La Convención Constitucional ha aprobado, dentro del capítulo de Sistemas de Justicia, la norma que consagra el denominado “pluralismo jurídico”. Dicha norma dispone que el sistema jurídico de los pueblos indígenas “coexiste y opera en un plano de igualdad con el sistema de justicia chileno”, ordenando al legislador regular los “mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”. 

Sin embargo, es de suma importancia que los chilenos sepan que en la legislación actual el pluralismo jurídico ya se encuentra vigente y es posible advertir algunas de sus consecuencias. En octubre de 2008 se promulgó el Convenio 169 de la OIT, siendo incorporado al ordenamiento jurídico nacional/chileno; de hecho, se le ha otorgado una jerarquía normativa mayor a la legislación nacional. Este Convenio, en sus Artículos 8°- 10°, consagra un estatuto jurídico procesal de privilegio para una persona indígena, en virtud del cual se debe tener en consideración la costumbre y derecho indígena al aplicar la ley nacional, al pronunciarse sobre “cuestiones penales”, al aplicar una sanción penal respetando los métodos que tienen los pueblos para sancionar los delitos, y dar preferencia a otras sanciones penales distintas de la privación de libertad.

Una de las manifestaciones concretas de este pluralismo jurídico que defiende la Convención Constitucional y que quedaría plasmada en una eventual nueva Constitución se ha dado en materias de violencia intrafamiliar. Han habido diversas sentencias en la que los Tribunales (precisamente de la región de la Araucanía) dan curso a acuerdos reparatorios en casos de violencia intrafamiliar, aplicando el Convenio 169 y contraviniendo lo dispuesto expresamente en el Art. 19° de la ley 20.066 (Ley VIF) que prohíbe su procedencia. Privilegiando la “costumbre” o “derecho consuetudinario” indígena, se ha estimado que las disculpas y el compromiso de no reincidir en la violencia bastan para “sancionar” la violencia contra la mujer mapuche. Y así, por vía de Convenio 169 se ha gestado una justicia patriarcal que deja en indefensión a la mujer violentada y garantiza la impunidad del agresor. Demás está decir que el Convenio 169 se aplica sólo para personas indígenas, y, por lo tanto, ante el mismo delito, un chileno deberá pagar con cárcel y no con disculpas. 

El pluralismo jurídico ha impuesto privilegios que han garantizado impunidad y han generado desprotección hacia la mujer indígena víctima de violencia, quien tendría menos protección jurídica respecto de una mujer “chilena”. De esta forma, el pluralismo jurídico ha generado un sistema judicial patriarcal que ha beneficiado a hombres indígenas maltratadores, ha dejado en desprotección a la mujer indígena víctima de violencia y consagra la primacía racial como justificación para la desigualdad ante la ley. 

*Gloria Naveillán es diputada electa por el Distrito 22.

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