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Publicado el 03 de octubre, 2015

Glosa presupuestaria o cómo hacer cambios estructurales en 60 días

Claramente, quienes diseñaron este mecanismo de financiamiento consideran que las preferencias de los individuos son menos importantes que las del Estado.
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Por fin se presentó el presupuesto y podemos constatar cómo se va concretando lo que desde hace ya un tiempo el gobierno anunció: a través de una glosa presupuestaria se sientan las bases de la transformación estructural del sistema de financiamiento de la educación superior reemplazando, bajo la consigna de la gratuidad universal, el rol que han de jugar los estudiantes por el que comenzará a jugar el Estado. Lo anterior es grave y no puede pasar inadvertido ni diluirse en medio del debate semántico sobre si la glosa de gratuidad se parece más o menos a una beca.

Lo cierto es que el presupuesto para el 2016 destinado a las becas disminuye en un 53% y es reemplazado por una asignación directa a un grupo determinado de instituciones que son del gusto de las autoridades, para que reciban a parte de sus estudiantes en forma gratuita. Mientras tanto, los jóvenes de igual condición socioeconómica que eligieron otras universidades, institutos profesionales y centros de formación, que cumplen con todos los requisitos que la ley exige y están acreditadas, no pueden acceder a dichos fondos porque las instituciones por las cuales optaron no son, aparentemente, del agrado de las mismas autoridades. Claramente, quienes diseñaron este mecanismo de financiamiento consideran que las preferencias de los individuos son menos importantes que las del Estado.

Se ha llamado a este cambio en la forma de asignar recursos como un «nuevo paradigma», el que se pretende llevar adelante evitando el debate parlamentario que una política de esa envergadura requiere. En efecto, el instrumento jurídico escogido para dar inicio a tan importante cambio es, como ya se ha dicho, la ley de presupuestos de la Nación cuya finalidad es establecer los ingresos y gastos del Estado para un año determinado y cuya tramitación está restringida por mandato constitucional a sólo 60 días. Es evidente que una reforma de esa naturaleza exige una discusión seria, responsable, profunda y especializada, que permita dar con los mejores instrumentos y anticipar los efectos negativos que pueda producir, para obviamente evitarlos. Es también evidente que la tramitación presupuestaria no cumple con ese propósito en este caso, ya que margina a expertos y a otros directamente interesados de la participación legislativa, y obliga a pronunciarse sobre reformas estructurales en medio de una discusión cuyo alcance es estrictamente financiero.

Se ha dicho que en diciembre de este año se presentará el proyecto de ley que aborde en forma íntegra la anunciada reforma a la educación superior, de modo tal que la anhelada discusión se produzca. Se reconoce así la necesidad de abordar el asunto de una manera distinta, pero se insiste de todas formas en dar inicio a la política mediante un instrumento equivocado.

El atajo que se propone está lejos de llevarnos a buen puerto y, por el contrario, nos aleja no sólo de una mejor forma de diseñar políticas públicas, sino también de un elemento esencial de toda democracia y que dice relación con la adecuada formación de las leyes. La Constitución garantiza que ciertas materias deben tratarse necesariamente a través de una ley y que, para que sean obligatorias, deben pasar por un proceso de discusión en el Congreso expresamente normado y que da seguridad a los ciudadanos. El gobierno ha dado un primer paso para la gratuidad universal que desconoce dicho proceso, obligando a los chilenos a tomar palco mientras vemos cómo la libertad de escoger de los individuos, la diversidad de proyectos educativos y la autonomía de las instituciones están en juego.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar.

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO

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