Cambió el gobierno, tal vez Chile tendrá una nueva constitución y también es visible la renovación generacional del poder político. Sin embargo, hay cosas que se mantienen, al menos desde el estallido de la revolución de octubre de 2019.

Por ejemplo, todavía hay muchos sectores ilusionados con el éxito del gobierno y los resultados de la Convención constituyente, aunque en este último caso han ido decayendo los apoyos, en gran medida por el excesivo ideologismo y creatividad de los convencionales. Por otra parte, también se han repetido las manifestaciones y destrucción de cada viernes en el centro de Santiago, que se suma a la dramática situación de la Araucanía, si bien hoy existe menos tolerancia o justificación al uso de la violencia. Finalmente, si bien se podrían mencionar muchos temas más, sigue habiendo incertidumbre en Chile, con sus consecuencias de deterioro económico y problemas sociales crecientes.

Sin embargo, también hay cosas que han cambiado, lo cual se nota especialmente en el seno de las izquierdas, del gobierno de Gabriel Boric, en el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es lógico: no es lo mismo estar en el gobierno que ser oposición, las responsabilidades son diferentes y las irresponsabilidades también, como ilustran algunas señales. La primera es de carácter político, y se refiere al respaldo que dio el Ejecutivo a Carabineros, precisamente en el marco de las protestas, las agresiones que han sufrido algunos de sus miembros e incluso del uso de las armas de servicio ante los ataques. El segundo es la posibilidad de un nuevo retiro del “10%” de los fondos de las AFP, que hoy la izquierda gobernante rechaza, cuando ayer en la oposición fue de sus principales impulsores, con argumentos serios o demagógicas y presentaciones jocosas o de mayor nivel. Es la dinámica de la política y del poder.

Quizá por algunas de estas declaraciones y definiciones ha surgido cierta decepción, e incluso indignación, en algunos grupos de izquierda o de la ultraizquierda. Para ellos aparece como inaceptable o ridículo respaldar a quienes hasta ayer “violaban los derechos humanos” y abusaban del pueblo, y no permitir retirar recursos para un pueblo que ha sufrido un régimen económico abusivo y cuyas condiciones materiales no han mejorado sustancialmente desde el “cuarto retiro”. La otra alternativa, podríamos pensar, es que era inaceptable cuando se promovieron los retiros o se acusaba a la bandada a Carabineros por parte de algunos dirigentes de la actual administración.

Como sea, este viernes 1 de abril nuevamente hubo manifestaciones en Plaza Italia, o de la Dignidad como le llaman los manifestantes y quienes gobiernan. Si bien hubo poca gente y menos destrucción, llamó la atención un rayado en la calle, ilustrativo de cierta emoción “de la calle”: “Gob: Amarillo Traidores Ql”. No es primera vez que el presidente Boric recibe estos calificativos o descalificaciones, “amarillo” o “traidor”, que suelen utilizarse a mansalva contra quienes se desvían. En la práctica, el entonces diputado recibió insultos y ataques personales o políticos cuando firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019. Y los seguirá recibiendo durante su gobierno, por la naturaleza del proyecto político que encabeza y por el momento revolucionario que vive Chile desde 2019.

Como suele ocurrir en este tipo de procesos –por ejemplo, fue uno de los problemas fundamentales del gobierno del presidente Salvador Allende y de la “vía chilena al socialismo”–, la marcha de la revolución siempre contempla la formación de al menos dos definiciones. La primera es una postura oficialista, que fija los ritmos y posiciones; mantiene los objetivos, pero adaptados a las realidades; hace llamados a la cordura y a entender cómo funcionan las cosas; incorpora a socialistas democráticos (ex Concertación) al gobierno incluso respeta las instituciones del sistema que busca cambiar, aunque a veces lo haga con ambigüedades o forzando las cosas, actuando “en la medida de lo posible”. Sus coordenadas, en buena medida, pasan por las instituciones y se produce un distanciamiento natural de las demandas de las movilizaciones y de los “movimientos sociales”, porque ya no coinciden las peticiones con las responsabilidades: educación gratuita, condonación de deudas, salario mínimo, aumento de recursos para tal o cual programa, ya no pasan por las asambleas o la calle, sino por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. Sin duda se trata de una realidad compleja, contra la que suelen chocar las ideologías.

La segunda postura es, precisamente, más ideológica. En términos generales se encuentra fuera de jerarquía del Poder Ejecutivo, y en ella coexisten miembros de los partidos gobernantes con otras personas independientes, militantes de distintas colectividades de la abigarrada izquierda nacional, “la calle” y rebeldes de distintas causas. A ellos todas las velocidades oficiales les parecen lentas, cualquier acuerdo significa una abdicación inaceptable, en tanto califican de traidores o amarillos a quienes aceptan retrocesos o no avanzan como corresponde. Adicionalmente, son favorables a las vías de hecho, a calentar la calle, a promover las tomas de terrenos, rodear los órganos políticos y hacerle ver a los adversarios –enemigos de clase– la pérdida de poder que experimentan.

Durante la Unidad Popular, el primer grupo era descalificado por el MIR como reformista, en tanto los jóvenes de la izquierda revolucionaria se autodefinían como verdaderos revolucionarios, acompañados por sectores relevantes del Partido Socialista y del MAPU, entre otros. En el sector oficialista se encontraban Allende y el Partido Comunista. Hoy la situación es mucho más compleja, porque se desarrolla un proceso constituyente profundamente transformador y porque los actores sociales son más plurales y complejos. Por otra parte, el modelo de revolución también lo es, y si bien tiene muchos pasos avanzados, todavía se encuentra a medio camino y con final abierto. 

A pesar de todo lo anterior, me parece que no hay que engañarse en un tema: reformistas y revolucionarios, si seguimos esa denominación –o bien oficialistas y movilizados, el gobierno y la calle, gradualistas y rupturistas– comparten sueños y objetivos, van al mismo lugar de destino, con matices y diferencias, pero dentro de un esquema común de acción política. Mirado desde hoy, todos ellos quieren terminar, cuanto antes mejor, con el “orden neoliberal”, la “Constitución de Pinochet”, el “Estado subsidiario, con los treinta años, las AFP, la derecha y la Concertación y todas esas consignas que utilizan con tanta reiteración y convicción. El adversario es el pegamento que une a los amarillos y los rojos, a la calle con La Moneda, es la segunda vuelta de Gabriel Boric y la lucha de décadas por la revolución o, al menos, por las transformaciones estructurales o el cambio radical en Chile.

Las diferencias seguirán existiendo y se volverán a oír y leer consignas contra el gobierno “traidor” o “amarillo”. No hay claridad en todos –aunque quizá en otro escenario todos quisieran ese botín– sobre la necesidad de expropiar fondos de pensiones o las dinámicas que tomarán la organización de la educación o la salud. Por eso la madre de todas las batallas será el resultado del trabajo de la Convención constituyente y de la eventual nueva carta fundamental. Como han señalado distintas autoridades, ahí se juega no solo el cambio radical del orden institucional chileno para las próximas décadas, sino también se ha convertido en una condición de posibilidad del éxito del gobierno, una confluencia de posturas y de poder para todas las izquierdas y un paso decisivo para el curso de la revolución en marcha.

*Alejandro San Francisco es académico Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. Director de Formación Instituto Res Publica.

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