Que Chile experimenta una crisis multidimensional no es algo que a estas alturas pueda parecer oculto. La recesión económica, la creciente inseguridad, la “Macrozona Sur” o el déficit de capacidad en distintos servicios y bienes públicos que deben ser entregados por el Estado dan cuenta de un horizonte crítico para el país que exigirá claridades para intentar salir en pie de este episodio.

La crisis migratoria es también un problema más dentro de la lista y su peor consecuencia, la criminalidad extranjera que ha arribado a Chile, una urgencia adicional. 

Se sabe que ya opera en territorio nacional el denominado Tren de Aragua, una de las cinco organizaciones criminales más grandes y peligrosas de Latinoamérica, lo que ha sido confirmado por el Ministerio Público, el Subsecretario del Interior y las múltiples investigaciones que ya se han desarrollado ante los crímenes que protagonizan. Junto a esta agrupación habría otras organizaciones con origen en Venezuela, Colombia e incluso México que lograron permear las fronteras y estarían ejerciendo el tráfico y la trata de personas, sicariato, extorsiones, narcotráfico, blanqueo de activos y la posesión de un importante poder de fuego. Su presencia es también transversal: así como en Tarapacá los homicidios más que duplican la tasa nacional y los fiscales poseen un 100% adicional de causas en contraste con sus pares del resto del país, se han desbaratado bandas de extranjeros incluso en Puerto Montt. 

Sería falaz argumentar cómo es que este problema es nuevo o de responsabilidad exclusiva de quienes hoy gobiernan, pero otra pregunta sí es posible: ¿Están realmente decididos a abordarlo? 

El aumento explosivo de los flujos migratorios hacia Chile exigió una actualización de la Ley de Migraciones, pero su tramitación estuvo marcada por los obstáculos que planteó el actual oficialismo. Si llegó a ser inaudito que senadores socialistas promovieran la posibilidad de realizar “turismo laboral” en Chile (ingresar a territorio nacional como turista y poder optar a un empleo con solo esa autorización), también lo fue que el Tribunal Constitucional haya cercenado la Ley a requerimiento de, entre otros, el propio Gabriel Boric (Causa 9930-20). 

Apenas asumido, el Presidente Boric dispuso el fin del estado de excepción constitucional en el norte y hoy Tarapacá es un hervidero de violencia, crímenes y tomas ilegales, perjudicando a chilenos vulnerables de comunas como Alto Hospicio o a los miembros de comunidades indígenas altiplánicas que habitan Colchane.

El compromiso ideológico de quienes gobiernan con una migración sin límites, ni control, reflejada en el eslogan “migrar es un derecho” (algo que ningún instrumento en Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce) los llevó a poblar las asesorías del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Interior y Seguridad Pública y del propio Servicio Nacional de Migraciones con funcionarios que el año anterior se desempeñaban litigando contra el Estado en representación de migrantes que eran objeto de una medida de expulsión, configurando una verdadera “puerta giratoria” entre lo público y lo privado en favor del Servicio Jesuita Migrante y otras corporaciones de esa naturaleza. También, a poco de asumir, modificaron mediante decreto las llamadas “categorías migratorias”, flexibilizando requisitos de ingreso al territorio nacional, perjudicando a aquellos que hacen las cosas bien y allanando el camino a quienes no cumplen a plenitud con todos los requisitos legalmente establecidos. No por casualidad desde abril se han ejecutado menos del 1% de expulsiones administrativas pendientes.

Por último, el combate a estas agrupaciones criminales exige herramientas legales que enfrenten decididamente el crimen organizado, pero al discutirse en el Congreso el proyecto de ley que busca perfeccionar el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, parlamentarios del actual oficialismo se avocaron más a promover indicaciones en favor de la legalización del cultivo de la marihuana antes que dotar de mejores herramientas a los órganos persecutores. 

Como en muchas materias -seguramente todas las de la lista de problemas que hoy aquejan al país- el Gobierno es un mar de contradicciones y debe enfrentarlas desdiciéndose de lo que promovieron cuando eran oposición. Y, como es común, el crimen organizado se aprovecha de estas vacilaciones: en una misma semana conocimos cómo el mismo Tren de Aragua trafica hasta 200 migrantes clandestinos en la frontera norte cada 7 días, cómo “invierte” cuantiosos recursos en motocicletas que son arrendadas a sus compatriotas y la detención de un ciudadano venezolano en posesión de granadas, un fusil de guerra y kilos de droga en la bodega de su departamento: ¿Logrará el Gobierno sacudirse del pasado y enfrentar decididamente el crimen transnacional?

*Sebastián Torrealba es ex diputado.

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