ahí, el hombre se intenta comprender a sí mismo ejercitando su voluntad e inteligencia, dándole una significancia determinada al mundo para entrar y vivir en él. Así se organiza la sociedad, suministrando sus características, enriqueciéndose, limitándose o en ocasiones, destruyéndose. Estas distintas representaciones de significancia se desarrollan de forma más sofisticada a través de los partidos políticos como órganos de representación ciudadana con ropaje jurídico.

En el ejercicio de esta ciudadanía, ni creyentes, agnósticos o ateos tienen una primacía sobre el otro. En este sentido, la política, la cultura y las estructuras sociales constituyen un espacio de diálogo mediante el cual es factible demostrar que una visión puede aportar más al ser humano que la otra, contando ambas posiciones con las mismas facultades jurídicas para lograr dicho objetivo, desde un inicio.

En consecuencia, aquellos que postulan que una eventual nueva Carta Fundamental debe ser eminentemente laicista, por ser una especie de presupuesto de lo común y universal distinto de una mera subjetividad religiosa, expresan meramente un artificio intelectual reflejo de una violencia política. En efecto, un texto constitucional no puede desconocer que el hombre es un ser abierto, con la posibilidad de ejercitar su libertad hacia cualquiera de las dos direcciones, desafiadas a demostrar cuál de ellas ofrece mejores frutos de humanidad.

Así, un gobierno no puede elevar la visión laicista a norma jurídica fundamental, porque aquello equivaldría a ejercer un poder dominante y coactivo que hace traición al diálogo, derivando en una dominación de conciencias que facilita la imposición de programas ideológicos totalitarios. En efecto, no debe establecer una disimetría sobre la comprensión de la vida humana religiosa o atea, para elevar esta última a un criterio de universalidad, ya que ello pervertiría el sentido de autoridad. Sobre este último punto, Jürgen Habermas ha insistido en que la disimetría en el tratamiento de las religiones a favor de la increencia es la forma más sutil de dictadura: el totalitarismo de las conciencias.

Lo anterior lleva a sostener algo que no es nuevo en la argumentación de ciertos sectores ideológicos: la fe es un aspecto privado que la persona es libre de incorporar a su vida, estando vedada de poder exigir ciertos criterios de comportamiento a la sociedad coherentes con su credo. En otras palabras, es la negación de la dimensión pública y social de la fe.

Sin embargo, la fe verdadera y coherente abarca de forma radical a la persona entera, lo orienta, lo forma, lo sostiene y lo despliega en cuerpo y alma en todos los ámbitos de su vida. En otras palabras, la fe impacta la voluntad, la inteligencia, el corazón y la memoria, aspectos todos que son iluminados por la gracia de Dios, dando nacimiento a un “hombre nuevo”.

Estas personas están implantadas en la sociedad, colaboran en las urgencias sociales, sanitarias y económicas del país y no pueden ser eliminados o neutralizados totalitariamente por un laicismo que erige su cosmovisión de vida como la única común y universal para todos. Un Estado que excluye la religión del ámbito público excede su modelo de aconfesionalidad, asumiendo una determinada posición: el ateísmo militante, vulnerando así a los creyentes, que son tan ciudadanos democráticos como los ateos.

En este sentido, Habermas ha puesto de relieve cómo el laicismo radical conlleva una carga más dura y exigente para los creyentes, convertidos en ciudadanos de segunda, impedidos de exhibir sus creencias en la vida pública. Por ello, la aconfesionalidad no solo implica la falta de una religión estatal oficial, sino que igualmente envuelve la prohibición de erigir el ateísmo o el agnosticismo en una confesión militante.

Es importante que en la discusión constituyente se pueda tener claridad sobre los límites de la aconfesionalidad, ya que ciertos sectores ideológicos tienden a vestir el ateísmo con ropaje de neutralidad, recaudando ventajas ilegitimas para sí, que pueden vulnerar el legítimo derecho de los creyentes para hacer pública su fe y sus posibilidades de influir en las decisiones estructurales que el país tome para su futuro.

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